Queda demostrado que el gobierno que preside Evo Morales Aima ha decidido el avasallamiento de las instituciones del Estado, recurriendo a métodos propios de regímenes de fuerza, sin tomar en cuenta a la sociedad ni la normativa jurídica que rige.
Editorial El Diario.
Lo peor de esa forma de gobernar del oficialista Movimiento Al Socialismo es que no respeta los derechos de las personas, menos su dignidad y honorabilidad. Al respecto ejemplos sobran, como el del campesino que se oponía a la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado elaborada por el MAS. Las protestas que realizaba fueron prohibidas y se llegó a expulsarlo de su comunidad, por mandato de los caciques del partido de gobierno. Fue víctima de agresiones de matones contratados, debido a que rechazaba un texto impuesto, que finalmente fue aprobado por el poder de los gobernantes.
También se avasalló la propiedad privada, cuando comunarios militantes del partido de gobierno tomaron por asalto varias minas en explotación y en las que se había hecho grandes inversiones. Asimismo fue tomada la propiedad agrícola de una ex diputada del MAS, por las observaciones que hizo a la forma de gobernar de las actuales autoridades. En cuanto a los derechos de las personas, son atropellados por comisiones del Poder Ejecutivo controladas por legisladores masistas. Pero lo que resulta inaudito es la acción descarada de algunos legisladores y dirigentes oficialistas para atacar al Poder Judicial, para lo cual defenestran a los magistrados que no doblan las rodillas ante el oficialismo, el cual pretende tener bajo su control a los poderes Legislativo, Judicial y Electoral.
Es sintomático que un Gobierno que propugna el cambio recurra a métodos aviesos del pasado, sobre todo de regímenes que fueron criticados por quienes hoy administran al Estado, que incluso llevan un juicio de responsabilidades por los sucesos de octubre de 2003. La administración de Morales Aima está repitiendo los abusos cometidos en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Edgar Oblitas Fernández, cuando en 1994 fue sometido a un injusto proceso con el objetivo de defenestrarlo y sacarlo de la Corte Suprema de Justicia, porque era una autoridad que no permitía violaciones a la ley. Años después le fueron restituidos sus derechos y los juzgadores se retractaron de las ilegalidades cometidas, pero el juez que había sido condenado injustamente estaba muerto.
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Al parecer se quiere hacer lo mismo contra el Dr. Eddy Fernández, suspendido presidente del Tribunal Supremo, a quien se lo acusa de retardación de justicia en el Juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cercanos colaboradores por los sucesos de octubre de 2003. Pero las acusaciones de los diputados del MAS no se ajustan a la verdad, porque quienes retrasan el proceso son el Ministerio Público, los abogados de las víctimas y sobre todo la Cancillería de la República, cuyo accionar no se adecua a lo que manda la norma. Es decir que son cometidos errores por la falta de conocimiento del manejo correcto de las disposiciones legales. Dicho trámite se lo viene postergando en la Cámara de Senadores, por falta de quórum.
En cuanto al proceso que se le sigue a la Ministra Rosario Canedo, éste tiene móviles políticos. En una anterior oportunidad sus actuales acusadores pretendieron enjuiciarla con una acusación que no tuvo los efectos que buscaban sus detractores. Hay un procedimiento legal que se tiene que seguir al pie de la letra, por lo tanto lo primero es permitir la defensa de la acusada, escuchar sus alegatos y no proceder como la Inquisición.
Lo más detestable ha sido que, ante la determinación de la Dra. Canedo de someterse al ayuno voluntario, por los abusos contra la justicia, instalándose en el propio hemiciclo parlamentario, se prohibió inicialmente el ingreso de cobijas para que puedan abrigarse la magistrada y su hija. Además una legisladora se quedó en el recinto legislativo para evitar más abusos contra las dos señoras. Como réplica, con una actitud burlesca un diputado que comanda un grupo de choque del MAS, para quedar bien con los jefes de su partido se declaró en huelga de hambre hasta que la Dra. Canedo levante su ayuno.
Por ello el Presidente del país y líder del MAS tiene que poner orden en las instituciones que lidera, porque los errores de sus conmilitones están demostrando que en Bolivia no existe democracia. Las actitudes oficialistas hacen pensar que se quiere imponer un régimen de fuerza, por la falta de argumentos para enfrentar problemas y a los opositores.