El debate se concentra en la distribución de dinero, dejando en segundo plano las competencias y responsabilidades Analistas dicen que se requieren reformas institucionales y acuerdos sobre el financiamiento
Por Erika Ibáñez
El presidente Rodrigo Paz con los gobernadores del país en una reunión anterior. Foto: Archivo
Fuente: La Razón
La agenda del 50/50, una de las principales promesas del presidente Rodrigo Paz, enfrenta dificultades para pasar del discurso político a una reforma concreta del Estado.
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Analistas advierten que las diferencias que han surgido entre el Gobierno y las regiones pueden convertirse en un nuevo frente de disputa política.
A un año de gestión, la propuesta de distribuir los recursos públicos y fortalecer las autonomías departamentales y municipales todavía no cuenta con una hoja de ruta definida. En cambio, las diferencias sobre el porcentaje de coparticipación tributaria ya muestran las dificultades para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno central y las regiones.
El Ejecutivo presentó una propuesta para asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones; sin embargo, el planteamiento abrió un nuevo escenario de cuestionamientos.
La mayoría de los gobernadores rechazó el porcentaje, lo calificó de insuficiente y dijo que no responde a las expectativas generadas por la promesa del 50/50.
Dos analistas, Susana Bejarano y Carlos Saavedra, explicaron a La Razón que el problema va más allá de la cantidad de recursos que se pretende transferir, pues la agenda del 50/50 todavía no muestra claridad sobre el alcance de la reforma ni sobre el modelo de administración estatal que busca construir el Gobierno.
Sin definición precisa
Bejarano considera que la propuesta carece de una definición precisa y que, hasta ahora, el debate se ha concentrado principalmente en la distribución de dinero, dejando en segundo plano la transferencia de competencias y responsabilidades.
«Yo creo que no es posible concretar una agenda del 50/50 para el próximo año, ni en los próximos dos o tres años», dijo.
En su criterio, el Gobierno no ha definido una planificación que permita identificar los objetivos que pretende alcanzar en cada etapa. Tampoco existe una explicación suficientemente clara sobre qué cambios se realizarán en 2027, cuáles se ejecutarán en 2028 y qué transformaciones permitirían alcanzar una descentralización efectiva a futuro.
“No hay una hoja de ruta. Si yo quiero construir una casa, lo primero que tengo que tener es el plano”, matizó.
Bejarano observa que el Ejecutivo redujo progresivamente el alcance de la promesa inicial a una discusión sobre mayores transferencias económicas, cuando el 50/50 debería implicar una transformación más amplia de la estructura estatal.
«Si se trata solamente de repartir un poco más de dinero, no estás yendo hacia un camino al federalismo, ni siquiera concretando de manera plena las autonomías», indicó.
Asimismo, consideró que el Gobierno debería explicar primero qué modelo de Estado pretende construir y si la descentralización representa un camino hacia el federalismo debería estar acompañada de una propuesta que establezca cómo se alcanzará ese objetivo.
El propio Gobierno reconoció que la implementación del modelo 50/50 sería gradual y demandaría tiempo.
“Estamos iniciando un proceso que va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado la autonomía? ¿Cuánto tiempo ha tomado la descentralización, la Participación Popular?”, dijo hace unos días el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
Recursos
Otro de los problemas del modelo está relacionado con la distribución de las competencias. El 50/50 supone discutir qué responsabilidades deben permanecer en manos del Gobierno central y cuáles pueden ser transferidas a las gobernaciones y municipios, pero también establecer cómo se financiarán esas atribuciones.
El analista Saavedra coincide en que este es uno de los aspectos más complejos de la agenda.
Explicó a La Razón que el país arrastra una estructura institucional profundamente centralista, por lo que modificar la distribución de recursos, funciones y responsabilidades requiere reformas que difícilmente pueden concretarse de manera inmediata.
“La estructura institucional de este Estado ha sido profundamente centralista, y en esa lógica desmontar un aparato tan centralista es muy complejo, porque las expectativas de que, para comenzar se pueda definir qué es un 50/50 muy rápidamente y después materializarlo, va a ser muy complejo”, dijo.
Saavedra ve que la agenda del 50/50 que encara el Gobierno muestra avances; por ejemplo las gobernaciones ya no pagarán prediarios y el bono de vacunación; sin embargo, alerta que éstos aún son muy “básicos”.
Y mientras las gobernaciones y los municipios esperan recibir mayores ingresos, el Ejecutivo plantea que esa redistribución debe estar acompañada por la transferencia de determinadas competencias.
Responsabilidades
La discusión es importante en sectores como salud y educación, donde la transferencia de determinadas funciones puede generar resistencias si no existen garantías sobre su financiamiento. Bejarano menciona como ejemplo el conflicto con el magisterio frente a la posibilidad de descentralizar los institutos técnicos. El temor de los trabajadores es que las gobernaciones deban asumir responsabilidades sin contar con recursos suficientes para cubrir las obligaciones salariales y administrativas.
Y alerta que el riesgo está en que la transferencia de competencias termine trasladando problemas financieros a las administraciones regionales, en lugar de fortalecer su capacidad.
Los dos analistas coinciden, desde perspectivas distintas, en que la reforma necesita establecer una correspondencia entre las funciones que se transfieren y los recursos que deben acompañarlas. El 50/50 comenzó como una promesa de descentralización y mayor coparticipación regional en los recursos. Sin embargo, su implementación exige resolver problemas como la disponibilidad de recursos, la distribución de competencias y la capacidad institucional de las administraciones subnacionales.
Fuente: La Razón
