El sesgo institucional de las promesas de gobierno ¿Garantía electoral o cheque en blanco?
En la teoría económica fundamental, quien emprende asume el principio de “su propia cuenta y riesgo”. La rentabilidad, el posicionamiento de marca y la sostenibilidad en el tiempo dependen de la capacidad del oferente para satisfacer las demandas del mercado con mayor calidad y mejores precios que la competencia. En dicho marco, la soberanía del consumidor –ejercida en libertad de elección– orienta la asignación de recursos según su propia conveniencia e interés.
Sin embargo, aun en un escenario de óptimo beneficio mutuo “ganar-ganar”, el Estado despliega un aparato fiscalizador multinivel. Las autoridades competentes ejecutan inspecciones de oficio para verificar el cumplimiento estricto de las ofertas comerciales, desde la comprobación rigurosa de los decimales en un porcentaje de descuento hasta la verificación reglamentaria del tamaño de logotipos en folletos publicitarios. Ante el incumplimiento de la oferta publicitaria o comercial, el ordenamiento legal prevé sanciones administrativas, multas pecuniarias, la sustitución del producto o el reembolso obligatorio del importe pagado.
Esta estructura coercitiva encuentra respaldo constitucional en el Artículo 75, numeral 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho a la información veraz y a la protección de las consumidoras y los consumidores. Este mandato se instrumentaliza a través de la Ley N° 453 (Ley General de Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores) y el Decreto Supremo N° 2130 (su reglamento general para sectores no regulados), además de normativas sectoriales específicas emanadas de autoridades de regulación e instrumentos de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales. Paradójicamente, toda esta estructura de fiscalización se superpone a un mercado donde el consumidor posee una sanción natural e inmediata; la sustitución del proveedor cruzando la acera.
En el citado ordenamiento jurídico nacional, emerge el concepto de la “publicidad engañosa comercial” se define como aquella información falsa o capaz de inducir a error al consumidor, afectando su libertad de elección. Trasladando este concepto al plano político mediante la analogía abstracta, emerge la figura de la “publicidad engañosa electoral”. Así como el proveedor comercial responde administrativamente por alterar la oferta o el servicio prometido, el «consumidor electoral» carece de una tutela equivalente frente al incumplimiento sistemático de los programas de gobierno, evidenciando una asimetría institucional donde la demagogia de campaña y la posterior inversión de oferta no conllevan ninguna consecuencia legal.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En consecuencia, surge una interrogante sustancial: ¿Quién tutela los derechos del «consumidor electoral»? Cuando un candidato incumple deliberadamente su programa de gobierno, la respuesta del sistema es la inercia. Si bien la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas establece en su Artículo 82, parágrafo I, inciso b) que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe supervisar el grado de avance en la implementación de los programas de gobierno presentados por las organizaciones políticas para su difusión y conocimiento ciudadano, dicha atribución es eminentemente informativa y carece de mecanismos sancionatorios o coercitivos ante el quiebre de lo prometido.
La evidencia empírica muestra una constante estructural, no solo la omisión o incumplimiento de propuestas electorales, sino el fenómeno de la «inversión de oferta». Medidas severamente criticadas o negadas explícitamente durante la campaña terminan siendo implementadas una vez asumido el poder. Frente a este engaño sistemático al electorado, la arquitectura constitucional y legal boliviana (Artículo 240 de la CPE y Ley N° 026 del Régimen Electoral, Arts. 25 al 33) limita la defensa del elector al recurso de la “revocatoria de mandato”. No obstante, las condiciones impuestas –como el requisito de haber transcurrido la mitad del período constitucional y la recolección de firmas correspondiente al 20% del padrón electoral nacional o del 25% del subnacional– tornan a este mecanismo prácticamente inoperante e inalcanzable.
Esta brecha institucional evoca reflexiones profundas para la ciencia jurídica nacional, ya a comienzos del presente siglo, debates sobre la «responsabilidad política del alcalde municipal» (TEODOVICH, Juan Mario. 2001) advertían que propuestas demagógicas –como la histórica oferta de servicios gratuitos de aseo urbano– no generaban consecuencia legal alguna para el oferente, permitiendo incluso la reelección recurrente de los mismos actores. Este fenómeno confirma que la calidad de los gobernantes refleja las asimetrías de información y la falta de incentivos institucionales de la propia sociedad, o como reza el aforismo popular: “una sociedad o tiene el gobernante que se merece, o que se le parece”.
Desde una perspectiva del derecho público y la política comparada, las corrientes doctrinales han debatido extensamente la naturaleza del mandato representativo frente al mandato imperativo. La mayoría de las democracias representativas adoptan el principio de que la propuesta electoral no constituye un contrato vinculante ejecutable por la vía judicial. Un caso paradigmático de la historia económica latinoamericana fue el denominado Fuji-Shock en el Perú de 1990. Durante la contienda electoral, el entonces candidato Alberto Fujimori rechazó categóricamente la aplicación de un programa de ajuste económico severo, diferenciándose de su oponente Mario Vargas Llosa. Sin embargo, a solo días de asumir la presidencia, su gabinete aplicó una de las políticas fiscales y macroeconómicas más drásticas de la región, justificándola bajo el argumento –pronunciado por su ministro Hurtado Miller– de una catástrofe fiscal no revelada previamente.
