Anuario 2014. La ampliación de la imputación a 14 efectivos policiales, por el caso Chaparina, dilatará un año y medio más el proceso de investigación y recién se sabrá quiénes irán a juicio y quiénes serán sobreseídos.
Intervención policial a la VIII Marcha Indígena del TIPNIS/ Foto: Archivo.
Redacción central, 3 Ene. (ANF).- Los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) esperan hace tres años que la Fiscalía General y el Órgano Judicial hagan justicia, sancionando a quienes ordenaron la represión a la marcha de mujeres, niños, niñas y ancianos indígenas, el 25 de septiembre de 2011 en la población de Chaparina, al norte de La Paz.
El primer cautelado fue el ex subcomandante de la Policía, general Oscar Muñoz Colodro, así como el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y al proceso se sumaron recientemente 14 imputados por presuntos delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias realizado por un funcionario público, además de coacción y encubrimiento.
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Entre tanto, el ministro de Gobierno de esa época, Sacha Llorenti, fue designado embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ahora vive en Nueva York y, recientemente, asumió la representación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, dos fiscales investigadores, José Ponce y Patricia Santos, que decretaron el sobreseimiento de Llorenti, ascendieron al cargo de fiscal de Distrito de La Paz.
La comisión de fiscales imputó en noviembre a 14 policías más -entre oficiales y subalternos- por no haber colaborado con las investigaciones para establecer responsabilidades de la represión contra los marchistas.
Santos indicó que los nuevos acusados dijeron desconocer quién dio la orden de represión y gasificación a la VIII Marcha del TIPNIS.
El ex fiscal de Distrito, José Ponce, afirmó que las investigaciones señalan que el general Muñoz dio la orden de desplazamiento, tras conocer el amago de enfrentamiento entre indígenas (que descansaban en una cabaña) y los uniformados.
Su colega Santos precisó que fue incluida la cabo Angélica Cáceres, por haberse mimetizado en la marcha, atendiendo órdenes superiores.
La abogada de las víctimas, Claudia Lecoña, pidió procesar a Patricia Santos y toda la comisión de fiscales, por incumplimiento de deberes, ya que durante más de tres años no agilizaron ni presentaron el requerimiento conclusivo que incluya al ex ministro Llorenti.
Para el otro abogado defensor, Eduardo León, la inclusión de 14 policías, dilatará el proceso penal, por lo menos un año y medio, y recién la Fiscalía identificaría a los acusados y sobreseídos.
LISTA DE IMPUTADOS
Ex viceministro de Gobierno, Marcos Farfán y los ex jefes policiales: Alberto Zapata, exdirector de Interpol de ese entonces; Modesto Palacios, quien en 2011 ocupara el cargo de presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía (TDSP); y Óscar Muñoz Colodro, ex subcomandante, este último con medidas sustitutivas.
Se suman los generales Carlos Remberto Cuellar y Gino Antonio Catacora Belmonte, además de los coroneles Oscar Chávez Rueda, Edwin Ponciano Durán Velasco, William Albarracín Treviño y Rubén Antonio Zegada Portugal.