La presunción de inocencia es una garantía fundamental, pero no puede convertirse en un argumento para debilitar el derecho a denunciar. Esa es la contradicción que atraviesa el Proyecto de Ley 073, actualmente en tratamiento en la Cámara de Senadores, que busca sancionar las denuncias falsas y modificar el Código Penal. Aunque sus impulsores plantean frenar los abusos judiciales y proteger a quienes enfrentan acusaciones infundadas, la pregunta es inevitable: ¿se está corrigiendo una falla del sistema o creando un nuevo riesgo para quienes acuden a la justicia?
El análisis de la Oficina Jurídica de la Mujer identifica diez errores de técnica legislativa y lógica penal. Uno de los principales es que el artículo 166 del Código Penal ya sanciona la denuncia calumniosa, sin que el proyecto demuestre qué vacío legal pretende resolver. A esto se suma una confusión peligrosa: una denuncia que no logra probarse no necesariamente es falsa. Sin embargo, la propuesta abre la posibilidad de procesos paralelos y establece penas de cuatro a seis años por denunciar violencia familiar, incluso superiores a las previstas para el delito original. El efecto puede alcanzar también a las abogadas y psicólogas que acompañan a las víctimas.
Las cifras oficiales ponen en perspectiva la dimensión del problema, según la Fiscalía General del Estado, durante 2024 se registraron 159.465 causas penales, de las cuales apenas 214 correspondieron a denuncias falsas: el 0,13%. La mayoría estaba relacionada con disputas patrimoniales y no con violencia intrafamiliar. Pese a ello, el proyecto plantea una respuesta que podría tener consecuencias sobre miles de personas que necesitan acudir al sistema judicial. No es casual que al menos seis instancias técnicas del Estado hayan recomendado modificaciones sustanciales, advirtiendo sobre el riesgo de utilizar las contradenuncias como mecanismo de presión para que las víctimas abandonen sus procesos.
La experiencia de Chile muestra que sancionar las acusaciones calumniosas no exige abrir la puerta a procesos simultáneos. Allí, el procesamiento por este delito requiere una sentencia ejecutoriada previa que declare expresamente la falsedad del hecho denunciado. La diferencia es fundamental: primero se investiga y resuelve la denuncia original; después, si corresponde, se establece si existió una acusación maliciosa. Así se evita que el temor a una contradenuncia condicione el acceso a la justicia.
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Pero hay una contradicción todavía mayor, se pretende corregir los abusos del sistema penal sin enfrentar las causas que los producen. En Bolivia, el uso excesivo de la detención preventiva, las investigaciones deficientes y la retardación de justicia alimentan una crisis penitenciaria con niveles de hacinamiento superiores al 200%. La prioridad debería ser garantizar que esta medida sea excepcional, fortalecer la investigación científica de la Fiscalía y aplicar mecanismos alternativos cuando corresponda, creo que de poco sirve endurecer las penas si el sistema sigue fallando al investigar y administrar justicia.
El Senado tiene ante sí una responsabilidad que va más allá de aprobar o rechazar un proyecto: evitar que la protección de un derecho termine debilitando otro. De lo contrario, el remedio legislativo puede terminar agravando la enfermedad judicial que dice combatir.
Lic. Miroslava Fernandez Guevara
Periodista y politóloga
