
Cuando las personas discrepan sobre qué valores deberían perseguir, en especial las autoridades y funcionarios de alto rango, la sociedad no sabe cómo puede defenderse ni como encontrar el mejor método para corregir estas discrepancias, se hace difícil entender porque estos mandos están lejos de defender los propósitos para los que fueron designados y que deberían cumplir a rajatabla. Resulta profundamente inquietante la idea de que hay personas que creen que están por encima de todo y de todos. En mi columna del 21 de marzo comentaba que el 16 de ese mes, la Policía acudió a una quinta de donde huyo Marset y sus cómplices para una intervención en compañía de una fiscal de Santa Cruz, pero, la autoridad instruyó a los policías que no ingresen al inmueble, ordenó que se precinte el predio y no hizo el requerimiento correspondiente para que se deje personal policial de custodia. La fiscal dispuso que el personal policial se retire a otro operativo, en todo ese ínterin, otras personas llegaron al lugar y saquearon el bien inmueble, el gobierno informó que se ordenó una investigación. Hoy la fiscal está prófuga y buscada. El lunes 17 del mismo mes, se conoció que dos operadores de justicia de Santa Cruz permitieron devolver cuantiosos bienes al narcotraficante Marset, patrimonios que habían sido incautados tras su fuga en julio de 2023. Hoy esos sujetos están presos, pero por otros motivos, ya que los sinvergüenzas se declararon culpables, en otro juicio, de asociación delictuosa en una confabulación judicial para ser sentenciados por tres años y evitar ser encarcelados.
Romer Saucedo expresidente del Tribunal Supremo de Justicia es un fugitivo buscado por la justicia que juraba defender. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra el 3 de noviembre de 2026 por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, el 4 de noviembre él informó que salió del país alegando persecución política. Tiene el cinismo de exigir que cese la persecución en su contra.
Livia Alarcón, jueza de Santa Cruz es investigada por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público tras difundirse señalamientos sobre una supuesta reunión con Sebastián Marset antes de su captura. Sus antecedentes disciplinarios reportan un proceso en revisión en Sucre y una destitución previa por abandonos de despacho que fue anulada tras recursos constitucionales y un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El general de la Fuerza Aérea Boliviana Germán Rodrigo Mendizábal fue aprehendido este 16 de noviembre de 2026 y se le dictó detención domiciliaria por su presunta participación en irregularidades del caso radares. Es investigado por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. Entre otros cargos, fue comandante del Grupo de Control Aéreo y Vigilancia y luego coordinador del proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta). En septiembre de 2026 fue designado por Rodrigo Paz como Secretario General del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep). Se indaga su participación en el proceso de selección de la proveedora francesa Thales y en los informes sobre ampliación de plazos. Una auditoría de Defensa de marzo de este año, que no era pública, ya lo señalaba por las irregularidades, la información que lo vinculaba al caso estaba en manos del Estado antes de su nombramiento, no importó, quien debía diseñar la nueva política de Seguridad del Gobierno está aprehendido en un caso que el propio gobierno llevó a la justicia,
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Apenas dos semanas después de asumir funciones, el coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Rolando Salvatierra Callaú, fue destituido el 17 de noviembre por decisión del fiscal general del Estado, José Armando Urioste, tras verificarse que registraba antecedentes penales que “no habían sido advertidos al momento de su designación”. El antecedente que terminó por comprometer la permanencia de Salvatierra en el cargo está relacionado con una sentencia ejecutoriada por homicidio.
Este noviembre de 2026, el Viceministerio de Transparencia de Bolivia, ha denunciado ante el Ministerio Público una estructura organizada de corrupción y enriquecimiento ilícito en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la red funcionaba como un negocio paralelo dentro de la entidad: cobros ilegales y extorsión, exigencia de dinero o coimas (de hasta USD 20.000) para emitir licencias de funcionamiento a nuevos surtidores, evitar la revocatoria de permisos, liberar cisternas intervenidas, asignar cupos de combustible o gestionar reuniones con altas autoridades, desvío de gasolina y diésel hacia Perú y hacia actividades de minería ilegal, estaciones favorecidas en la asignación de cupos. Se ha denunciado también ocultamiento patrimonial, uso de cuentas no declaradas, familiares, terceros, intermediarios y empresas fachada, además de omisiones e inconsistencias en declaraciones juradas de bienes y rentas. Una funcionaria de la ANH, Margot Ayala fue designada por el gobierno de Rodrigo Paz como Directora de la Agencia en noviembre de 2025, fue alejada del cargo en febrero de este año tras la confirmación de que atestiguó varios hechos de corrupción durante el gobierno del MAS y nunca los denunció.
En una muestra de absoluta irresponsabilidad cercana a una acción delincuencial, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, declaró en una entrevista que el 12 de enero de 2027 es la fecha del fin de la subvención a la gasolina, indicó que se debía preparar a la población y contemplar medidas de compensación para los sectores más vulnerables ante una eventual alza de precios. En respuesta el Gobierno a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías afirmó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz no tomó ninguna determinación sobre modificar o eliminar la subvención a la gasolina para el 12 de enero ni para otra fecha. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, indicó que la medida se evaluará eventualmente con responsabilidad, y el divertido vocero gubernamental Gálvez señaló que el tema está en análisis, no en la agenda inmediata, y requerirá socialización previa si se adopta la medida. El daño está hecho, más inflación y subida de precios, el funcionario: bien gracias, por moral, si no se fue, deberían irlo.
Mgr. Fernando Berríos Ayala/Politólogo