En la Cumbre climática, el presidente Paz anunció un paquete de 250 millones de euros del banco alemán KfW y ratificó el interés de Bolivia por acceder al fondo recompensa la conservación de bosques tropicales
La conservación de bosques, la protección de fuentes de agua y el desarrollo energético ingresa a la agenda de financiamiento externo que Bolivia. En el contexto de la Cumbre climática de Naciones Unidas COP31, que se desarrolla en Turquía, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de 250 millones de euros del banco alemán KfW y gestiones para acceder a nuevos fondos de financiamiento ambiental.
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“Bolivia quiere abrir una nueva etapa con el KfW, con financiamiento para cuidar nuestros bosques, nuestra agua y nuestra energía, e impulsar la inversión privada que genere empleo para nuestra gente”, expresó el mandatario tras reunirse con Brigitte Réthier, miembro de la Junta Directiva de la entidad financiera alemana. El anuncio forma parte de las gestiones que desarrolla el Gobierno para atraer recursos destinados a proyectos ambientales y productivos.
Según el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, el paquete de 250 millones de euros se orientará a iniciativas de conservación forestal, gestión integral de los recursos hídricos y transición hacia energías limpias.
Esta nueva línea de crédito y cooperación da continuidad a la alianza bilateral reactivada este año. En julio pasado, Bolivia y Alemania lanzaron el proyecto “Protección y Gestión Sostenible de la Amazonía”, respaldado por una subvención inicial de 15 millones de euros otorgada también a través del banco KfW.
Dicho programa, con un horizonte de ejecución de cinco años, ya trabaja en la prevención de incendios y la reducción de la deforestación en áreas prioritarias del departamento de Pando y en el territorio indígena autónomo de Charagua Iyambae.
Asimismo, los recursos gestionados en Turquía buscan apalancar la Estrategia Amazonía de Bolivia, presentada por el Ejecutivo en octubre.
Este plan maestro articula 47 proyectos impulsados por doce ministerios con el objetivo de frenar la pérdida de cobertura boscosa e impulsar la bioeconomía mediante cadenas productivas sostenibles, como el aprovechamiento de la castaña, el asaí y el turismo de naturaleza.
Con este enfoque, el Gobierno apunta a que la conservación ambiental y el acceso a mercados internacionales de carbono se consoliden como un motor económico alternativo para el país, proyectando captar hasta $us 7.000 millones en ingresos verdes durante la próxima década bajo mecanismos de fiscalización como la plataforma digital “Ventana Amazónica”.
Bosques tropicales
En paralelo a las gestiones con Alemania, el Gobierno busca incorporarse al Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), una iniciativa impulsada por Brasil que pretende movilizar inversiones públicas y privadas para recompensar a los países que mantienen sus bosques tropicales en pie.
Paz ratificó esa intención durante su intervención en la plenaria de la COP31. “Un bosque en pie debe valer más que un bosque talado, por eso queremos incorporarnos al Fondo Bosques Tropicales para Siempre”, manifestó.
El mecanismo plantea otorgar incentivos económicos de largo plazo a los países que conserven sus bosques, mediante pagos vinculados al desempeño en materia de protección forestal.
La iniciativa fue impulsada por Brasil en el marco de la COP30 y busca convertir la conservación de bosques tropicales en una fuente de recursos para los países.
En septiembre pasado, el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, participó en Nueva York de encuentros de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP), donde expuso la propuesta del país para acceder al TFFF y presentó avances en conservación de áreas protegidas y proyectos con participación de comunidades indígenas.
Nuevas normas
Para respaldar esta captación de fondos, el Gobierno impulsa un paquete de reformas regulatorias. En esa línea, el presidente anunció que se entregó dos proyectos de ley al Ejecutivo uno referido al financiamiento climático y la biodiversidad y otro destinado a regular los créditos de carbono.
El Gobierno también trabaja en un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el manejo integral del fuego y mecanismos de pago por servicios ambientales.
