Los investigadores piden al juez federal que admita como prueba los mensajes interceptados y las evidencias de los supuestos sobornos realizados por Sebastián Marset a funcionarios en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Antes del juicio previsto para el próximo año, en el que Sebastián Marset comparezca ante los tribunales de Estados Unidos, los fiscales estadounidenses buscan presentar pruebas de comunicaciones cifradas y presuntos sobornos hechos por el traficante uruguayo a funcionarios gubernamentales en Sudamérica, específicamente en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
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En las mociones previas al juicio presentadas esta semana, el Departamento de Justicia argumentó que las pruebas son necesarias para ofrecer a los miembros del jurado una visión completa de la supuesta red mundial de narcotráfico de Marset antes del juicio, que se espera para principios del próximo año.
Los fiscales informaron al juez de distrito Rossie Alston Jr., que las pruebas también demostrarán que Marset participó en una conspiración para blanquear dinero procedente del narcotráfico, según publicó Occrp.
Marset fue capturado el pasado 13 de marzo, de 2026, en una redada ejecutada en horas de la madrugada, en Santa Cruz, Bolivia, y expulsado a Estados Unidos con la ayuda de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Inicialmente fue acusado de lavado de dinero, pero posteriormente fue imputado por narcotráfico y narcoterrorismo.
Los abogados de Marset argumentan que la acusación inicial de lavado de dinero es inválida porque se basó en una única transferencia bancaria entre Portugal y China que no involucró los servidores de un banco estadounidense. Afirman que Marset nunca traficó drogas a Estados Unidos y que los grupos narcoterroristas no estaban designados como tales en el momento en que él negoció con ellos.
En los nuevos documentos presentados, los fiscales alegaron que “el acusado dirigía su organización de manera despiadada y brutal, asesinando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden. Además, no toleraba la injerencia de los gobiernos en sus actividades delictivas, empleando un modelo clásico de soborno para coaccionar a los gobiernos a someterse a su voluntad”.
“En la práctica, esto significaba que el acusado amenazaba, bombardeaba e incluso asesinaba a aquellos miembros de las fuerzas del orden a quienes no podía corromper”, argumentan.
En un hecho clave dentro de las presentaciones judiciales, los fiscales solicitaron al juez Alston que admitiera como prueba los casos de soborno en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Alegaron que Marset “pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección de las fuerzas del orden”.
“Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin la interferencia de las fuerzas del orden”, añadieron los fiscales.
Los vídeos de la detención de Marset desencadenaron una purga masiva de altos funcionarios, tan solo 48 horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visado dirigidas a funcionarios políticos y judiciales bolivianos por acusaciones de corrupción de alto nivel y vínculos con el narcotráfico.
La denuncia alega que «los pagos también permitieron al acusado recibir archivos sobre narcotráfico de las fuerzas del orden bolivianas, evadir operaciones de captura y recibir notificaciones de reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos».
Los fiscales quieren admitir declaraciones de testigos que demuestren una conspiración para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Solicitaron presentar declaraciones de personas, entre ellas un co-conspirador no imputado y un agente encubierto, que describan cómo se transfirieron los fondos de Europa a Sudamérica.
Los fiscales también pretenden presentar como prueba los mensajes cifrados enviados desde y hacia Marset a través de teléfonos que formaban parte de la red Sky ECC. Una investigación realizada en 2024 por Occrp y sus socios de medios de comunicación demostró cómo estos teléfonos, de una empresa canadiense con servidores en Francia, eran los preferidos por organizaciones criminales en Serbia, Latinoamérica y otros lugares.
La admisibilidad de las comunicaciones cifradas de Sky en los tribunales es una batalla legal aún sin resolver en varias jurisdicciones.
En el caso de Marset los fiscales afirmaron haber identificado 12 números de identificación personal utilizados por los presuntos participantes en la conspiración. Alegaron que tres de ellos pertenecían a Marset y contenían mensajes e imágenes que mostraban sus tatuajes, su familia y otros datos de identificación.
En la documentación presentada contra Sky, los fiscales señalan que «el acusado envió por mensaje de texto una fotografía de la persona que asesinó, y el gobierno cuenta con pruebas independientes de que el acusado fue el responsable del asesinato».
Los abogados defensores presentaron una moción solicitando al juez que excluyera del jurado cualquier referencia a delitos violentos que no se ajusten a la definición de narcoterrorismo, cualquier referencia a una incautación de drogas en aguas internacionales cerca de África, todos los registros bancarios no relacionados con los cargos específicos contra Marset y las declaraciones de terceros vinculadas a la conspiración de lavado de dinero.
No está claro cuándo el juez Alston dictaminará sobre las siete nuevas mociones. Se había comprometido a dictar sentencia antes del 6 de noviembre sobre varias mociones de la defensa que impugnaba los cargos presentados contra Marset, pero hasta el jueves no lo había hecho.
La defensa del presunto narcotraficante retiró la semana pasada su solicitud para que se desestimara el uso de un teléfono celular incautado como prueba, después de que afirmaran que los fiscales se habían comprometido a no utilizar la información contenida en él.
Cabe recordar que Marset, el día de su expulsión, brindó ciertas declaraciones ante los agentes de la DEA, donde aseguraba que el ex fiscal general del Estado, Róger Mariaca, era su amigo, además hizo referencia a que realizaba pagos por su protección y evitar ser capturado. Hoy, Mariaca se encuentra recluido en una cárcel pública de Potosí, así también varios de sus exfuncionarios que estuvieron al mando de las unidades del Ministerio Público durante su gestión.
