Por Carlos Corz Portillo
Bolivia requiere al menos $us 1.600 millones para desarrollar proyectos con un potencial de 18 TCF, que demandan la participación del sector privado porque el Estado no cuenta con esos recursos. Para generar condiciones propicias para el capital externo, el nuevo marco normativo encontró una salida a la exigencia de arbtrajes internacionales: aplicar en Bolivia legislación internacional.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que el país cuenta con recursos hidrocarburíferos, pero que estos requieren una fuerte inversión para su desarrollo y para revertir la actual declinación de las reservas, cifradas al 31 de diciembre de 2025 en 2,3 TCF.
“Entonces, esos otros prospectos nos generan un potencial de entre 18 TCF adicionales, que si lo marcamos ahí con el riesgo geológico, pueden generar de 5 a 7 TCF más. Entonces, el potencial de Bolivia está. Lo que nos hace falta es este nuevo marco legal para poder desarrollarlo”, explicó en una entrevista con la red DTV.
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Sin embargo, para atraer capitales es necesario cambiar las actuales reglas de juego, sobre todo aquellas vinculadas a la participación de ingresos y a la demanda de los inversionistas de que se habiliten los arbitrajes internacionales, los cuales están prohibidos en Bolivia hasta tanto se modifique la Constitución Política del Estado, un proceso largo y de debate.
Daroca indicó que son conscientes de los plazos de una reforma constitucional, por lo que en la redacción de la nueva Ley de Hidrocarburos —que será presentada próximamente— se activó un amplio debate con diferentes actores del sector y se consiguió una salida.
“Sí, en gran parte del mundo se van a arbitrajes internacionales. En la nueva ley, si bien se respeta la Constitución, se genera un marco —que también se ha discutido con ellos [las petroleras]— en donde, de repente, el arbitraje puede ser hecho en Bolivia, pero podríamos aplicar alguna normativa internacional, aunque se realice en el país. Entonces, hay alguna salida que se ha querido dar en la nueva norma, que esperemos pueda ir compensando un poco esta inquietud de las empresas”, reveló sin dar mayores detalles.
La participación estatal es otra de las preocupaciones centrales, porque la actual distribución 82-18 no resulta atractiva para las operadoras, aunque también varía en función de los campos.
“En la nueva ley tenemos que tener un modelo que también pueda discriminar entre diferentes tipos de campos, pero que genere al mismo tiempo los incentivos necesarios para que la inversión se pueda dar, para que los proyectos sean económicamente viables y para que, por otro lado, los inversionistas que vengan a Bolivia tengan las condiciones que les permitan invertir”, explicó.
El proyecto de Ley de Hidrocarburos forma parte de un paquete normativo propuesto por el Gobierno de Rodrigo Paz para generar condiciones de atracción de capitales. Daroca aseguró que la nueva iniciativa legal ya está prácticamente diseñada y que próximamente será enviada al Legislativo para su aprobación.
De no realizarse más exploraciones, las reservas de hidrocarburos se agotarán en el corto plazo y Bolivia se verá obligada a importar. Ante este escenario, el titular de YPFB insiste en la importancia de acelerar los plazos con una nueva norma que permita competir por las inversiones externas.