
Desde hace un tiempo atrás he denunciado sobre lo que parece ser una de nuestras especialidades, poner en entredicho a nuestra democracia a partir de un casi nulo Estado de derecho, nos hemos esforzado en destrozar el tejido social y a las instituciones democráticas; estamos extraviados y hemos perdido totalmente el contenido democrático desmantelando las organizaciones, normas y estructuras del Estado. Ya no reconocemos el ejercicio del poder social y político de la participación ciudadana y sobretodo de la ley, se ha desamparado a la sociedad. Es la herencia de un sistema que descompuso ese tejido social y sus entidades a lo largo de los anteriores 20 años, y que éste gobierno, al cumplir su primer “añito” no ha recuperado ni un metro cuadrado, al contrario, todo luce peor.
El ranking 2026 elaborado por el prestigioso World Justice Project entregado en octubre demuestran que desde 2015 a la fecha, el país ha registrado retrocesos, estancamientos y mejoras mínimas que no le han permitido dejar la cola de la lista. Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho, el 29 de 32 en la región, y aunque este año avanzó un puesto, sigue a la cola en justicia, transparencia, límites al poder gubernamental y derechos fundamentales.
Bolivia es la peor situada en justicia penal, justicia civil y corrupción:
En justicia penal, el país ocupa el puesto 141 de 143 en el mundo y el 31 de 32 en la región; es decir, tiene el segundo peor sistema penal del planeta debido a fallas de investigación e ineficiencia procesal.
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En justicia civil, el país se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 30 de 32 en la región.
En transparencia o ausencia de corrupción, Bolivia se ubica en el puesto 140 de 143 en el mundo y en el 31 de 32 en la región debido a altos niveles de percepción de impunidad e injerencia política. Por sectores se ubican de esta manera:
- Si los funcionarios del poder ejecutivo no utilizan su cargo público para beneficio privado se ubica 129 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región
- Si los funcionarios del poder judicial no utilizan su cargo público para beneficio privado se ubica 140 de 143 en el mundo y 31 de 32 en la región.
- Si los funcionarios gubernamentales de la policía y las fuerzas armadas no utilizan su cargo público para beneficio privado se ubica 132 de 143 en el mundo y 30 de 32 en la región.
- Si los funcionarios gubernamentales del poder legislativo no utilizan su cargo público para beneficio privado se ubica 116 de 143 en el mundo y 19 de 32 en la región.
En límites a los poderes gubernamentales se ubica 140 de 143 en el mundo y 31 de 32 en la región desglosados de la siguiente forma:
- Si los poderes del gobierno están efectivamente limitados por el poder legislativo se ubica 126 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región.
- Si los poderes del gobierno están efectivamente limitados por el poder judicial se ubica 133 de 143 en el mundo y 31 de 32 en la región.
- Si los poderes del gobierno están efectivamente limitados por la auditoría y revisión independientes se ubica 132 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región.
- Si los funcionarios gubernamentales son sancionados por mala conducta se ubica 95 de 143 en el mundo y 28 de 32 en la región
- Si la transición de poder está sujeta a la ley se ubica 107 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región.
En gobierno abierto el país tiene su mejor posición: 87 de 143 a nivel global y 23 de 32 en la región con estos detalles:
- Leyes publicadas y datos gubernamentales se ubica 129 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región.
- Derecho a la información se ubica 140 de 143 en el mundo y 31 de 32 en la región.
- Mecanismos de reclamación se ubica 116 de 143 en el mundo y 19 de 32 en la región.
¿Cuál nuestra ubicación en el resto de los factores que componen el Índice Mundial de Estado de Derecho?
En derechos fundamentales se ubica 117 de 143 en el mundo y 25 de 32 en la región,
En orden y seguridad se ubica 122 de 143 en el mundo y 28 de 32 en la región,
En aplicación de la normativa se ubica 131 de 143 en el mundo y 29 de 32 en la región.
Este 2026, Bolivia está solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, países cuestionados por la violación a derechos fundamentales por la comunidad mundial
Esa es la penosa y peligrosa situación de Bolivia, no hay como disimular esta erosión que tiene a la institucionalidad democrática en su punto más débil, de alguna manera la búsqueda del ejercicio total del poder ha ocasionado la ruptura entre la sociedad y el marco institucional que debe defenderla. La aprensión de ex Fiscal General y la huida del presidente del Tribunal Supremo de Justicia son la muestra de los síntomas sobre la salud de las instituciones del Estado. La justicia se convirtió en una herramienta política para instrumentalizar la justicia y desplegar una persecución penal con fines políticos para anular adversarios. Pero no se limita solo a los administradores de justicia, está, por un lado, todo el Órgano Judicial, la legislación en materia judicial; y por el otro, los abogados y los órganos coadyuvantes como es el Ministerio Público y la Policía. Entonces, todo el sistema está podrido.
El diagnóstico sobre la salud del Estado es muy grave, porque ya es una cuestión integral, muy profunda y por, sobre todo, estructural. Los 20 años de un régimen tan corrupto, tan extremadamente ilegal y tan comprometido con el narcotráfico, hacen muy difícil restructurar el país, además, la gestión del actual Gobierno no tiene determinación, decisión y definición, parece improvisada y errática en casi todas las áreas, especialmente en materia de política exterior. Cómo pedir inversión extranjera sin ofrecer un marco constitucional atractivo. Cómo traer el mundo a Bolivia si la seguridad jurídica en el país es una porquería.
Mgr. Fernando Berríos Ayala/Politólogo