Durante más de una década, Álvaro García Linera cultivó con esmero la imagen del filósofo-rey del «proceso de cambio» boliviano. Mientras Evo Morales encarnaba el liderazgo carismático y sindical, el exvicepresidente se reservó el papel de arquitecto ideológico, desplegando en cada discurso una densa catarata de citas de Marx, Gramsci, Bourdieu o Zavaleta Mercado. Sin embargo, al contrastar su producción teórica con los hechos de su gestión entre 2006 y 2019, lo que emerge no es un pensador original ni un estadista visionario, sino un operador político atrapado en sus propias contradicciones.
En la década de 1990, durante su paso por el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) y en textos como Forma valor y forma comunidad (1995), García Linera postuló que Bolivia podía saltar hacia el socialismo sin pasar por el capitalismo industrial, apoyándose en la «forma comunidad» del ayllu andino y destruyendo el Estado «burgués y colonial». Esa matriz de pensamiento —un utopismo agrarista y vanguardista que idealiza al campesinado como sujeto moralmente puro y desprecia la economía urbana y liberal— comparte el mismo tronco lógico de los experimentos revolucionarios agrarios más radicales del siglo XX, como el maoísmo o incluso el extremismo ruralista de los Jemeres Rojos en Camboya.
Afortunadamente para Bolivia, García Linera no pudo aplicar ese dogma maximalista. No fue por falta de convicción inicial, sino porque la realidad socioeconómica del país se lo impidió. A diferencia de una sociedad devastada donde una vanguardia armada impone colectivizaciones forzosas, la Bolivia del siglo XXI contaba con una clase media consolidada, un dinámico motor agroindustrial en el oriente y una vasta economía comercial urbana. Aplicar sus recetas librescas habría significado el colapso inmediato del país.
Así, al llegar al Palacio Quemado en 2006, el teórico antiestatal claudicó sin pudor ante las exigencias del poder. Sustituyó la utopía comunalista por un capitalismo de Estado rentista, extractivista e hiperpresidencialista. El quiebre definitivo quedó expuesto en 2011 con el conflicto del TIPNIS: el mismo ideólogo que predicaba la defensa de la Madre Tierra y la autodeterminación indígena terminó justificando la represión policial contra marchistas indígenas y descalificándolos como supuestos instrumentos de ONG extranjeras y del «ambientalismo colonial».
Para encubrir esa capitulación práctica, García Linera recurrió a la gimnasia retórica. En ensayos como Las tensiones creativas de la revolución (2011), bautizó sus propias incoherencias como «contradicciones necesarias» que supuestamente hacían avanzar la historia. Como bien denunció su excompañero del grupo Comuna, el filósofo Raúl Prada, su obra abandonó cualquier rigor sociológico para convertirse en una «ideología de legitimación» y en expresión de una razón cínica. En la misma línea, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui desnudó ese «gatopardismo discursivo»: el uso de un lenguaje descolonial sofisticado por parte de una élite mestiza para encubrir prácticas clientelares tradicionales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El filósofo boliviano H. C. F. Mansilla definió con precisión este estilo como un «autoritarismo ilustrado». La erudición académica de García Linera —cuya credibilidad personal sufrió además un golpe demoledor en 2016, cuando se descubrió que no poseía el título de licenciado en matemáticas que figuraba en sus documentos oficiales— operó en el debate público como una herramienta de intimidación intelectual para descalificar a periodistas, opositores y disidentes.
Tampoco se sostiene el mito de su supuesta genialidad en la gestión económica. La bonanza y estabilidad macroeconómica de los primeros años del MAS no nacieron de ninguna fórmula teórica innovadora, sino del superciclo de precios internacionales de las materias primas y de los megacampos gasíferos descubiertos gracias a las inversiones de la capitalización de los años noventa. Lejos de sembrar esa renta extraordinaria para diversificar la economía, el régimen la dilapidó en gasto corriente, elefantes blancos y empresas estatales deficitarias, agotando las reservas internacionales y dejando un déficit fiscal estructural.
En el plano institucional, el saldo fue igualmente regresivo: el copamiento del Órgano Judicial, la cooptación de los movimientos sociales y el desconocimiento del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que desembocó en la crisis de 2019 demostraron que toda esa superestructura filosófica sirvió apenas para maquillar las viejas prácticas caudillistas de nuestra historia.
Este fenómeno, además, se inscribe en un problema institucional más amplio que diversos analistas políticos bolivianos vienen señalando respecto al diseño y ejercicio de la Vicepresidencia desde el año 2000. En lugar de operar como un factor de equilibrio institucional y articulación legislativa prudente, la figura vicepresidencial en el siglo XXI tendió a convertirse en una plataforma de protagonismo personal, cálculo político propio y afán de figuración mediática o ideológica que, en repetidas ocasiones, terminó erosionando la gobernabilidad y agravando las fracturas internas del Ejecutivo.
En democracia, todo político serio y responsable tiene el legítimo derecho de adscribirse a la ideología que estime conveniente, siempre y cuando su proyecto guarde coherencia con la historia, la cultura y la realidad socioeconómica de la sociedad a la que pretende servir. Ignorar esas condiciones estructurales para intentar encajar a un país entero dentro de abstracciones librescas no es audacia intelectual, sino irresponsabilidad. Gobernar de espaldas a la realidad concreta de una nación termina siendo, en última instancia, la definición misma de una pésima conducción política.
