La Fiscalía estadounidense rastreó transferencias millonarias y empresas utilizadas para lavar dinero. Ahora alista evidencia de pagos a funcionarios “que protegieron” al narcotraficante. Hay coincidencias con el caso Mariaca.
Desde hace unos tres años, agencias especializadas de Estados Unidos rastrearon la ruta de millones de euros y dólares ligados al narcotráfico que movilizó Sebastián Marset. Ahora buscan probar sobornos a funcionarios de Bolivia y otros tres países.
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La investigación coincide con varios avances del caso del exfiscal general Róger Mariaca Montenegro, según fuentes y documentos consultados por EL DEBER.
La primera acusación contra Marset se emitió en 2024 ante un tribunal federal de Virginia (expediente 1:23-cr-00143-RDA). Allí se describió el circuito financiero atribuido a Marset y su socio Federico Santoro Vassallo, alias Capitán, su socio sentenciado en 2025 a 15 años de prisión en EEUU. La operación era convertir en dólares las ganancias de la cocaína vendida en Europa y devolverlas a Sudamérica, ocultando o camuflando su origen.
En enero de 2021, Marset tenía pendientes de cobro de más de 17 millones de euros por un cargamento. Santoro pudo organizar el lavado de al menos cinco millones de euros y transferido otros ocho millones en menos de cinco meses. La red usaba mensajeros, efectivo, facturas falsas y unas siete empresas “de pantalla”, según esos expedientes revisados por EL DEBER.
La acusación afirma que la organización pretendía “ocultar la naturaleza, el origen y la propiedad de esos fondos” (según traducción del documento judicial). Una transferencia pasó por un servidor bancario en Richmond, Virginia, circunstancia que fundamentó parte de la posterior intervención estadounidense en este caso y que la llevó al país.
El Departamento de Justicia informó un decomiso de 11,5 millones de dólares tras la sentencia contra Santoro, quien admitió su participación en una conspiración de lavado de activos llegados a EEUU de varios países a merced del narcotráfico.
Sobornos bajo la lupa
En noviembre de 2026, los fiscales de Virginia pidieron al juez Rossie Alston Jr. admitir mensajes y documentos sobre pagos a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Según el escrito citado por OCCRP, una organización periodística independiente que investiga el crimen organizado, el pago de estos sobornos permitió a Marset “recibir expedientes de narcotráfico de autoridades bolivianas” y conocer reuniones de la DEA, además de eludir capturas.
La Fiscalía de Virginia también pretende presentar comunicaciones cifradas de Sky ECC que atribuye “a 12 integrantes de la organización”, tres de ellos alineados con Marset. La defensa cuestionó esas pruebas y su inclusión porque aún depende de una resolución judicial.
El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, expuso esta semana los ocho mecanismos que empleó el crimen organizado en los últimos años para infiltrarse en el Estado, entre ellos citó el acceso de “terceros” a los sistemas informáticos de su entidad, donde se tramitan las causas y se organizan operativos. Con esa información, Marset pudo estar al tanto del avance de las pesquisas y las investigaciones.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado señaló a Mariaca por “corrupción significativa” y sostuvo que solicitó y aceptó sobornos para favorecer al narcotráfico; Mariaca lo negó. Ya cumplió más de 50 días de detención en Cantumarca, Potosí.
La Fiscalía boliviana sostiene, además, que Marset pudo pagar hasta 500.000 dólares mensuales a cambio de información para anticiparse a operativos. También investiga al exfiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos, al exfiscal superior Martín Irusta y al mayor de Policía Rubén Aparicio.
Alston también rechazó esta semana los recursos con los que Marset intentaba excluir sus declaraciones prestadas ante la DEA tras su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo. El juez concluyó que “no hubo vulneración de los derechos”.
El juicio con jurado contra Marset comenzará el 11 de enero de 2027 en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, EEUU. El uruguayo enfrentará cargos por lavado de dinero, tráfico de cocaína y narcoterrorismo. La Fiscalía presentará las pruebas de soborno y la trazabilidad de una supuesta “conspiración” alineada con el narcotráfico.

