Realizaba cobros irregulares a sus compatriotas. La Corte Suprema de Justicia aceptó la denuncia por corrupción que compatriotas presentaron contra Armando Iriarte, diplomático en Mendoza que fue acusado por supuestos cobros irregulares.
El cónsul de Bolivia en Mendoza, Armando Ariel Iriarte Gastelú, será investigado por corrupción en Argentina. Foto LOS ANDES
ANF y El Deber digital
La Corte Suprema de Argentina aceptó investigar como tribunal único al cónsul de Bolivia en Mendoza, Armando Ariel Iriarte Gastelú, por un supuesto episodio de corrupción, reportó este viernes el diario La Nación.
Iriarte Gastelú fue denunciado ante la Justicia federal de Mendoza por su compatriota Mercedes Bernal Calderón, quien sostuvo que el cónsul le pidió 400 pesos por un trámite cuyo costo era de 12.
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«Al concurrir en 2011 al consulado de Bolivia en la ciudad de Mendoza con el fin de tramitar un certificado de nacimiento, el cónsul le habría manifestado que ‘eso costaba caro’ y que si no tenía el dinero, debía viajar a Bolivia para realizarlo», relató la mujer.
«A otras personas le habrían comentado que aquél cobraba 400 pesos por el trámite, aunque su costo real era de 12«, resumió la denunciante.
Reclamos contra Gastelú
En reiteradas oportunidades ciudadanos bolivianos residentes en Mendoza realizaron manifestaciones contra el cónsul y pidieron su renuncia a raíz de episodios de supuesta «corrupción y maltrato» hacia sus connacionales.
«Iriarte Gastelú se encuentra acreditado como Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Mendoza en el país, desde el 3 de abril de 2009. En tales condiciones corresponde que este Tribunal declare su competencia originaria y continúe con la instrucción de la causa», resolvió la Corte.
El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, decidió no obstante delegar la investigación en el juzgado federal número uno de Mendoza. Ello, «en aras de garantizar un amplio ejercicio del derecho de defensa«, pero «absteniéndose de recibir declaración», puesto que aún cuando se impusiera esa situación «deberá comunicar al Tribunal para requerir la correspondiente conformidad».