Existen periodos presidenciales que se evalúan legítimamente por el inventario material de sus obras públicas, por la inauguración de carreteras o por la cifra estéril de metros cuadrados construidos; y existen otros que se juzgan de manera implacable por el temple político, la consistencia ética y la pericia institucional de quien conduce el timón del Estado. El primer año de mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira pertenece, sin lugar a dudas, a esta segunda categoría. Tras dos décadas de hegemonía ininterrumpida del Movimiento Al Socialismo (MAS), su ascenso al poder no inauguró una tregua social ni una temporada de condescendencia ciudadana, sino una confrontación directa, solitaria y de pronóstico reservado contra un aparato estatal fiscalmente exhausto, institucionalmente degradado y socialmente fragmentado.
Analizar este ciclo inaugural exige abandonar tanto la complacencia partidaria de los recién llegados como el escepticismo estéril de quienes apostaron por el colapso anticipado. Un balance republicano y maduro no se construye en el maniqueísmo cómodo de los extremos ni en la apatía del relativismo, sino trazando con rigor técnico la línea divisoria entre los equilibrios tácticos que impidieron el desmoronamiento inmediato del país y las graves fracturas estructurales que continúan comprometiendo, de manera alarmante, la viabilidad futura de la nación.
I. La estabilización precaria: administración de la escasez sin horizonte de riqueza
El primer mérito, y quizás el único de carácter estrictamente operativo que debe reconocerse sin mezquindades al Ejecutivo, es haber evitado el abismo. La administración Paz recibió un Estado agonizante en lo macroeconómico: reservas internacionales netas prácticamente agotadas, un déficit fiscal crónico e insostenible, distorsiones cambiarias asfixiantes en el mercado paralelo y un subsidio a los hidrocarburos que drenaba obscenamente las cuentas públicas, amenazando el abastecimiento básico de combustible y alimentos.
La adopción de medidas de sinceramiento —como el retiro gradual y focalizado de subvenciones, la flexibilización controlada del tipo de cambio y el restablecimiento de canales de crédito con organismos multilaterales de financiamiento— conjuró con éxito una hiperinflación que respiraba en la nuca de los bolivianos y garantizó una gobernabilidad operativa mínima. Hay que decirlo con honestidad intelectual: no estabilizar también tenía un costo social devastador. La alternativa no era la prosperidad, era el desabastecimiento generalizado, la pulverización del salario y el caos monetario. En ese sentido, el gobierno eligió el mal menor, y lo hizo a tiempo.
Sin embargo, en economía política, estabilizar no equivale a transformar. La factura implacable de este ajuste técnico recayó de golpe en la economía cotidiana del ciudadano de a pie. El incremento escalonado en los costos del transporte público, de los insumos agrícolas y de los alimentos de la canasta familiar mermó drásticamente el poder adquisitivo de las familias. Simultáneamente, el aparato productivo continúa asfixiado por una severa escasez de liquidez en dólares y por un régimen tributario extorsivo y discrecional que castiga con saña al sector formal, mientras la informalidad impera sin controles.
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Hasta ahora, el gobierno ha demostrado habilidad para administrar la escasez y negociar préstamos de contingencia internacional, pero ha carecido por completo de un programa coherente de desregulación económica que dinamice la inversión privada y formalice el empleo. Sostener las cuentas fiscales a costa de apagar los motores del crecimiento real no constituye un plan de desarrollo económico; es, en el mejor de los casos, una tregua sumamente costosa.
II. El nudo parlamentario y la crisis de la bicefalia del poder
El principal error analítico al juzgar este primer año radica en evaluar al Órgano Ejecutivo como un actor omnímodo, ignorando el bloqueo sistemático en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al carecer de una mayoría parlamentaria propia y orgánica, las iniciativas legislativas del oficialismo —desde leyes orientadas a la atracción de capitales hasta contratos de financiamiento externo imprescindibles— han naufragado repetidamente en un parlamento profundamente fragmentado, dominado por el cálculo corporativo y la obstrucción política. Gobernar mediante decretos supremos de excepción ha servido como un parche de emergencia para capear el temporal, pero resulta una herramienta precaria, frágil e impugnable que jamás podrá reemplazar a la ley formal.
A este cerco legislativo externo se sumó una crisis inédita y corrosiva en la cúspide misma del poder: la fractura pública e irreparable entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara. Esta bicefalia tóxica del Ejecutivo ha inutilizado por completo la coordinación constitucional entre la administración central y la presidencia nata del Congreso, transformando lo que institucionalmente debió ser el principal canal de articulación política en un escenario de acusaciones cruzadas, denuncias públicas de sabotaje institucional y amagos prematuros de juicios de responsabilidades. La debilidad estructural del gobierno no deriva únicamente de las presiones de la oposición política tradicional, sino de la implosión interna de su propia fórmula de mando.
III. El colapso del sistema penal: interinatos y simulación procesal
En el ámbito jurisdiccional, la decepción de este periodo ha sido categórica. La recurrente promesa de campaña sobre la independencia judicial ha quedado reducida a un eslogan sin correlato en los estrados de justicia. El Órgano Judicial y el Ministerio Público no experimentaron una despolitización técnica; simplemente adaptaron su pragmatismo táctico a la nueva correlación de fuerzas políticas, perpetuando un modelo penal selectivo que instrumentaliza la persecución de adversarios y garantiza una impunidad escandalosa según el peso y la billetera del litigante.
