El municipio busca establecer quiénes tienen derecho propietario legítimo sobre el área. En paralelo, identificó la tala de 200 árboles y multas cercanas a los Bs 2 millones.
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«Recordemos que la ley nos dice que la multa por la tala de un árbol es de 3 a 5 salarios nacionales mínimos y estamos hablando que con esta cantidad de árboles talados, la multa por este delito ambiental es de casi Bs 2 millones«, advirtió.
Ortiz advirtió que los desmontes se realizaron en un espacio sujeto a una pausa ambiental, por lo que el municipio asumirá acciones para sancionar a los responsables.
Asimismo, recordó la importancia del Cordón Ecológico como área de protección ambiental de Santa Cruz de la Sierra y señaló que los delitos ambientales no prescriben.
Auditoría a más de 130 propietarios
En paralelo a las investigaciones por el daño ambiental, la Alcaldía lleva adelante una auditoría técnica para esclarecer la situación del derecho propietario de los terrenos del Cordón Ecológico. Según Ortíz, el proceso comenzó en octubre y busca contratar la documentación y registros históricos que conversa el municipio con la cantidad de personas que reclaman ser propietarias de esta zona.
«Tenemos documentación que los propietarios originales de ciertos sectores del Cordón Ecológico eran 67 personas con documentos históricos. Al día de hoy tenemos más de 130 (personas que reclaman ser propietarios) y, por eso, es que estamos realizando la auditoría técnica para evidenciar toda la documentación que tenemos nosotros internamente como municipio sobre los reales propietarios del Cordón Ecológico», señaló.
La funcionaria indicó que la auditoría permitirá revisar la documentación disponible y establecer quiénes son los propietarios legítimos, en medio de la controversia por los terrenos del Cordón Ecológico.
Un área donde no se puede construir o urbanizar
Actualmente, está prohibido construir o desarrollar proyectos inmobiliarios en el Cordón Ecológico. Este espacio está protegido por normativas nacionales, departamentales y municipales que impiden la urbanización, la instalación de viviendas, condominios y cercos perimetrales, además de la tala de árboles.
Incluso, las autoridades municipales y departamentales, en reiteras ocasiones, destacaron que la función de esta área es actuar como una barrera natural de contención y una llanura de inundación que protege a la ciudad ante posibles riadas y turbiones. Por ello, las autoridades no otorgan licencias ni autorizaciones para construcciones en el área y mantienen auditorías y procesos legales contra los asentamientos e intervenciones ilegales.
