Un principio elemental del derecho establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe.Sin embargo, en el Estado de facto creado por Evo Morales, donde “se le mete nomás” por encima de las leyes, la normas legales han ido cayendo en desuso, incluyendo las reglas constitucionales, al tiempo que van cobrando importancia disposiciones administrativas inferiores, en una brutal subversión de la pirámide de las jerarquías normativas descrita por Hans Kelsen.El ejemplo más reciente de esto es la circular emitida por el Tribunal Supremo Electoral que restringe los derechos de postulación de ciudadanos que actualmente desempeñan funciones parlamentarias. Esto es, dictando prohibiciones que ni la ley ni la CPE disponen.El tema se agrava porque la resolución de la controversia no es resuelta por el Tribunal Constitucional (jaqueado por juicios persecutorios impulsados desde el oficialismo), sino por la simple opinión del presidente Morales, que no es precisamente una eminencia de las ciencias jurídicas y que además no tiene competencia legal alguna para resolverla.Desembocamos de esta manera en una curiosa y paradójica anomia despótica, donde funcionarios de segundo orden pueden legislar a su antojo mediante circulares y otros edictos burocráticos…[email protected]