Los diputados se reúnen con los parientes de Arpad y Dwyer en Europa. El Gobierno les libra apremio y Andrade tiene impunidad, no es enjuiciado por el atentado a periodistas de Unitel. Gobierno difunde su informe Rozsa en publicaciones pagadas
Los diputados Bernardo Montenegro y Marisol Abán (foto archivo)
El Día
1 de Diciembre, 2009
Rózsa: un fiscal ordena detener a dos diputados
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Los diputados de Podemos Bernardo Montenegro y Pablo Banegas iniciaron este fin de semana pasado un periplo por varios países de Europa para alistar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por las llamadas ejecuciones extralegales perpetradas en el hotel Las Américas donde fueron abatidos el supuesto cabecilla de una red de terrorismo, Eduardo Rózsa y sus dos acompañantes Michel Dwyer y Árpád Magyarosi.
Desde Dublín, Irlanda, los diputados señalaron por vía telefónica que ya realizaron los contactos pertinentes para reunirse con los miembros de las Comisiones Judicial, de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales del parlamento irlandés; así como con representantes del Poder Ejecutivo, médicos forenses y familiares de Michael Dwyer.
Ambos explicaron que el objetivo es coordinar y concretar una investigación internacional “seria y transparente”.
“A partir de esta tarde tenemos una agenda apretada de reuniones, con gente del Poder Ejecutivo; posteriormente con representantes del Poder Legislativo y luego nos reuniremos con los familiares de Michael Dwyer y los médicos que realizaron los estudios oficiales –pedidos por el gobierno irlandés- , así como con otra gente que pueda aportar datos a esta investigación”, resaltó Montenegro.
Tanto en Hungría como en Irlanda establecieron que ambos fueron ejecutados.
Sin embargo, en La Paz, el fiscal Prudencio Flores, asignado a las investigaciones sobre la denuncia que presentó la policía Marilyn Vargas Villca en contra de parlamentarios de la comisión que investigó el caso terrorismo, por los presuntos delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, emitió ayer el mandamiento de aprehensión en contra de los dos diputados viajeros, quienes no se presentaron a declarar sobre la denuncia. La autoridad judicial indicó que la policía es la encargada de ejecutar los correspondientes mandamientos /Agencias.
Los informes
A Magyarosi Árpád • Lo mataron en tres tiempos y lo dejaron desangrarse en el hotel Las Américas.
A Michael Dwyer • Le dejaron un proyectil de tipo explosivo que fue el que le provocó la muerte.
Juicio • La demanda será presentada ante la Corte Penal Internacional de la Haya.
Policía procesa a Andrade por chocar en estado de ebriedad
Impunidad. No es enjuiciado por el atentado a periodistas de Unitel
Encuentro. Ignacio Villa, Eduardo Rózsa y Wálter Andrade fueron fotografiados juntos en marzo de este año en Cotoca
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
El ex comandante de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), capitán Wálter Andrade, tiene tres denuncias en su contra en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía (DNRP), pero sólo una de esas demandas llegó hasta el Tribunal Disciplinario Departamental, informó ayer el director de este departamento, general René Sanabria. La autoridad explicó que el caso del accidente automovilístico que sufrió Andrade el 27 de septiembre llegó hasta el tribunal disciplinario departamental y si hay apelación llegará al tribunal superior disciplinario, que será la instancia que emitirá una resolución final.
“Dependiendo del caso, la resolución puede ser de suspensión indefinida, un año en su escalafón o baja definitiva, pero eso tienen que ver en el Tribunal Disciplinario Departamental y luego en revisión o apelación es el Tribunal Superior disciplinario el que da un fallo definitivo”, explicó cuando fue consultado sobre las posibilidades de las sanciones contra el capitán.
Sin embargo, Andrade tiene otras dos denuncias: la primera sentada por los abogados de los ex unionistas Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder –que siguen detenidos en celdas de La Paz- por las supuestas torturas que sufrieron cuando fueron trasladados desde Santa Cruz hasta la sede de Gobierno en abril.
