Treinta piquetes de huelga de hambre y un paro de 48 horas, con la amenaza de otro de 72 horas, a pocas semanas de que concluya el año escolar. Todo por unos institutos técnicos que el Gobierno quiere pasar de la administración central a la de las gobernaciones. La desproporción entre la causa declarada y el método elegido ya dice casi todo lo que hay que decir. Hay más en el pliego, por supuesto. Los dirigentes rechazan la descentralización, exigen respeto al escalafón nacional y un incremento salarial, y piden además la abrogación del decreto que eliminó la subvención al diésel. Un reglamento de carrera, una política de autonomías, un salario y una medida energética que afecta a todo el país, metidos en la misma plataforma. Eso no es una agenda educativa. Es una agenda corporativa.
Su argumento central es que las gobernaciones no tendrían con qué sostener la educación y que ese vacío terminaría abriendo la puerta a la privatización. El Gobierno lo niega y asegura que los institutos seguirán siendo públicos. La preocupación fiscal tiene algo de razonable, porque las gobernaciones viven de transferencias que rara vez llegan completas ni a tiempo. Pero tiene una respuesta sencilla, que es blindar el financiamiento en la propia norma. Se discute, se escribe, se firma. Nadie monta treinta piquetes de huelga de hambre para conseguir una cláusula. El Gobierno tampoco llega claro a esta pelea. El ministro Sanjinés reconoció que su cartera había suscrito un acuerdo en el que se comprometía a no presentar una propuesta de descentralización, y explicó que la iniciativa actual proviene del área de Autonomías y responde al plan 50/50. Dos manos del mismo Estado, una firma y la otra propone. En un país donde el incumplimiento de lo pactado es la bandera favorita de todo dirigente, regalársela es un error de principiante. Y el lenguaje tampoco ayuda. Hablar de dictadura sindical puede ser un diagnóstico acertado, yo creo que lo es, pero un diagnóstico no es una narrativa. El padre de familia que no sabe qué es un instituto tecnológico ni quién lo administra necesita entender qué gana con el cambio, y nadie se lo ha explicado.
Conviene separar al maestro de su dirigencia. El maestro boliviano gana poco, enseña en aulas precarias y carga con una sociedad que le exige milagros. He sostenido que hay que triplicar sus salarios y multiplicar por cuatro el presupuesto de educación, y lo sostengo. El reclamo salarial es legítimo y el Estado, que en marzo dijo que no había respaldo financiero para comprometer un aumento y en mayo ofreció un bono en su lugar, le debe una hoja de ruta creíble y no un parche. Pero esa deuda histórica no puede cobrarla un aparato que defiende otra cosa. El escalafón nació para proteger la carrera docente y terminó siendo la columna vertebral de un poder sindical que administra ítems, cargos y accesos a la formación. El exministro Hugo Carvajal lo dijo sin rodeos al sostener que lo que el sindicato teme perder no es una política sino un botín, y es difícil discutirle la lógica. Un sistema donde la antigüedad vale más que el mérito y la evaluación se mira como amenaza le sirve al dirigente y no al estudiante.
Es la democracia de sectores en su versión más pura. La escuela existe para sostener al gremio y no el gremio para sostener a la escuela. Mancur Olson describió a estos grupos distributivos, coaliciones que prefieren una tajada mayor de un pastel que se achica antes que arriesgar su control por uno más grande. La educación boliviana es ese pastel. Cuando el presidente Rodrigo pidió a los maestros no tener miedo a la descentralización ni a la evaluación, dijo mucho sobre dónde está el miedo. En términos de Sociología Cuántica, el sistema educativo se encuentra en superposición. Es a la vez una escuela de ciudadanos y una escuela de gremios, y lo que haga el Estado como observador colapsará la función de onda hacia uno u otro estado.
Las minorías eficaces no necesitan ser mayoría. Les basta la capacidad de daño. Con todo, el libreto muestra fisuras. El paro fue irregular en el eje central del país, lo que sugiere que muchos maestros no comparten la consigna, y el ministro denunció amenazas contra los docentes y directores que decidieron seguir con las clases. Los padres de familia, por su parte, evalúan una acción popular. La ciudadanía, la gran ausente de esta mesa, empieza a hacerse presente. Hoy mismo el Gobierno firmó con el magisterio rural, con mediación de la Defensoría, la suspensión del anteproyecto, una evaluación participativa mediante mesas técnicas regionales, el respeto al escalafón y el descarte de la privatización. El resultado es doble. El frente corporativo se partió, que es lo que debe ocurrir si se quiere evitar que todas las resistencias entren en fase. Pero la descentralización quedó en suspenso, y la COB ya se prepara para sumarse a la lucha del magisterio. El conflicto, lejos de aislarse, corre el riesgo de convertirse en el punto de encuentro de todos los inconformes.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lo que corresponde es aplicar la ley sin estridencias. Día no trabajado, día no pagado no es un castigo, es una regla, y un paro que el propio Ministerio califica de ilegal no puede salir gratis. Corresponde también blindar por ley el financiamiento de los institutos, para quitarle al dirigente su mejor argumento, y sentar en la mesa a quienes nunca se sientan, los padres, los estudiantes, los gobernadores y los alcaldes. Un acuerdo entre el ministro y los sindicatos es otra forma de corporativismo, más cortés pero igual de excluyente.
Una advertencia al propio Gobierno. Trasladar los institutos a las gobernaciones no empodera al ciudadano por arte de magia. Si el botín simplemente se muda de La Paz a nueve capitales, y de los dirigentes sindicales a los caciques regionales, habremos cambiado de dueño y no de sistema. La descentralización sirve si viene con transparencia, evaluación y control social. Sin eso es otra repartija. Mientras tanto, los estudiantes son los únicos bolivianos que no tienen sindicato, ni piquetes de huelga, ni ampliado que los respalde. Tienen apenas un año escolar que se les acaba. El verdadero cambio empieza por devolverles la escuela. Mientras siga en manos de las corporaciones, ninguna otra reforma servirá de mucho.
Por Ricardo V. Paz Ballivián
