Se debe avanzar en mejorar las redes de distribución y reducir riesgos
Por Marco Mendoza

Actualmente todas las empresas cumplen con la norma NB-
Fuente: La Razón
Los cuestionamientos sobre la calidad del agua giran en torno a la contaminación por residuos mineros, la afectación de fuentes superficiales y los riesgos microbiológicos que no siempre son detectados mediante los controles rutinarios establecidos en la norma NB-512.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Aunque aparentemente la provisión de agua responde a criterios similares, las condiciones varían según cada región del país. Por ello, analizamos cómo se desarrolla este servicio en las ciudades del eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Recientemente surgieron denuncias sobre la contaminación de fuentes de agua destinadas al consumo humano en Cochabamba, particularmente en Misicuni, por actividades mineras y otros agentes contaminantes. Situaciones similares también fueron reportadas en el departamento de La Paz.
Hallazgos
Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), presentado en agosto de este año, reportó que los análisis convencionales realizados en las redes de distribución cumplieron, en general, con los parámetros bacteriológicos establecidos en la NB-512. Asimismo, identificaron concentraciones de metales como arsénico, cadmio y plomo dentro de los rangos considerados seguros. Sin embargo, el estudio advirtió sobre condiciones ácidas e impactos de la actividad minera en represas como Hampaturi y Milluni.
A través de estudios más especializados se detectó la presencia de Legionella, Cryptosporidium y amebas en algunos puntos de la red de distribución, además de biopelículas en tuberías y tanques. Estos hallazgos fueron identificados incluso en puntos donde el agua llega después de atravesar procesos de purificación y potabilización.
“Mediante técnicas moleculares detectamos la Legionella en la red de Pampahasi, que recibe agua de Hampaturi. La bacteria se encontraba en porcentajes bajos en la represa, pero apareció en mayor cantidad en la red de distribución, es decir, tras el tratamiento”, explicó a La Razón María Teresa Álvarez, docente investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Además, se confirmó que algunas bacterias desarrollaron resistencia al cloro. La experta señaló que es importante que las pruebas de calidad no se limiten a las fuentes de agua, sino que alcancen las redes de distribución hasta llegar al grifo de los domicilios.
“Es importante ampliar el control de calidad debido a que las biopelículas también pueden formarse en los tanques domiciliarios cuando no reciben una limpieza periódica”, indicó.
Tras estos hallazgos, la Gerencia de EPSAS defendió la potabilidad y seguridad del agua suministrada a la población. La empresa señaló que las muestras correspondían a 2024 y respaldó sus procedimientos de control rutinario.
De acuerdo con el reporte de EPSAS, su laboratorio central realiza monitoreos y controles diarios, con el análisis de 216 muestras al mes en La Paz y El Alto. Cuenta con la acreditación ISO 17025, otorgada por IBMETRO, que comprende 24 parámetros de calidad. Además, realiza la toma de muestras en represas, plantas de tratamiento y puntos de distribución, en ocasiones en coordinación con municipios o con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Cochabamba
En este departamento coexisten dos realidades: por un lado, el agua tratada que circula por la red formal del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), bajo parámetros normativos; por otro, los sistemas de distribución, especialmente en la zona sur y los municipios conurbados, que dependen de carros cisterna, tanques comunitarios, pozos o comités locales de agua (OLPE).
En estos últimos casos, la calidad del líquido puede deteriorarse por la falta de cloración continua y la limpieza deficiente de los tanques de almacenamiento.
En varios barrios, el servicio por red no es continuo durante las 24 horas, situación que obliga a las familias a almacenar agua en turriles o tanques domiciliarios. Durante este proceso, el líquido puede perder cloro residual y quedar expuesto a la contaminación.
La AAPS es la entidad encargada de fiscalizar la aplicación de la norma NB-512, que establece parámetros microbiológicos, fisicoquímicos y de metales. A su vez, el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba tienen a su cargo la vigilancia sanitaria de los sistemas de distribución de agua potable.
Santa Cruz
A diferencia de La Paz y Cochabamba, el área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra se abastece casi exclusivamente de aguas subterráneas, mediante baterías de pozos profundos.
SAGUAPAC, principal cooperativa encargada de abastecer a gran parte de la ciudad, reportó que opera con laboratorios certificados bajo la norma ISO 9001 y monitorea más de 120 puntos de la red, en cumplimiento de la NB-512. La entidad sostiene que realiza un control estricto de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la calidad del agua.
Sin embargo, pese al cumplimiento de los controles en los sistemas de distribución, estudios realizados por el Gobierno Municipal de Santa Cruz y la Gobernación advierten que más del 60% de los pozos poco profundos, de entre 0 y 50 metros, presentan contaminación orgánica, mineral o bacteriana, con presencia de nitratos, cloruros, manganeso y coliformes. Esta situación estaría relacionada con la infiltración de aguas residuales en zonas que carecen de alcantarillado sanitario.
Este escenario obliga a SAGUAPAC y a otras cooperativas que prestan el servicio a perforar pozos cada vez más profundos, de entre 150 y 200 metros, para extraer agua destinada al consumo humano.
Los acuíferos que abastecen al área urbana también se ven afectados por el avance de las urbanizaciones, la deforestación y los proyectos viales que impermeabilizan el suelo, reducen la filtración natural y aumentan el riesgo de contaminación de las fuentes subterráneas de abastecimiento.
En cuanto a las fuentes superficiales, la cuenca del río Piraí, que atraviesa municipios como El Torno, La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Montero, recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales, además de agroquímicos, factores que degradan su calidad ambiental.
En el sur del departamento, la cuenca del río Parapetí, en Camiri, también registra niveles críticos de contaminación debido a las descargas urbanas. Esta situación evidencia la necesidad de construir plantas de tratamiento de aguas residuales.
Además de la fiscalización de la AAPS, la vigilancia epidemiológica corresponde al SEDES Santa Cruz, mientras que la Gobernación regula la clasificación de los cuerpos de agua en las categorías A, B, C y D, y realiza auditorías ambientales en zonas de recarga acuífera para frenar la contaminación de las fuentes subterráneas.
Otro factor que debe tomarse en cuenta son las importantes brechas de cobertura, continuidad y calidad del servicio entre las zonas urbanas y rurales.
Acceso
La cobertura nacional de agua potable, según un estudio de la cooperación técnica alemana GTZ, se sitúa cerca del 86%, con un acceso urbano superior al registrado en el área rural, donde la cobertura desciende a rangos de entre el 61% y el 69%.
En septiembre, autoridades del área hídrica señalaron que alrededor de cinco millones de bolivianos todavía carecen de acceso a agua potable. En algunas comunidades rurales, la población obtiene agua de fuentes que también son utilizadas para el riego. Sin embargo, durante su recorrido, estas reciben descargas de aguas residuales provenientes de centros urbanos y, ante la falta de plantas de tratamiento, transportan una importante carga contaminante.
Tomando en cuenta estos antecedentes, resulta necesaria la actualización de la norma NB-512, mediante la incorporación de parámetros y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen criterios preventivos y valores de referencia para evaluar la seguridad del agua potable.
“Sí es necesario poder actualizar la norma para ampliar el espectro de estudio del agua y sus niveles de calidad y seguridad, tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS”, indicó Álvarez a La Razón.
La actualización de la normativa y el fortalecimiento de los controles quedan como tareas pendientes para las autoridades, con el objetivo de garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla condiciones adecuadas de calidad y seguridad.
Fuente: La Razón