Más allá de la controversia política, este tipo de virajes radicales acarrea severas consecuencias macroeconómicas, pues la distorsión abrupta de las expectativas racionales de los agentes económicos –empresas, inversionistas y familias– destruye la previsibilidad del entorno de negocios. Cuando la política económica ejecutada contradice abiertamente la propuesta votada, podrían darse situaciones como ser: se eleva la prima de riesgo país, aumenta el costo del crédito y se contrae la inversión fija debido a la volatilidad regulatoria. El «engaño electoral» no es un costo neutro, erosiona la confianza institucional y suele generar costos de transacción adicionales que terminan asumiendo los ciudadanos mediante mayor inflación, menor crecimiento e inclusive recesión, mayor desempleo, etc.
Experiencias internacionales comparadas demuestran respuestas diversas ante esta problemática:
- Chile y Uruguay: Mantienen programas de gobierno formalmente registrados ante sus tribunales electorales, pero su fiscalización es estrictamente política y mediática, sujeta a la reevaluación del electorado en las siguientes elecciones.
- Mecanismos de Recall (EE. UU. y Perú): Si bien en Perú existe la revocatoria municipal y regional (Ley N° 26300), su aplicación ha mostrado vulnerabilidad frente al uso político desestabilizador más que a una verdadera evaluación objetiva del plan de gobierno.
- Democracias parlamentarias (Reino Unido o España): La quiebra de la oferta electoral suele canalizarse de manera más ágil a través de la pérdida de confianza parlamentaria o mociones de censura, figuras inexistentes con esa flexibilidad en sistemas presidencialistas.
Esta evidencia plantea encrucijadas fundamentales, si un candidato desconoce el estado real de la administración a la que postula: ¿Bajo qué rigor metodológico elaboró su plan de gobierno? ¿Por qué la autoridad electoral convalida documentos sin valor sustantivo ni viabilidad técnica?
En el sector privado, cualquier proyecto de inversión exige garantías reales, pólizas de fiel cumplimiento y responsabilidad patrimonial de sus promotores ante eventuales fallas de ejecución, pero en el sistema político, la inconsistencia entre la oferta electoral y la gestión pública se liquida sin costo alguno para el postulante. Los órganos electorales actúan como meras ventanillas de recepción documental, omitiendo la exigencia de estándares mínimos como, por ejemplo: Memorias de sostenibilidad fiscal, Estudios de impacto normativo o, Matrices de financiamiento real para las promesas formuladas.
Resulta un contrasentido institucional que el ordenamiento jurídico proteja celosamente al consumidor frente a fallas menores en el mercado de bienes y servicios, pero deje indefenso al «consumidor electoral» frente a compromisos de los cuales depende el rumbo socioeconómico de un país, región o municipio. Sin embargo, aceptar que la única garantía para el ciudadano sea esperar cinco años para corregir la decisión en las urnas representa una resignación institucional inaceptable.
En esa línea, si en una empresa; su máxima autoridad ejecutiva (MAE) debe tener una formación y experiencia mínima para el cargo y rendir informes trimestrales ante un directorio, por analogía: ¿Qué cualidades mínimas debería exigirse a un candidato cuando postula a una posición de poder desde el cual con toda seguridad podrá afectar vidas y haciendas ajenas?
En este sentido, es necesario plantear algunas alternativas de reforma –constitucional preferentemente– para equilibrar la incumbencia electoral y erradicar la figura del “cheque en blanco”, a saber:
- Matriz presupuestaria obligatoria, que implica exigir que todo plan de gobierno inscrito contenga un anexo técnico desagregado donde se especifique la fuente de financiamiento de cada propuesta.
- Rendición de cuentas anuales ante el OEP para que la desviación no justificada de metas clave del programa de gobierno inscrito active audiencias legislativas de justificación o corrección obligatoria.
- Inhabilitación por fraude procesal electoral, regulando la sanción administrativa de inhabilitación para futuras candidaturas a los actores políticos que hayan incurrido en una “inversión de oferta” manifiestamente deliberada y –obviamente– contraria a la oferta electoral inicial.
- Incorporar en el ordenamiento jurídico la figura de la “responsabilidad política” con pena de privación de libertad y sin perjuicio de restitución económica en caso de probarse daño económico al Estado en el sentido lato de la palabra, vale decir, a la sociedad civil, que forma parte de él. Si un médico puede ser sancionado civil y penalmente por un daño manifiesto a una persona ¿Cuánto más a los políticos por sus yerros, negligencias o engaño electoral?
- ¿Al menos un nivel mínimo de formación? Por ejemplo, ¿No ser analfabeto funcional? ¿Garantías reales?
¡Hasta la próxima ida a las urnas, mis estimados “consumidores electorales”!