La patología del sistema no es una abstracción jurídica: responde a distorsiones procesales concretas y deliberadas. La provisionalidad de los jueces —donde más de la mitad del cuerpo jurisdiccional carece de carrera judicial y permanece bajo la amenaza constante de destitución discrecional por parte del Consejo de la Magistratura— anula en su origen la garantía constitucional del juez natural e imparcial. Asimismo, la detención preventiva continúa aplicándose sistemáticamente como una pena anticipada y una regla general, vulnerando el debido proceso y saturando las cárceles con ciudadanos sin sentencia ejecutoriada. Al eludir una reestructuración de fondo del régimen de designaciones y limitarse a administrar inercialmente los tribunales heredados, el gobierno renunció a sentar las bases indispensables del Estado de derecho.
IV. La extorsión del asfalto y la demolición de la seguridad jurídica
La soberanía territorial y económica del Estado boliviano ha sufrido su desgaste más visible en las carreteras. El derecho a la protesta social, garantía indiscutible de toda sociedad democrática avanzada, ha sido profundamente desnaturalizado hasta operar como un método de extorsión corporativa y sabotaje logístico permanente. Bloqueos viales prolongados que aíslan departamentos enteros, quiebran cadenas productivas, encarecen artificialmente los alimentos y paralizan las exportaciones han sido tolerados con excesiva pasividad bajo el pretexto de evitar escenarios mayores de confrontación.
Esta debilidad estatal erosiona letalmente la seguridad jurídica. Y aquí conviene precisar algo esencial: la seguridad jurídica no es un dogma abstracto para grandes corporaciones extractivas. Es la garantía elemental y cotidiana que permite al productor agropecuario, al transportista mediano, al industrial y al comerciante planificar su actividad económica sin el temor constante al despojo o a la quiebra inducida.
Ningún inversionista nacional o foráneo, por mayor apetito de riesgo que posea, arriesgará su capital en una jurisdicción donde el libre tránsito de mercancías depende enteramente de la voluntad de dirigentes sectoriales y donde el cumplimiento de los contratos queda subordinado a la presión de facto en las calles. Al vacilar en la defensa del libre tránsito, el Estado abdicó del monopolio del orden público.
V. Descomposición ética y tutela foránea: el peso de las visas y los asesores
La promesa moral de regeneración frente a los vicios del régimen anterior naufragó tempranamente en las viejas prácticas del clientelismo y el tráfico de influencias. A este desgaste interno se sumó un factor geopolítico determinante que desnudó la extrema fragilidad de nuestra soberanía estatal: la gravitante influencia extranjera sin la cual el viraje político del país no se habría consolidado.
Esta injerencia se manifestó en dos planos decisivos. Por un lado, la incidencia directa de operadores políticos y consultores foráneos en las decisiones estratégicas de la administración central. Por el otro, la tutela geopolítica de Washington, cuyo respaldo diplomático y financiero vino condicionado a un alineamiento estricto.
En ese tablero, las visas estadounidenses dejaron de ser un simple trámite consular para operar como un mecanismo de presión directa. No se trata de afirmar, sin matices, que cada purga institucional fue dictada desde una embajada, ni de negar la legitimidad de la cooperación internacional. Se trata de señalar algo más grave y más verificable: cuando la disciplina interna de jueces, fiscales y mandos policiales depende de la advertencia externa, de la restricción de visados o del temor a quedar fuera del circuito financiero internacional, la soberanía se vuelve delegada.
Un gobierno que requiere advertencias foráneas para disciplinar sus tribunales no ejerce un poder plenamente autónomo, sino un mandato tutelado desde el exterior. La cooperación se convierte entonces en tutela cuando el Estado renuncia a hacer por vía soberana lo que solo se atreve a hacer bajo presión.
VI. El cuello de botella estructural y las condiciones para el segundo año
Intentar modernizar Bolivia manteniendo el corsé estatista e hiperpresidencialista de la Constitución de 2009 —sumado al fracaso rotundo de las elecciones judiciales por voto popular— es pretender construir certidumbre económica sobre arena movediza. El país urge de un pacto legislativo de emergencia y de reformas estructurales profundas:
- Una nueva Ley de Inversiones que garantice estabilidad tributaria y devuelva al país al arbitraje internacional (CIADI).
- La despolitización total del sistema judicial mediante un Consejo de la Magistratura meritocrático y el fin de la elección popular de magistrados.
- El restablecimiento inflexible del principio de autoridad en las carreteras, persiguiendo penalmente el sabotaje económico y la extorsión sectorial.
Pero aquí está la trampa que el propio primer año dejó al descubierto: ninguna de estas tres reformas es viable sin el pacto legislativo que hoy no existe. Sin mayoría parlamentaria, sin una vicepresidencia que articule el Congreso y sin una coalición mínima de gobernabilidad, la hoja de ruta se convierte en desiderátum.
El primer año demostró que evitar el colapso financiero fue una proeza de resistencia política. No obstante, gobernar no es un ejercicio de supervivencia pasiva. Si el segundo año no desarma los privilegios de los bloqueadores, no devuelve la certeza a los juzgados y no le da certidumbre jurídica al inversor privado, los claroscuros del inicio terminarán absorbidos por las sombras de una oportunidad republicana irremediablemente perdida.
