Mucho ruido y pocas nueces


 

El tratamiento de las empresas públicas deficitarias es un ejemplo de ello.



Desde el inicio de la actual administración, las autoridades gubernamentales anunciaron que se pondría fin al funcionamiento de empresas estatales inviables, creadas en muchos casos bajo criterios políticos, sin sostenibilidad económica y convertidas en una carga permanente para las finanzas públicas.

En el marco de la política económica, constituye el quiebre del eje central del modelo estatista impulsado por el MAS durante 20 años.

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Las cifras expuestas por las propias autoridades son suficientemente elocuentes.

José Luis Lupo, cuando ejercía como ministro de la Presidencia, informó que entre 2005 y 2025 se habían creado 67 empresas públicas y que apenas tres generaban utilidades: YPFB, ENDE y COMIBOL.

El diagnóstico era todavía más preocupante: pérdidas acumuladas multimillonarias, deterioro patrimonial y empresas en situación de quiebra técnica.

El exviceministro Julio Linares también hizo declaraciones contundentes sobre los recursos comprometidos en empresas que ni siquiera estaban funcionando. Se anunciaron investigaciones y la necesidad de esclarecer el destino de miles de millones de dólares.

Posteriormente, el entonces ministro José Gabriel Espinoza anunció un plazo de 90 días para evaluar las empresas y determinar cuáles debían cerrarse. Lupo insistió en la necesidad de frenar la hemorragia de recursos y señaló que cada ministerio debía presentar un plan de acción.

Más adelante, el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, presentó nuevos diagnósticos e identificó 20 empresas en quiebra técnica.

En septiembre pasado, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5727, que estableció un procedimiento para reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas.

El último anuncio fijó un nuevo plazo de 15 días hábiles, computables desde las notificaciones realizadas el 29 de octubre a siete ministerios, para definir el destino de 20 empresas públicas que acumulan pérdidas aproximadas de Bs 14.000 millones.

No se trata de desconocer la complejidad de estos procesos. Liquidar una empresa pública no es simplemente bajar una cortina. Hay que resolver obligaciones financieras, identificar y administrar activos y pasivos, atender responsabilidades laborales, cumplir compromisos legales y prever eventuales contingencias judiciales. También hay que determinar cuáles tienen posibilidades reales de recuperación y cuáles deben desaparecer definitivamente.

Podemos suponer que, durante el año transcurrido, los equipos técnicos y políticos han estudiado cada caso y cada expediente; han construido escenarios, resuelto obstáculos normativos y definido los mecanismos de ejecución.

El Gobierno juega su credibilidad en un tema central. El año 2027 debe comenzar con una política económica que haya dejado atrás el sostenimiento artificial de empresas públicas inviables. No se trata simplemente de cerrar empresas deficitarias, sino de poner fin a una política que durante años comprometió miles de millones de recursos públicos para mantener estructuras estatales sin sostenibilidad económica, alimentando el gasto público y contribuyendo a la presión sobre el déficit fiscal.

La sangría de recursos debe detenerse. Y esos recursos deben tener un destino diferente: dejar de financiar la ineficiencia y el estatismo improductivo para ser reasignados a las prioridades que realmente importan a los bolivianos.

En el marco de la profundización del Estado con autonomías, es necesario privilegiar la salud, la educación, la infraestructura, los servicios públicos, la inversión productiva y las condiciones para generar empleo y crecimiento.

Este es, en definitiva, el debate de fondo. No se trata únicamente del destino de 20 empresas públicas; estamos hablando de la orientación económica del Estado, de abandonar la lógica de crear y sostener empresas por razones ideológicas o políticas, independientemente de su viabilidad, y de avanzar hacia una administración racional y responsable de los recursos públicos.

La transformación que Bolivia necesita exige decisiones que modifiquen la forma en que el Estado administra sus recursos y define sus prioridades.

El plazo definido en el Decreto Supremo 5727 representa, por tanto, mucho más que una nueva fecha administrativa: marca el comienzo de una nueva etapa, en la que se debe cerrar el ciclo del modelo masista y abrir un nuevo tiempo de racionalidad económica.

Necesitamos menos ruido y más nueces.

 

Jaime Navarro Tardío

Político y exdiputado nacional.