El exasesor de Romer Saucedo es investigado por presuntos hechos relacionados con narcotráfico y asociación delictuosa. Su defensa pide que se respeten las garantías procesales.
Fuente: Red Uno
Charles M. Flores
Mauricio Requena, exasesor del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, permanece en calidad de aprehendido luego de prestar aproximadamente siete horas de declaración informativa ante la Fiscalía. Su defensa cuestionó el procedimiento del Ministerio Público y aseguró que no existen elementos suficientes para justificar esta medida.
La abogada Erika Oroza denunció que su defendido fue convocado inicialmente en calidad de testigo, pero que durante el procedimiento pasó a ser considerado sindicado y posteriormente fue aprehendido. A su criterio, esta actuación vulnera el derecho a la defensa y constituye una irregularidad en el desarrollo de la investigación.
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“Está en calidad de aprehendido, pero lo llamativo acá es que no pierden las viejas prácticas. Él fue convocado en su calidad de testigo. Inmediatamente lo colocan a él en calidad de sindicado y lo hacen prestar su declaración para después aprehenderlo”, manifestó Oroza.
La jurista cuestionó que la Fiscalía no hubiera convocado directamente a Requena como sindicado si consideraba que existían elementos en su contra. En ese sentido, sostuvo que la citación como testigo habría sido utilizada “como una coartada para que él pueda autoincriminarse cuando eso está prohibido”.
Respecto a las acusaciones que vinculan a Requena con un supuesto nexo para gestionar un permiso judicial de viaje, la abogada afirmó que su defendido no tenía atribuciones para otorgar esa autorización, debido a que no era juez ni pertenecía a los servicios judiciales de Santa Cruz.
“En primer lugar, él no es de servicios judiciales de Santa Cruz, él no es juez para otorgar el permiso de viaje, solamente porque lo dice una exdiputada que él supuestamente lo ayudó”, sostuvo.
Oroza también observó contradicciones en las declaraciones que forman parte de la investigación y cuestionó la decisión de aprehender a su defendido. “Yo de verdad que como fiscal no me hubiese atrevido a aprehenderlo”, afirmó, al señalar que, en su criterio, no se respetó el derecho a la defensa y tampoco existen elementos suficientes para adoptar esa medida.
La abogada aclaró que su posición no busca impedir que se investiguen los hechos, sino exigir que las actuaciones fiscales respeten los derechos de las personas involucradas. “Nadie está, diríamos, en contra de que las investigaciones se realicen, pero con lo que no se puede estar de acuerdo nunca es con el abuso de poder, con el atropello, porque si no, ¿qué hemos cambiado? ¿Qué estamos cambiando?”, cuestionó.
Consultada sobre una posible imputación formal contra Requena, Oroza indicó que hasta el momento no había sido presentada. “Todavía no, todavía no está la imputación. O sea, pero, lamentablemente, creo que se están equivocando”, señaló.
Finalmente, al referirse a los delitos que motivaron la apertura de la investigación, explicó que el caso estaría relacionado con presuntos hechos de narcotráfico y asociación delictuosa. Sin embargo, manifestó su desconcierto por la falta de coincidencia entre los hechos, lugares y circunstancias expuestos en el proceso.
