La Contraloría General del Estado halló “indicios de responsabilidad civil” en contra de once municipios del departamento de Cochabamba, servidores públicos y empresas privadas, por un monto que, en conjunto, llega a los 2.746.751 bolivianos, informó el contralor Gabriel Herbas Camacho.Los gobiernos municipales comprometidos en presuntos actos irregulares y que fueron objeto de auditorías especiales fueron Cercado, Vacas, Vinto, Santiváñez, Chimoré, Sicaya, Colcapirhua, Cliza, Puerto Villarroel, Quillacollo y Aiquile, detalló la máxima autoridad fiscalizadora del Estado.INFORME El dictamen que aprobó la Contraloría General, y al que tuvo acceso este periódico sobre indicios de responsabilidad civil en varios municipios de Cochabamba, es el siguiente:El Gobierno Municipal de Cochabamba debe responder por tres casos, el del puente Cobija y los subcontratos que promovió con la empresa Proman por concepto de falta de cumplimiento de plazos, por un monto de Bs 281.528 y Bs 5.234.887, respectivamente.Cercado además tendrá que rendir cuentas por el desembolso, aparentemente irregular, para la Casa de la Cultura en las gestiones 2006, 2007, 2008 y mayo de 2009, por un monto que llega a los Bs 119.470, refiere el documento.La Alcaldía de Vacas a su vez debe rendir cuentas por gastos que hizo durante la gestión 1999, por un monto que llega a los Bs 17.165.El municipio de Vinto tiene en su contra una nota de cargo por gastos y fondos en avance correspondientes a las gestiones 2009 y junio de 2010, que involucran obras ejecutadas por Bs 129.662.La Alcaldía tendrá que responder también por la recepción provisional de varias obras de mejoramiento de calles y avenidas, por Bs 105.881, indica el informe.Los municipios de Santiváñez y Sicaya, a su vez, tienen en contra notas de cargo por Bs 119.470 y Bs 422.117, respectivamente, señala el dictamen.Sobre el municipio de Colcapirhua, el informe de auditoría especial señala que debe responder sobre la legalidad de gastos ejecutados durante la gestión 2009, por un monto que llega a Bs 1.323.792.Pero además Colcapirhua tiene nota de cargo por Bs 550.160 por la cancelación de pago de bono de antigüedad, deshaucio e indemnización y gastos sin respaldo, durante la gestión 2007.En la Alcaldía de Cliza, la auditoría halló responsabilidad civil en compra de materiales y suministros para los que se dispuso de fondos en avance correspondiente a la gestión 2010, pero además por la transferencia de recursos públicos a un club deportivo llamado Nueva Cliza, durante las gestiones 2008 a 2010, por un monto de Bs 370.517, señaló el dictamen.La Alcaldía de Puerto Villarroel tiene a su vez cargos de responsabilidad civil por cuentas por cobrar a corto plazo correspondientes a la gestión 2011, pero además gastos que hizo por pago a consultores durante las gestiones 2010 y 2011. En ambos casos los montos comprometidos fueron Bs 203.351 y Bs 124.233, respectivamente, señaló el dictamen emitido.La Alcaldía de Quillacollo tampoco quedó al margen de presuntos actos de responsabilidad civil. El informe señala que en las gestiones 2008, 2009 y 2010 se hicieron desembolsos para servicios no personales, materiales, suministros, pero además desembolsos que se hicieron efectivos mediante cheques por un monto de Bs 550.160, dice el documento.Con respecto al municipio de Aiquile, el informe indica que se recabaron denuncias presentadas por concejalas sobre las gestiones 2010 al 2014. El informe, sin embargo, no precisa montos que presuntamente habrían sido malversados.Al respecto, Herbas aclaró que “envió auditores hasta el municipio” para conocer la rendición de cuentas.“Como Contraloría General del Estado, tenemos la gran responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos, en las entidades del sector público, y mejorar los sistemas de control gubernamental en la búsqueda de mayor transparencia”, dijo Herbas. “También debemos tener eficiencia y eficacia, contribuyendo de esta manera a lograr el desarrollo económico y social del país y con ello al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”, indicó.Esta función es prioritaria para la entidad, debido a que, según manda la Constitución Política, la Contraloría General del Estado es responsable de la supervisión y del control externo, enfatizó la autoridad.
