La crisis en el sistema penitenciario en Bolivia es estructural, crónica y persistente


Es urgente impulsar una reforma estructural del sistema penitenciario, sustentada en seis medidas prioritarias: profesionalizar la administración carcelaria; implementar una clasificación criminológica de los internos según sus niveles de riesgo; fortalecer los controles tecnológicos y las auditorías independientes; desarrollar mecanismos efectivos de inteligencia penitenciaria; reducir el uso excesivo de la detención preventiva y establecer sistemas rigurosos de fiscalización y rendición de cuentas.

Sin embargo, considerando que estas deficiencias no son recientes, también corresponde abrir un debate serio sobre la participación del sector privado en determinados servicios penitenciarios. No se trata necesariamente de privatizar las cárceles, sino de evaluar alternativas que permitan mejorar su infraestructura, tecnología, mantenimiento y programas de rehabilitación.

En este sentido, el artículo 74 de la Constitución Política del Estado atribuye al Estado la responsabilidad de la custodia adecuada y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Por su parte, el artículo 88 de la Ley N.º 2298 permite la privatización de determinados servicios penitenciarios, pero excluye las funciones de dirección, administración y seguridad. Por tanto, un modelo mixto, con participación privada regulada y control estatal efectivo, constituye una alternativa que merece ser evaluada.



A la pregunta de que si ¿Sería conveniente implementar en Bolivia una cárcel al estilo Bukele? Considero que más que copiar íntegramente el modelo salvadoreño (sin caer en tratos inhumanos o restricciones incompatibles con la Constitución), Bolivia debería desarrollar su propio modelo de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, con personal especializado, tecnología moderna, clasificación individualizada de riesgos y supervisión judicial efectiva. La severidad del régimen penitenciario debe responder a criterios legales, objetivos y proporcionales, distinguiendo especialmente entre personas condenadas y detenidas preventivamente sumado al componente que los reos hagan actividad de servicio social, como ser: trabajos de desbroce de maleza, limpieza de montes, mantenimiento de caminos y recuperación de espacios públicos, bajo estricta supervisión estatal.

En ese sentido, debería priorizarse el trabajo penitenciario y convertirse en un componente esencial de la reforma carcelaria. No es razonable que las personas condenadas permanezcan durante años en establecimientos penitenciarios sin desarrollar actividades productivas, educativas o de capacitación. Bolivia debería establecer un régimen efectivo de trabajo penitenciario para los condenados, con obligaciones y excepciones legalmente definidas y con supervisión estatal, que permita adquirir oficios, contribuir al sostenimiento de sus familias y, cuando corresponda, reparar económicamente a las víctimas.

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La cárcel no debe ser únicamente un lugar de encierro, donde el ocio impere y las mafias sigan operando. Es absurdo que existan bares, tiendas, restaurantes, cafeterías, pequeños mercados y otros negocios administrados por personas privadas de libertad. La cárcel tiene que ser un espacio de disciplina, responsabilidad, trabajo y reinserción social. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde la autoridad del Estado termina en la puerta de ingreso.

Por otro lado, hay quienes dicen que el encierro no constituye una solución porque la reinserción social no existe. Ese razonamiento parte de una premisa equivocada porque confunde el fracaso de determinadas políticas penitenciarias con la imposibilidad de rehabilitar a una persona.

La reinserción social no es una ficción, sino una finalidad constitucional que requiere trabajo, educación, disciplina, tratamiento criminológico y oportunidades reales de reintegración. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que la prisión, cuando está legalmente justificada, cumple funciones de protección social y respuesta frente al delito.

El verdadero problema no es que la reinserción sea imposible, sino pretender alcanzarla mediante cárceles donde predominan el hacinamiento, la inactividad, la corrupción y la ausencia de control estatal. La solución no consiste en renunciar a la prisión ni en confiar exclusivamente en el encierro, sino en construir un sistema penitenciario que combine seguridad, responsabilidad, trabajo y rehabilitación efectiva.

También es útil examinar la experiencia estadounidense, donde la justicia penal contempla la libertad bajo compromiso de comparecencia, las fianzas y la supervisión judicial para evitar detenciones preventivas innecesarias. Estas alternativas permiten considerar, entre otros factores, el costo económico del encarcelamiento, pero no significan que Estados Unidos reserve la prisión exclusivamente para los delitos más graves: su sistema también presenta un elevado uso del encarcelamiento.

Sin embargo, trasladar esa lógica a Bolivia no es cuestión de copiar instituciones extranjeras. La libertad supervisada solo funciona si existen jueces independientes, evaluaciones confiables de riesgos, mecanismos de seguimiento y consecuencias efectivas frente al incumplimiento. Bolivia ya reconoce medidas cautelares alternativas a la detención preventiva; el desafío es aplicarlas con una institucionalidad sólida. Por ello, antes que importar modelos, corresponde ejecutar las reformas aquí propuestas: profesionalización, control penitenciario, clasificación de riesgos, fiscalización, reducción de la detención preventiva y trabajo productivo bajo supervisión estatal.

Por lo tanto, el problema de fondo no es únicamente quién administra las cárceles, sino la falta de control efectivo sobre lo que ocurre dentro de ellas. La participación privada en determinados servicios y la construcción de establecimientos de máxima seguridad pueden contribuir a mejorar el sistema, pero ninguna de estas medidas sustituye la obligación estatal de prevenir la violencia, combatir la corrupción y garantizar la reinserción social.

En definitiva, Bolivia necesita cárceles más seguras, una administración penitenciaria profesional y un Estado capaz de ejercer verdaderamente su autoridad. La seguridad penitenciaria no puede seguir dependiendo de respuestas improvisadas después de cada hecho de violencia.

La verdadera fortaleza del Estado no consiste en construir cárceles cada vez más severas, sino en garantizar que sean efectivamente seguras, que la criminalidad no se reproduzca en su interior y que la privación de libertad se ejecute con pleno respeto a la Constitución y a la dignidad humana.

 

 

Ciro Añez Núñez.