Erika Brockmann Quiroga
Cuando de celebrar un nuevo año se trata, el presidente Morales, al igual que todas las personas, desgrana un racimo de uvas priorizando sus buenos deseos, marcando agenda para el año venidero. Sin embargo, Su Excelencia no es un mortal cualquiera, como tampoco un ser infalible y blindado a los males terrenales, como algunos de sus seguidores consideran.Hace apenas días, el Presidente reiteró su profunda insatisfacción con el desempeño del sistema judicial, para luego proponer la movilización popular y la realización de un «Referendo para mejorar la justicia”, al reconocer que la «revolución” de la misma no sería impulsada por los operadores judiciales quienes, con poncho o sin él, lo habrían defraudado.A propósito de este tema, preocupa, que el Presidente asocie los males de la justicia al principio universalmente reconocido de «el debido proceso”, confesión que, además de desconcertar a unos y provocar «vergüenza ajena” en otros, revela desconocimiento y una deformada idea de la justicia y del Estado de Derecho.Idea que hoy se traduce en una hiperinflación de leyes no reglamentadas, sin presupuesto, punitivas en exceso e inaplicables. Preocupa que en pasillos judiciales, la premisa ordenadora sea que «nadie le gana al Estado”, encubriendo la noción de la infalibilidad y supremacía del Estado – del Gobierno- aun cuando se trate de derechos ciudadanos vulnerados por él mismo.Es lamentable que luego de nueve años Evo tenga tan limitada comprensión de los problemas asociados a la crisis de la justicia y a la forma de resolverlos, que ponga en duda la sustancia de los principios clave de la doctrina jurídica reconocidos por la Constitución, al confundirlos con los defectos que los desvirtúan y violentan, que a esta altura de la crisis de la justicia considere al Referendo y a la consiguiente reforma constitucional la salida más aconsejable para revertirla.El Referéndum debiera ser el último eslabón que permita validar, mediante voto, medidas y políticas, de cuya formulación y materialización no es responsable la gente, sino los gobernantes, sus representantes, la academia y quienes estén dispuestos a imponer una reforma intelectual y moral a un sistema (universidades y Policía incluida) colapsado y preñado, desde hace mucho, de prácticas perversas y corruptas.En el entorno presidencial ¿no hay nadie que sostenga que la reforma constitucional, ni el Referendo son respuestas efectivas, y que un buen comienzo sería dejar la recurrente tentación de instrumentalizar la justicia como nunca se lo hizo en el pasado?Estas preguntas nacen espontáneas ante el bullado caso del juicio los magistrados, al que considero el más pedagógico «reality show” que desnuda transgresiones y vicios procesales, violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, dignos de hacer parte de un catálogo de malas prácticas que, al igual que el caso terrorismo y otros, oscurecen y dejan muy mal parado al proceso de cambio.Muchos aplauden la sincera espontaneidad de S.E., la propuesta de un Referéndum suena muy democrática. Otros sospechan que la propuesta de abrir la Constitución oculta otras intenciones.Lo cierto es que trasladar al «si o el no” de la gente, responsabilidades y tareas complejas que los gobernantes no se atreven a enfrentar, dice poco de la calidad de la democracia. La institucionalidad judicial debiera ser impermeable a la presión política, a ideologías convertidas en dogma, a la influencia de poderes económicos, confesionales y corporativos, así como a la ira y voluntad manifiesta de las multitudes o frívola popularidad.En otras palabras, es de esperar que la lluvia de buenos deseos presidenciales, que la improvisación y las recetas populistas que lo inspiran queden en meras ocurrencias, porque de materializarse podrían desencadenar nuevos problemas y, lo que es peor, mayores injusticias.Página Siete – La Paz