En su último informe sobre el tema, Transparencia Internacional aplaza a Bolivia en la lucha contra la corrupción, al adjudicarle apenas un puntaje de 2.7 sobre 10. La medición de dicho organismo ubica al nuestro casi encabezando la nómina de países en los que campea la corrupción, tanto de América Latina como del mundo entero.
Editorial El Deber
El Gobierno de Evo Morales reaccionó enseguida, responsabilizando por tal descalificación a una oposición que trabó en el Parlamento sus iniciativas legislativas para acabar con el mal, así como a un Poder Judicial de poca efectividad procesal penal en los casos de corrupción.
Cabe destacar que lo de Transparencia Internacional es una lupa bajo la cual están todos los países del planeta. Corresponde el mayor rigor de observación a naciones pobres y subdesarrolladas, desventajas a las que agregan lo suyo democracias imperfectas en las que la política es sinónimo de clientelismo, tráfico de influencias, reparto de cargos entre prosélitos, amigos y familiares, amén de otras irregularidades que abren las puertas al manejo doloso de recursos y bienes del Estado. Se trata de un observatorio al cual no se le escapa nada y cuyas calificaciones anuales se nutren de datos concretos que llegan a sus registros desde todas las latitudes. Y no fueron pocos los que le llegaron de Bolivia a través de los medios de comunicación social de alcance internacional: el caso de contrabando de Cobija, el relajo mayúsculo de YPFB sobre coimas millonarias a cambio de favores en cuestiones contractuales, seguidas del asesinato de un empresario tarijeño involucrado en la trama. La adjudicación directa de contratos de obras y aprovisionamiento, de espaldas a las instancias de control y fiscalización que establece la Ley Safco; la virtual desaparición del Tribunal Constitucional, junto a la persecución desatada contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, además de otros hechos, sin duda alguna, fueron tomados en cuenta por Transparencia Internacional para aplazar a Bolivia en la lucha contra la corrupción.
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Así planteadas las cosas, en protección de su imagen, es urgente que el Gobierno apele esencialmente a lo preventivo en la lucha contra la corrupción. Aquel tramo es esencial para reducir el mal al mínimo posible. Debe empezar por dejar atrás la modalidad de contratación directa de obras, bienes y servicios, sometiendo estas iniciativas, en forma rigurosa , a los procedimientos de control y fiscalización de la ley correspondiente, en cuya normativa deben consignarse mecanismos de control y fiscalización coetáneos a ejecuciones presupuestarias y formalización de contratos entre el Estado y personas jurídicas particulares, de modo que los órganos encargados de esta labor realmente eviten, en forma oportuna, que los corruptos hagan mal uso o se roben los recursos que nos pertenecen a los bolivianos. La Ley Safco, como lo sabe sólo muy poca gente, se atiene únicamente al ‘control posterior’, falla que en gran medida corre a favor de los corruptos.
En materia de lucha contra ese mal, la prevención es fase mucho más importante que la represión. Esta es sin duda indispensable, pero no garantiza efectos disuasivos entre los corruptos. El retorno a la meritocracia figura también entre los requisitos a cumplir para hacer efectiva la lucha contra la corrupción. En los nombramientos en cargos administrativos deben observarse las normas relativas a idoneidad, experiencia y honestidad comprobada, sin que importe para nada la militancia política del candidato al cargo.