Los expertos adavierten que cualquier urbanización dentro del polígono destruye la defensa natural que protege a Santa Cruz
[Unitel] / Cordón ecológico colindantte con la zona de Equipetrol
El representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Luis Alberto Castro, señaló que la problemática del Cordón Ecológico no es nueva y radica principalmente en la falta de una definición legal clara sobre el tipo de propiedad en los lechos que colindan con el río y su construcción sobre el polígono establecido.
Castro explicó que existe un concepto técnico‑jurídico conocido como línea de ribera, que se define a partir de los caudales máximos normales, es una información que maneja el Searpi. Esta línea permitiría establecer hasta dónde pueden llegar las propiedades y cuál es el espacio que debe conservarse para garantizar el “derecho de vida del río”.
Esos datos determinan hasta dónde pueden llegar las propiedades y hasta donde se determina el límite máximo del cauce del río.
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“Tenemos un dique de protección y un área de inundación que es pública. Lamentablemente no se ha tenido la capacidad de definir el estatus jurídico de esas propiedades”, afirmó.
Advirtió que muchas personas reclaman derechos propietarios sobre zonas que pueden sufrir alteraciones, porque los cauces de los ríos de llanura cambian constantemente.
El sistema de defensa de la ciudad contempla precisamente una llanura de inundación, pensada para recibir el agua cuando se presentan caudales extraordinarios.
Anteriormente la SIB calificó de inviables e irresponsables los intentos de edificar dentro del cordón ecológico. Desde la ingeniería civil, advierte que cualquier urbanización en ese polígono destruye defensas naturales y expone a Santa Cruz de la Sierra a inundaciones similares a la histórica riada de 1983
Según datos de la SIB ya se han realizado delimitaciones técnicas y satelitales mediante coordenadas SIG para identificar predios y proyectos de urbanización ilegal dentro de esta área protegida.
Varios peritajes trazaron polígonos específicos, entre ellos un proyecto inmobiliario de 11 hectáreas que se superpone de forma ilegal sobre la zona de protección ambiental.