Visión de trabajo
En los últimos 6 años
la Contraloría General del Estado cambió radicalmente su forma de encarar el control gubernamental.El accionarde la Contraloría, a pesar de laslimitaciones presupuestarias, abarcó al conjunto del país. Lapresencia incluyó desde las entidades públicas ubicadas en zonas fronterizas de loscuatro puntos cardinales, hasta la administración concentrada en las ciudades capitales y la sede de Gobierno.CoberturaLa Contraloría llegó, desde el punto de vista institucional, a todos los segmentos de la vida pública. Se ejerció control gubernamental en gobiernos municipales, gobiernos autónomos departamentales, universidades, entidades descentralizadas y desconcentradas y empresas del Estado. La entidad llevó adelante un conjunto de auditorías que establecieron indicios de distintos tipos de responsabilidades administrativas, civiles y penales en contra de servidores públicos y empresas privadas.
Funciones de la Contraloría
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tiene participación o interés económico.
La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.La Constitución Politica del Estado atribuye a la Contraloría General del Estado la responsabilidad de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizan, asimismo, sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.La Contraloría tiene una imagen favorable entre sus pares de otros países, y ello se pudo percibir con la participación en diferentes actividades de la Intosai (organización que agrupa a las entidades de fiscalización superior del mundo).
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Gobernación, Sedes, Semapa y el Sedcam tienen asimismo indicios de responsabilidad civil
La Gobernación de Cochabamba, además del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), junto al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), fueron objeto de un dictamen con indicios de responsabilidad civil por presuntos malos manejos de dineros públicos, refiere el documento de la Contraloría General del Estado.
El informe indica sobre la Gobernación una vinculación con el hospital Viedma. Un informe de auditoría especial está verificando los servicios de hemodiálisis y rendimiento médico en la especialidad de nefrología. El informe emitido, sin embargo, no detalló presuntos montos comprometidos en actividades irregulares.Sobre Semapa, el dictamen indica que se ha realizado auditoría sobre la legalidad, pertinencia y suficiencia de la documentación que respalda los pagos efectuados a la secretaría asistente del director ciudadano, entre diciembre de 2006 a diciembre de 2007, y de febrero a julio de 2008. Además, sobre el pago por adquisición de tierra vegetal de la empresa Jardines S.R.L. El presunto monto comprometido sin respaldo llegó a Bs 61.285.Con respecto al Sedes, la Contraloría señaló que existen observaciones sobre el pago de remuneraciones que superan la máxima fijada para el sector público y doble percepción de aguinaldos, correspondiente a la gestión 2011, por un monto que llega a los Bs 236.311.El Sedcam debe responder por Bs 148.877 por compra de cemento asfáltico, pago de desahucios y ropa de trabajo en 2008, 2009 y 2010.
Auditorías especiales para una mayor transparencia
Para cubrir el déficit de personal que tiene la Contraloría General del Estado, la gestión que tiene la responsabilidad de llevar adelante Gabriel Herbas Camacho focalizó el trabajo de supervisión y control al aparato gubernamental, con la implementación de auditorías especiales.
“Cuando detectamos un problema, atacamos directamente el origen para resolverlo inmediatamente. Así llevamos adelante las auditorías especiales”, explicó Herbas.El titular de la Contraloría asegura que hoy, como nunca antes, la entidad fiscalizadora del Estado maneja un software de última generación para cumplir, adecuadamente, la responsabilidad que tiene.“En general, tuvimos hasta ahora grandes resultados, porque tenemos presencia en todas las entidades públicas del Estado”, afirmó Herbas.PREVENCIÓN La labor específica de control gubernamental que ejerce la Contraloría tiene además la finalidad no solo de hacer efectivas sanciones punutivas, sino, fundamentalmente, tareas preventiva. Este es el fin máximo de la entidad, puntualizó el Contralor.Para mostrar que esta forma de actuar es altamente positiva, señaló que por ejemplo, cuando se detectan irregularidades en algunas entidades públicas del Estado, “por mucho tiempo no vuelven a presentarse problemas vinculados con el manejo inadecuado de recursos públicos”, afirmó Herbas.Como resultado de esta forma de hacer gestión, la Contraloría extendió su presencia hasta el último rincón del Estado, aseguró Herbas.“Hemos llegado hasta Bolpebra, en los municipios fronterizos con la Argentina y el Brasil, lo que permitió sentar las bases para aminorar, estructuralmente, irregularidades en el manejo de la gestión, y sobre todo controlar los recursos públicos del país”, manfiestó la autoridad en entrevista con este matutino.
Fuente: Opinión