Morales ordenó renovación del TSE sin contar con ese mandato. Horas después, dejó la Presidencia y viajó desde el Chapare a México, donde se asiló.
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El primer antecedente fue el referéndum del 21 de febrero de 2016. El 51,3% rechazó reformar la Constitución para habilitar otra postulación de Morales. Pero en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) permitió la reelección indefinida al invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 20 de octubre de 2019, Morales buscó otro mandato frente a Carlos Mesa. La interrupción de la transmisión de resultados preliminares y su posterior proclamación como vencedor en primera vuelta desataron denuncias de fraude. Desde el 21 de octubre se extendieron paros y cabildos. La oposición exigió primero una segunda vuelta y después nuevos comicios y la renuncia presidencial.
La tensión se agravó en noviembre. Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comite pro Santa Cruz, exigió la salida de Morales. El 8 de noviembre comenzó en Cochabamba un motín policial que se propagó a otras ciudades. Hubo muertos y ataques a inmuebles públicos y viviendas.
El domingo decisivo
La mañana del 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió hallazgos preliminares de su auditoría: identificó graves irregularidades y recomendó repetir la elección con nuevas autoridades electorales. Desde El Alto, Morales anunció que convocaría otros comicios.
“He decidido, primero, renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó. Añadió que la Asamblea Legislativa establecería los procedimientos. Se adelantó así a una atribución que no le correspondía ejercer unilateralmente. El artículo 206 de la Constitución encarga al Legislativo elegir a seis de los siete vocales; el presidente designa solo a uno. No llegó a formalizar la destitución.
El anuncio no detuvo las movilizaciones. La Central Obrera Boliviana pidió la renuncia de Morales y, por la tarde, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también la “sugirió”. Hacia las 16:51, desde Chimoré, Morales anunció su dimisión y denunció un “golpe cívico-policial”. Álvaro García Linera también renunció. El 11 de noviembre ambos salieron del país con asilo de México.
Las renuncias de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y Víctor Borda, titular de Diputados, profundizaron el vacío político. El 12 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió la jefatura del Estado en medio del caos provocado por la retahila de renuncias.
En el libro La crisis constitucional boliviana de 2019, tres investigadores de la Universidad Católica Boliviana —Tatiana Fernández, Bernardo Pacheco y Gonzalo Gálvez— sostienen que el TCP se extralimitó al habilitar la reelección y que el asilo de Morales configuró una ausencia definitiva que dio paso a la sucesión. El presidente de la Conferencia Episcopal, Aurelio Pessoa, ratificó que, a juicio de la Iglesia, no hubo golpe de Estado.
