Las ministras plantean que la restricción se extienda al sector público y a las FFAA, ya que ya rige en Educación y la Policía. Aboga que similar decisión sea asumida en el sector privado. La ONU denunció que en algunos países de la región son asesinadas, en promedio, dos mujeres por día.
Ministras plantean decreto para que agresores no accedan a cargos en la administración pública
Martes 25 de noviembre de 2014. Las ministras del Gabinete participan de la aprobación de un decreto, para que las personas que tengan una denuncia de violencia contra la mujer no accedan a cargos en la administración pública. (Fotos: Jorge Mamani)
La Paz, 25 nov (ABI).- La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó el martes que las ministras que forman parte del Gobierno plantearon la aprobación de un decreto, para que las personas que tengan una denuncia de violencia contra la mujer no accedan a cargos en la administración pública.
«Las ministras hemos planteado un decreto supremo para operativizar que ninguno no solamente maestros, policías sino Fuerzas Armadas, quienes sean denunciados por un hecho de violencia no puedan acceder a un cargo en la administración pública», dijo.
La Ministra manifestó que se espera que en el ámbito privado se asuma la misma responsabilidad, porque la violencia no es propia de la administración pública, sino va más allá.
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La pasada semana, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó que en la Policía y en el magisterio, las autoridades del sector ya habían aprobado normativas para evitar que personas que hayan cometido hechos de violencia contra la mujer no asciendan al grado inmediato o a la categoría respectiva.
El planteamiento del decreto es parte de una campaña sostenida denominada ‘Alto a la violencia’, que se inicia esta jornada a propósito del Día Internacional de la lucha contra la violencia a la mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre.
Suxo dijo que así como el Gobierno respeta la cultura de paz y de diálogo «queremos tener paz hogares, familias y escuelas espacios en los que participa la mujer con seguridad que nos lleve a ver que no habrá violencia y si la hay que será sancionada».
Por su parte la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, convocó a la sociedad en su conjunto a luchar contra la violencia a la mujer, porque -dijo- no basta con la aprobación de leyes, con querer endurecer las penas, ya que debe existir conciencia en las personas: en las mujeres de hacerse respetar y en los varones de respetar los derechos de las mujeres.
No obstante, destacó la normativa boliviana relacionada a la violencia, la que es incluso «envidiada» en el exterior, aunque aseveró que se precisa aplicarla, para lo que reiteró el pedido del concurso de todos los actores de la sociedad.
A su turno, la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, dio cuenta que la campaña gira en torno a tres principales ejes: no más impunidad, no más víctimas y fomentar una movilización social grande con participación activa de hombres y mujeres.
Ministras plantean extender restricción y que denunciados por violencia en FFAA y cosa pública no accedan a cargos públicos
La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que las ministras plantean que la restricción se extienda al sector público y a las FFAA, ya que ya rige en Educación y la Policía. Aboga que similar decisión sea asumida en el sector privado. La ONU denunció que en algunos países de la región son asesinadas, en promedio, dos mujeres por día
La Razón Digital / La Paz
Las ministras del gabinete del presidente Evo Morales plantearon un decreto supremo con la finalidad de extender a las Fuerzas Armadas y a la administración pública la decisión de que los denunciados por violencia contra la mujer no puedan asumir cargos en la administración pública. Esperan que similar decisión sea asumida en el ámbito privado.
La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó en el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que al momento en la Policía y en el sector de la educación ya rigen restricciones contra los denunciados por violencia contra la mujer, por lo que ahora el desafío, sostuvo, es ampliar ese universo.
“Las ministras hemos planteado un decreto supremo para que esto (veto) puede operativizarse esta situación, que ninguno, no solo los maestros o los policías, sino también los representantes de las Fuerzas Armadas, los servidores públicos y servidoras públicas denunciados por un hecho de violencia, no podrán asumir cargos en ninguna de las entidades públicas”, informó.
El Ministerio de Educación determinó que los maestros con imputación o sentencia ejecutoriada por actos de violencia ejercida contra la mujer o contra cualquier miembro de su familia no podrán ejercer, ni acceder a Cargos Directivos de Institucionalización del Sistema Educativo que comprende direcciones de unidades educativas, distritales, de núcleo, de subdirectores o directores departamentales.
Suxo pidió que el sector privado asuma similar decisión, porque en ese ámbito también hay casos de violencia contra la mujer. “Esperamos que en el ámbito privado se asuma esta misma responsabilidad, porque la violencia no solo tiene que ver únicamente con el ámbito público, tiene mucho que ver en el ámbito privado”, reflexionó.
El gabinete del presidente Evo Morales está constituido por siete mujeres.
El parágrafo I del artículo 13 de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece: “Para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia”.
La representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, informó que el organismo internacional apoya todas las acciones bolivianas destinadas a combatir la violencia contra la mujer. “Bolivia es uno de los países pioneros con la implementación de la ley específica de protección a las niñas y mujeres, la ley 348”, destacó.
Grigsby destacó que el resto es implementar esa norma. “La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo, no solo un problema, sino una pandemia en nuestras sociedades”, y señaló que, según datos de la ONU, 120 millones de niñas se vieron obligadas a mantener sexo forzado en algún momento de sus vidas, y que 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia domestica aún no es considerada un delito.
“En algunos países de la región hasta dos mujeres son asesinadas en promedio cada día”, denunció.