El reciente Decreto Supremo N° 5776 marca un punto de inflexión en la política financiera boliviana al iniciar una esperada flexibilización de las tasas de interés para el crédito productivo. Aunque esta medida llega con un rezago evidente, resulta ser un sinceramiento normativo necesario que es preferible asumir hoy antes que postergarlo indefinidamente.
Si analizamos el panorama regulatorio de forma integral, este ajuste tarifario, que permite tasas de hasta el 17% para la microempresa y el 12% para la pequeña empresa, complementa de manera técnica a una disposición gubernamental previa que ya había reducido las exigencias en las cuotas de cartera para la banca (del 60% al 40% para bancos múltiples).
En la coyuntura actual, las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) enfrentan un encarecimiento estructural en su costo de fondeo y se ven forzadas a captar recursos a tasas pasivas altas (10% – 13%). Mantener topes activos artificialmente bajos en este escenario asfixiaba por completo el margen financiero.
Cuando el costo pasivo de captar dinero iguala, o incluso supera, los límites regulatorios para prestarlo, se destruyen los incentivos para colocar nueva cartera y se obliga a las instituciones a buscar rentabilidad a través de mecanismos atípicos, como el diferencial cambiario, alejándolas de su rol esencial en la intermediación financiera.
Sin embargo, aunque este inicio en la corrección del spread financiero salva a las instituciones de la asfixia operativa e incentiva la oferta de préstamos, surge una pregunta desde la óptica analítica: ¿es esto suficiente para reactivar la economía real? El diagnóstico nos obliga a mirar el otro lado de la balanza: la demanda.
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Las proyecciones del «Reporte de Inflación y Política Monetaria al Tercer Trimestre 2026» del Banco Central de Bolivia (BCB) estiman un severo decrecimiento del PIB del -3,39%. Pretender dinamizar el aparato productivo empujando la colocación de cartera con un costo de endeudamiento sustancialmente más caro, en medio de una economía en recesión, es someter a los prestatarios a un riesgo de impago altísimo.
Solucionar el problema de rentabilidad de la banca es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad requiere que los micro y pequeños empresarios posean los flujos de caja y la tracción comercial suficiente para soportar un crédito al 17% sin caer en impagos.
Las cifras del sistema exponen la urgencia de equilibrar este escenario, mientras que en diciembre de 2015 la cartera de créditos ostentaba un vigoroso crecimiento interanual del 19,6%, para septiembre de 2026 ese dinamismo se había desplomado a un preocupante 3,2%.
Si el objetivo del próximo año es encender nuevamente los motores del país, la banca necesita consolidar un margen de intermediación viable. Pero esto debe ir acompañado de políticas fiscales que devuelvan la certidumbre y la capacidad de pago al sector productivo, porque el encarecimiento del crédito, por sí solo, no genera crecimiento estructural.
