Rechazo: El Vicepresidente anunció que el Gobierno mantendrá un proyecto sobre explotación de la caña de azúcar en el norte paceño pese a un informe de USAID que advierte de peligros ambientales y económicos. García Linera dijo que la agencia no volverá a imponer sus criterios en Bolivia.
Proclamación: seguidores del Movimiento Al Socialismo, ayer, durante una concentración en la que participó el Vicepresidente en Ciudad Satélite, El Alto
La Prensa
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Boris Miranda Espinoza
USAID sigue en la mira y un informe reaviva la tensión con el Gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera descartó un estudio de la agencia estadounidense en el norte de La Paz y anunció que continuará con el proyecto de explotación azucarera en San Buenaventura “pese a quien le pese”.
El segundo hombre del Ejecutivo se pronunció ayer sobre una investigación conjunta hecha por USAID y Conservación Internacional que advierte sobre los peligros de la siembra de caña de azúcar en el norte paceño durante una proclamación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto.
“Nuestro proyecto (de explotación azucarera) en San Buenaventura va a arrancar pese a quien le pese. Aunque los gringos saquen informes contrarios, vamos a producir caña de azúcar para producir energía. (…) El informe de USAID dice que no se puede cultivar caña en La Paz, no, señores, tenemos nuestro propio informe, nosotros vamos a construir nuestro ingenio azucarero ahí”.
La autoridad hizo referencia al informe elaborado por Conservación Internacional en coordinación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El documento, disponible desde el sitio web de USAID, advierte de riesgos ambientales para la preservación del Madidi y de los suelos de la región. Además cuestiona la viabilidad económica del proyecto de cultivo de caña de azúcar en San Buenaventura, provincia Iturralde.
García Linera reveló que el Gobierno elaboró un estudio propio de factibilidad, asesorado por expertos brasileños y cubanos, dos países con amplia experiencia en la plantación y procesamiento de la caña de azúcar.
El Vicepresidente reiteró que las agencias de cooperación internacional nunca más impondrán sus criterios en Bolivia. Anteriormente reveló que el Gobierno de Barack Obama persiste en interferir en asuntos internos de Bolivia.
En julio, cuando el presidente Evo Morales anunció el proyecto en San Buenaventura, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, denunció que USAID influye en indígenas y en ONG que operan en la zona, para que protesten sobre daños ambientales a la región.
Coca denunció que USAID financia algunas organizaciones, como la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, para que objeten los proyectos de exploración petrolera y la siembra de la caña en el norte paceño, “bajo falsas argumentaciones en defensa del medio ambiente” .
USAID cierra definitivamente su programa de fortalecimiento democrático municipal este mes. En agosto, el Ministerio de Planificación instruyó a la agencia clausurar los programas del módulo democracia y el módulo justicia. El Gobierno no quiere que USAID mantenga contacto con temas relacionados con la política interna boliviana.
El estudio realizado por la ONG estadounidense preocupa a indígenas tacanas de San Buenaventura y Rurrenabaque sobre la preservación ambiental, fundamentalmente en la zona de Apolo, donde, de acuerdo con el documento, ni siquiera existe un guardabosques y no hay control sobre la explotación de la madera.
El Gobierno maneja la información de que los tacanas son influenciados por USAID. Denunció que la misma situación sucede con los indígenas agrupados en la Asamblea de Pueblos Guaraníes en el Chaco tarijeño.
La reapertura de varias actividades de USAID está suspendida y depende del avance de las negociaciones entre las comisiones de Bolivia y Estados Unidos que conversan desde mayo asuntos relacionados con acuerdos comerciales, reestablecimiento de embajadores, lucha antinarcóticos y cooperación.
El Vicepresidente reveló a La Prensa que la posición del Ejecutivo es mantener distancia de la administración Obama mientras ésta tenga injerencia en la política nacional.
USAID todavía opera en el país, aunque ya perdió pisada en algunas zonas como el Chapare, donde los cocaleros determinaron el cierre de todos sus programas. Los predios de la agencia pasaron a ser administrados por los municipios de la zona.
La agencia contra las drogas DEA, en cambio, tiene suspendidas todas sus actividades en el país desde el 1 de noviembre de 2008 por decisión del presidente Morales.
Fuentes en el interior del Ejecutivo revelaron que la negociación entre ambos países volvió “prácticamente a cero” y que la firma del acuerdo marco de entendimiento, anunciada para esta semana, no se realizará en este año.
El proyecto gubernamental de producción energética y de exploración de petróleo en La Paz, según García Linera, obedece a la necesidad de generar equilibrios económicos regionales en todo el país.
El Vicepresidente aseguró la sustentabilidad económica de la siembra de caña.
Temor al voto cruzado persiste
El temor del Movimiento Al Socialismo (MAS) al voto cruzado persiste y ahora es un problema nacional. El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró a los sectores masistas que votar por otro frente en la franja de diputados uninominales es una “traición al proceso de cambio y al presidente Evo Morales”.
La autoridad gubernamental, en una concentración en El Alto, reiteró el pedido que hizo Evo Morales durante toda la anterior semana para que el voto sea uniforme el 6 de diciembre. García Linera causó risas entre los asistentes al referirse al tema. “Está bien que en el amor seamos algo wistus (chuecos), pero en la política no podemos ser así”.
Si bien la problemática del voto cruzado es un fenómeno detectado en Santa Cruz y en algunas circunscripciones paceñas donde hay candidatos invitados, los postulantes masistas piden frenar esta tendencia en todas las concentraciones en las que participan. Trascendió que el problema es más profundo y que hay organizaciones afines al MAS que no lograron imponer sus candidatos y quedaron molestas.
Continúa el plan de cierre de programas
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) continúa con su cronograma de finalización de proyectos del área de democracia, observados por el Gobierno de Bolivia, pero continuará trabajando en los sectores de oportunidades económicas, medio ambiente, salud, desarrollo integral y seguridad alimentaria.
Una fuente reservada de la institución estadounidense comentó ayer que el programa de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas (Fidem) cerrará en las siguientes semanas sus actividades porque hasta la fecha no hubo un pedido del Gobierno boliviano para que ese proyecto continúe sus labores en el país.
Fidem es la segunda actividad, después de los Centros Integrados de Justicia (CIJ), que cesará sus actividades. Ambos pertenecen al área de democracia, observado por el Ejecutivo porque, supuestamente, efectúa tareas políticas y no de desarrollo social ni de asistencia técnica.
Fidem, de acuerdo con información de USAID, tiene como objetivo apoyar a los gobiernos descentralizados, incluidos los niveles departamental y municipal, para que puedan ofrecer mejores servicios de manera democrática.
Fuentes de la Embajada de Estados Unidos informaron el 19 de septiembre que el Ministerio de Planificación comunicó que USAID debía retirar del país esos dos proyectos.
Pese a este problema, USAID seguirá operando en las otras áreas hasta la finalización de cada uno de los proyectos en los plazos preestablecidos. Aunque algunos de ésos, que no se mencionaron, tienen la proyección de continuar sus operaciones porque no son del área de democracia.
La página web de USAID no especifica cuántas personas quedarán cesantes por el cierre de programas ni los fondos que deberán revertirse por esos motivos.
El área de democracia fue especialmente atacada por el Gobierno desde la pasada gestión, porque supuestamente canalizó recursos económicos para sostener los movimientos de oposición al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, por entonces, la Embajada de Estados Unidos negó esas acusaciones.
Este año, miembros del Ejecutivo volvieron a la carga y vincularon a USAID con el financiamiento a Manfred Reyes Villa a la Presidencia por el frente Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), que fue rechazado por éste.