El viaje se produjo por tierra y todo el tiempo, denunciaron, estuvieron maniatados y con el rostro cubierto por cinta adhesiva.
Luego está el caso del maderero Nelson Vaca, cuyos abogados también denunciaron maltrato y torturas, incluso existe una causa ordinaria abierta en tribunales de la Santa Cruz de la Sierra, pero la Policía ni siquiera permitió que el ex jefe policial declare ante esas instancias. Por orden del Ministerio de Gobierno, también debería haber una investigación sobre la actuación de Andrade en el caso de la agresión a un equipo de prensa de Unitel.
De estos casos no se conoce nada. Sanabria dijo que el caso que llegó al Tribunal Disciplinario Departamental es el de su accidente, “los otros casos están en etapa de investigación”.
El primer hecho sucedió hace seis meses y el segundo hace dos meses, el accidente de Andrade se produjo a fines de septiembre y fue considerado con más celeridad.
Según Sanabria “a veces hay demoras en la investigación” y por tanto se conocerá sólo una resolución por el accidente automovilístico. No se ha abierto ninguna investigación sobre la participación de Andrade en el grupo Rózsa, pese a que se han conocido fotografías suyas con miembros de la supuesta banda terrorista.
La autoridad policial añadió que hasta el momento la Policía dispuso la baja definitiva de más de 300 efectivos. Explicó que fueron 940 resoluciones que afectan a más de mil policías.
Asimismo, indicó que dos funcionarios de la Policía ya fueron identificados como responsables de la balacera a periodistas de la red PAT y afirmó que estos casos son procesados en el Comando de Santa Cruz y que hay la posibilidad de pasarlos a la justicia ordinaria.
Gobierno publica el informe Rózsa
La Vicepresidencia del Estado publica hoy una solicitada de 100 páginas en EL DEBER en la que difunde el informe aprobado por el Movimiento Al Socialismo en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, sobre los supuestos hechos de terrorismo en Santa Cruz, presuntamente liderados por Eduardo Rózsa. Bajo el título Separatismo en Bolivia, el documento resume la investigación llevada adelante por el fiscal Marcelo Soza y que, como ya adelantó el fiscal de Distrito de La Paz, Fernando Ganam, no será tomado en cuenta por el Ministerio Público.
En el documento se detalla todo un plan de defensa de Santa Cruz, con la creación de grupos irregulares, la zonificación de la ciudad y el departamento, además de la identificación de puntos clave de defensa y ataque en un futuro conflicto armado.
Según los planes de Rózsa, expuesto a un hombre que supuestamente vive en Washington sólo identificado como Itsvan, la ‘lucha armada’ debió comenzar entre el 5 y 15 de enero del presente año. En el documento no se detallan las conversaciones entre Rózsa y Alejandro Brown, en la que para esa fecha Rózsa se confiesa deprimido, porque no tiene recursos, armas ni gente para desarrollar sus planes.
Este informe concluye en que la Fiscalía debe investigar a un grupo de 15 líderes políticos, empresariales y cívicos de Santa Cruz, por supuesto financiamiento al grupo Rózsa.
Detalles
– Llegada. Según este informe, Rózsa llegó al país en septiembre. Viajó en avión hasta Mato Grosso (Brasil) y fue trasladado por tierra hasta Santa Cruz.
– Pasajes. Los vuelos del grupo desde Europa hasta Santa Cruz, supuestamente, fueron pagados por Alejandro Melgar y Luis Hurtado. El padre de Melgar asegura que tiene un informe de AeroSur que indica que su hijo no pagó nada.
– Contactos. El informe identifica a Luis Hurtado como la persona encargada de la logística del grupo y de ser nexo con los líderes.
– Ejército. La intención de Rózsa presuntamente era conformar 15 grupos de 16 personas para que sean el núcleo de su organización.