La resolución mantiene en el proceso estadounidense las declaraciones y evidencias obtenidas tras la captura del uruguayo en Santa Cruz, el 13 de marzo. La defensa de Marset alegaba que fueron conseguidas vulnerando sus derechos, pero el juez rechazó sus argumentos y dejó el caso encaminado al juicio de enero

Fuente: El Deber
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset quedó más cerca de enfrentar un juicio con jurado en Estados Unidos, después de que un juez federal rechazara varios recursos de su defensa que buscaban anular los cargos y excluir declaraciones y pruebas obtenidas durante su detención.
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El juez de distrito Rossie Alston Jr., de Virginia, desestimó el martes 17 de noviembre los argumentos de los abogados de Marset sobre una supuesta persecución vengativa y mala conducta de los fiscales. También concluyó que no se vulneraron los derechos Miranda del acusado durante los interrogatorios realizados por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en suelo boliviano.
Según una publicación de la plataforma Organized Crime and Corruption Reporting Project, el magistrado consideró que Marset inició algunas de las conversaciones con los agentes después de su captura en Bolivia y que no fue coaccionado para declarar durante su expulsión a Perú y posterior traslado a Estados Unidos.
En un fallo de 23 páginas, Alston sostuvo que el Gobierno estadounidense cumplió con su obligación de demostrar que no hubo vulneración de los derechos del acusado y que, por tanto, no existían motivos para excluir sus declaraciones ni las pruebas físicas obtenidas a partir de ellas.
El juez descarta vulneración de los derechos Miranda
La defensa de Marset argumentó que los agentes de la DEA lo interrogaron sin respetar su derecho a contar con un abogado y que sus declaraciones debían ser excluidas del proceso.
Sin embargo, el juez rechazó esa interpretación y señaló que no encontró elementos que demostraran que el uruguayo fue obligado a hablar con los investigadores en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz.
Alston también descartó la acusación de que los agentes de la DEA le hubieran solicitado entregar sus criptomonedas. Según el fallo, no existe evidencia en el expediente que respalde esa afirmación, que además fue negada bajo juramento por el principal agente de la investigación durante una audiencia previa al juicio.
El magistrado también rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta conducta indebida de los fiscales. En su resolución destacó el profesionalismo y la ética del equipo del Departamento de Justicia y consideró que las circunstancias descritas sobre la captura no resultaban escandalosas.
Fiscalía busca incorporar pruebas de sobornos en cuatro países
La decisión judicial se conoce días después de que los fiscales estadounidenses solicitaran autorización para incorporar al juicio mensajes interceptados y documentación sobre presuntos sobornos que Marset habría realizado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con la Fiscalía, esos pagos le habrían permitido obtener información sobre investigaciones de narcotráfico, evadir operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones de la DEA con autoridades bolivianas.
El juez todavía no se pronunció sobre la admisión de esas pruebas ni sobre los testimonios de presuntos integrantes de la organización criminal. También está pendiente una solicitud de la defensa para excluir evidencias obtenidas de mensajes cifrados de la plataforma Sky Global.
En una de las actuaciones previas del proceso, la Fiscalía estadounidense sostuvo que Marset proporcionó voluntariamente información a agentes de la DEA después de su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo de 2026.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso EL DEBER, el uruguayo habría revelado que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia y que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban al país.
La defensa cuestionó las condiciones en las que se obtuvieron esas declaraciones y pidió que fueran excluidas del proceso. La Fiscalía, por su parte, sostuvo que Marset fue informado de sus derechos y que aceptó conversar con los agentes.
El uruguayo fue capturado durante un operativo policial en Santa Cruz y posteriormente trasladado a Estados Unidos con intervención de la DEA. Inicialmente fue acusado de lavado de dinero y después recibió cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.
Con el rechazo de los recursos de la defensa, el proceso continúa encaminado hacia un juicio con jurado programado para comenzar el 11 de enero de 2027. La admisión de las pruebas sobre los presuntos sobornos y las comunicaciones cifradas todavía está pendiente de resolución judicial.