La ocupación de minas, tierras e inclusive terrenos urbanos y peri-urbanos, de la que no se libran las propiedades municipales, junto a las cortapisas que recaen con preferencia sobre los emprendimientos mineros e industriales, están creando situaciones de incertidumbre y despojo que atentan contra la economía nacional y la paz social.
Editorial El Diario
El discurso preelectoral atenuado del oficialismo no es suficiente para modificar dichas condiciones y se abre un panorama incierto a partir de la posible reelección del presidente Evo Morales.
La disputa violenta que ha cobrado vidas entre trabajadores mineros y cooperativistas y entre éstos y comunarios por la posesión de parajes extractivos, es un horizonte poco prometedor que no parece tener fin en las actuales condiciones. El ejemplo socialmente más cruel es el de la mina Himalaya, ocupada por los comunarios del lugar, dejando sin trabajo a cientos de mineros que no encontraron apoyo ni protección en las autoridades, quedando confinados al hambre junto a sus familias.
Desafiando el cuadro anterior inversionistas coreanos han instalado una planta hidrometalúrgica en Corocoro, provincia Pacajes del Departamento de La Paz, para la explotación de cobre, reactivando ese distrito que fuera emblemático de dicha producción. Si bien los trabajos se iniciaron sin la licencia ambiental respectiva, dispuesta por la Ley del Medio Ambiente, y no obstante encontrarse en curso el trámite, fue suficiente para que se desate una serie de hostigamientos muy próximos a la paralización de actividades, pese a que sólo habían transcurrido días desde el inicio. Afortunadamente éste contó con la presencia del Primer Mandatario, lo que parece haber influido en la extensión más o menos rápida de la licencia ambiental. Sin embargo la empresa correspondiente fue sindicada de la contaminación de ríos y de la degradación del hostil medio ambiente y no sería raro que de entrada hubiera tenido que reconocer alguna indemnización.
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Aparte de las prerrogativas constitucionales de territorialidad y de consultas previas cuando de explotaciones de jurisdicción de las comunidades se trate, existen Organismos No Gubernamentales del Medio Ambiente que se encargan de ejercer presión sobre las mismas para una celosa observancia de las disposiciones del ramo, como acaba de ocurrir en Corocoro. El interés no parece ser otro que el de justificar el financiamiento proveniente del exterior. Tampoco dejó de intervenir el Conamaq, habiendo trascendido la actuación intolerante y extremista de algún poblador de la región con la intención de lograr un levantamiento de la comunidad, la que permaneció tranquila.
Si a pocos días del inicio del emprendimiento cuprífero se saborea dichos contratiempos, qué será después. Quizá por encontrarse lejos de zonas pobladas o por razones de tipo psicológico, las actividades de El Mutún transcurren en paz. Es que diversas fuentes sostienen un ánimo belicoso con el afán de crear conflictos permanentes, con el objetivo final de apoderarse de los complejos extractivos o industriales, como ha ocurrido con la mina Himalaya y otros establecimientos, inclusive de tipo agroindustrial, bajo el señuelo de obtener beneficios personales y de grupo. El trayecto que lleva a ese fin se traduce en una serie de presiones y extorsiones, al presente bajo el parapeto de la nueva Constitución.
Si la próxima Asamblea Plurinacional no desarrolla con criterio constructivo la reglamentación de dichas prerrogativas, garantizando las inversiones y la iniciativa privada, se decretará la expulsión de las empresas en actual explotación y se habrá levantado un muro impenetrable a futuras inversiones, con las archiconocidas consecuencias de pobreza y expulsión de compatriotas al exterior por falta de trabajo, en suma, recesión económica. La propaganda de industrialización por obra estatal queda sólo en expectativas y promesas y parece que no se quiere ver que el Estado es un pésimo administrador, de cuya gestión sólo se puede esperar corrupción y otros males conexos.