En cuestión de días, las autoridades económicas de Bolivia han enviado dos señales completamente opuestas al sistema financiero y al país. Por un lado, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5776 flexibilizando las tasas de interés con la promesa de reactivar el crédito productivo. Por el otro, el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó la Resolución de Directorio N° 166/2026, creando una Reserva Monetaria por Normalización (RMN) que retirará liquidez de los bancos durante los próximos nueve meses.
La mecánica de esta medida es sencilla, el próximo 30 de noviembre, el BCB debitará de forma automática el 2,5% de los depósitos de corto plazo en bolivianos que los bancos múltiples y el banco público tenían registrados al 31 de octubre. Ese dinero quedará congelado hasta el 31 de agosto de 2027, sin pagar una tasa de interés a las entidades y sin poder utilizarse para cubrir el encaje legal ni respaldar indicadores de liquidez.
El argumento del ente emisor es comprensible desde su mandato legal de cuidar la estabilidad de precios. Debido al vencimiento de Operaciones de Mercado Abierto (OMA), ha ingresado un exceso de liquidez al sistema que amenaza con presionar los precios y el tipo de cambio. Sin embargo, en lugar de recoger ese dinero mediante mecanismos de mercado, pagando una tasa de interés que asuma el propio Estado, el BCB optó por congelar fondos a tasa cero, trasladando el costo del ajuste directamente a los bancos.
Lo más preocupante es que esta no es una medida aislada, sino la tercera reserva de esta índole, sumándose a las anteriores Reservas Monetarias Restringidas y Reservas Monetarias Ampliadas. Aunque el cálculo actual tome una fecha pasada como línea base, la reiteración de este mecanismo sienta un precedente que desincentiva directamente a los bancos a captar nuevos depósitos: ¿qué garantía tienen de que el dinero que capten hoy a tasas altas no será inmovilizado mañana sin remuneración? El resultado es contraproducente frente al intento del Ejecutivo de dinamizar la cartera productiva, con menos incentivos para captar y menos liquidez disponible justo antes de diciembre, el crecimiento de la cartera de créditos seguirá cayendo.
Esta descoordinación refleja el verdadero callejón sin salida de la economía boliviana, estamos atrapados entre la espada y la pared. Si se enfría la economía retirando dinero de circulación para contener el dólar y los precios, se profundiza una recesión que el propio BCB ya proyecta con una caída del PIB del -3,4% para 2026. Pero si se suelta el freno para intentar reactivar el aparato productivo, el riesgo es reavivar una inflación que, si bien ha moderado su ritmo respecto al pico del 20,4% registrado en 2025, todavía se mantiene en un preocupante 7,1% interanual a octubre.
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Pisar el acelerador fiscal y el freno monetario al mismo tiempo no genera equilibrio; genera desgaste. Sin una hoja de ruta coordinada que ataque los problemas estructurales, el país corre el riesgo real de caer en una estanflación, escenario donde la economía no crece, el empleo se estanca y el costo de vida sigue subiendo, golpeando directamente el poder adquisitivo de las familias bolivianas.
