Juan Francisco Gonzales Urgel
Anotábamos en diciembre de 2025:
“(…) todo intento de gestión pública en dirección de superar la crisis sin un acuerdo nacional —por más bien intencionado o exitoso que parezca— lleva la impronta de ser un estertor intuitivo que solo alcanza para capear las circunstancias y las premuras del corto plazo. (Rumbo a 2026. Eju.tv 30.12.25)
Concluidas las elecciones nacionales, la legitimidad del voto ciudadano seriamente dañada por sucesivos cuestionamientos, ungía al nuevo gobierno más que con votos, con el hastío causado por casi dos décadas de corrupción y despotismo racista. Así, el nuevo gobierno tenía sobre sus espaldas el desafío de la reconciliación nacional con un pacto de convivencia donde la necesidad de pasar la página daría espacios al diálogo para construir juntos una sociedad que acabara con los vicios del populismo. Ello ameritaba restaurar la legitimidad de las instituciones públicas, y sobre todo su accionar, con una profunda reforma ética que privilegiara la transparencia, la credibilidad y la confianza de los bolivianos en su nuevo gobierno.
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Pero bastaron 53 días de bloqueos inmisericordes para desnudar a cuerpo entero la improvisación de un Estado que renunciaba a todo intento de garantizar las libertades ciudadanas mediante el legítimo y constitucional monopolio de la fuerza y dejaba a los bolivianos a merced de la quiebra institucional, la ausencia de Ética cívica y la renuncia irresponsable a toda iniciativa política de revertir el desastre heredado.
A partir de allí, los bolivianos entendieron que la urgencia del cambio no implicaba aceptar la resistencia a reducir el tamaño de la burocracia estatal; el retraso alarmante en el tratamiento de los marcos de concordancia constitucional, y leyes sectoriales e instrumentos indispensables de gestión para nuevos escenarios reclamados por el país nacional.
Tras un año de discurso justificador y alguno que otro golpe de efecto mediático, la percepción ciudadana es que el gobierno carece de rumbo y de plan que no sea el torpe intento de maquillar la suplantación de las cabezas operadoras del sistema heredado con el desembozado tráfico de influencias en círculos clandestinos de poder palaciego.
Incluyendo la iniciativa (¿personal?) de suplantación de Marset por Cerimedo.
Tampoco basta anteponer a la desconfianza en el gobierno y el derecho ciudadano a ser informados de la función pública oportuna y adecuadamente -además de las garantías a la libertad de investigar y cuestionar- la amenaza velada de que toda crítica apunta al fortalecimiento de un eventual retorno de Evo Morales al poder.
¿Quedan cuatro años?
