Se decidió el envío de Selva Camacho a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz); su hijo, Luis Alejandro Bell Camacho fue enviado a San Pedro; Ericka Rojas Rivero irá al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yadilile Bravo Espinoza al de Miraflores, de La Paz.
Una jueza manda a prisión a cuatro acusados de YPFB
Corrupción. Detención preventiva para Bell, Camacho, Rojas y Bravo.
La Razón / La Paz, Bolivia
Juzgado. La exfuncionaria de YPFB Chaco Selva Camacho (primer plano), en audiencia judicial. Foto: YPFB.
La jueza 1° de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Selva Camacho, Luis Alejandro Bell, Yamile Bravo y Erika Rojas, implicados en la red de corrupción denunciada por la empresa estatal YPFB.
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En la audiencia de medidas cautelares que duró más de ocho horas, la jueza determinó la medida preventiva que fue solicitada por el fiscal Leopoldo Ramos. La autoridad indicó que los delitos que concurrieron fueron asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho.
Esta “red de corrupción” fue denunciada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la pasada semana. Apuntaba a los empleados Ever Terán, que cumple arresto domiciliario, y Camacho.
Según la denuncia, ellos integraban un grupo, con vínculos familiares, de cuatro empresas que se han beneficiado de contratos vinculados e ilícitos. Camacho, exfuncionaria de Almacenes de YPFB Chaco, guardará detención en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, según la resolución que fue leída hasta las 00.25 de este martes por la jueza Delgadillo.
Antes de ser trasladada a celdas policiales, Camacho anunció ante los medios de prensa que hoy formalizará una denuncia por corrupción en la que supuestamente está implicada una pariente del actual presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Para Luis Alejandro Bell, hijo de Camacho, se dispuso la detención en el penal de San Pedro. Él era representante legal de la empresa Bravo, identificada como una de las beneficiadas en este caso. En tanto, Yamile Bravo, quien es propietaria de esta compañía, guardará detención en el penal de Miraflores.
Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí en Santa Cruz, fue trasladada al penal de mujeres de la zona de Obrajes. Otro implicado, Guido Alarcón, fue enviado a San Pedro la pasada semana. En la audiencia de ayer, los acusados denunciaron la participación de otros funcionarios de YPFB en el caso.
Cuatro acusados en caso YPFB van a la cárcel
Tres de los cuatro detenidos siguen sin imputación, cinco días después de ser trasladados a La Paz desde Santa Cruz.
El Juzgado Primero de Lucha contra la Corrupción decidió la detención preventiva para los acusados de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
El Deber, La Paz
Cerca de las 24:15, el Juzgado Primero de Lucha contra la Corrupción de La Paz resolvió la detención preventiva para cuatro de los seis acusados en el caso por presunta corrupción con daño al Estado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Se decidió el envío de Selva Camacho a la cárcel de Palmasola; su hijo, Luis Alejandro Bell Camacho fue enviado a San Pedro; Ericka Rojas Rivero irá al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yadilile Bravo Espinoza al de Miraflores.
Denuncian irregularidades
Un juez de turno de la ciudad de El Alto devolvió a La Paz la documentación del caso.
La audiencia fue «con la jueza que conoció primero el caso. Parece que el juez de turno se excusó y ahora habrá que esperar lo que pueda suceder. Son varios casos que tengo que atender y es normal que pase algo así«, dijo más temprano a EL DEBER el fiscal Leopoldo Ramos.
El fin de semana el juez sexto de instrucción penal-cautelar rechazó su solicitud de libertad y remitió el caso al distrito judicial de la ciudad de El Alto.
Edwin Tapia, el abogado de Selva Camacho, denunció que existe una total vulneración de los derechos de su defendida, debido a que son cinco días sin que se conozca la imputación. Los cuatro presuntos responsables de un daño económico mayor a los cinco millones de bolivianos al Estado fueron aprehendidos el 10 de diciembre.
«Es terrible lo que está sucediendo, no solo por Selva sino más por la bebé que necesita estar al lado de su madre. En este momento la tutela está en manos del padre, pero se necesita que la menor esté con su mamá porque es lactante«, denunció el jurista en contacto con EL DEBER.
Camacho permaneció aislada las últimas 24 horas en celdas judiciales de la ciudad de El Alto, dónde no se le permitió tener contacto con los medios de comunicación e incluso la Defensoría de la Niñez intentó quitarle al menor para precautelar su bienestar.