La informalidad que ha degenerado en una especie de mercado negro donde las siglas se compran, venden y alquilan, tiene que terminar. Es de esperar que la CNE imponga un poco de orden y seriedad
La Corte Nacional Electoral, sin darse ni un día de descanso, y consciente de la urgente necesidad de pulir las aristas que por falta de tiempo quedaron pendientes durante la aplicación del nuevo padrón biométrico, ya se ha puesto en acción no sólo para repetir, sino para superar, el éxito con que llevó a cabo su labor. Además de hacer los ajustes pendientes se propone llevar a cabo una serie de tareas imprescindibles para continuar perfeccionando el sistema electoral que tiene a su cargo.
Entre éstas, hay una que en buena hora figura entre sus próximas prioridades. Se trata de depurar los registros de partidos y agrupaciones ciudadanas, para lo que la CNE pedirá que una de las primeras leyes que apruebe la próxima Asamblea Legislativa sea una que instruya a las organizaciones políticas que vuelvan a inscribir a sus militantes para que así se adecuen al nuevo padrón biométrico.
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Es absolutamente pertinente y necesaria tal medida pues, como es por demás evidente, una de las principales debilidades del sistema político boliviano es la informalidad que caracteriza a la mayor parte de las siglas legalmente vigentes. Está tan distorsionado el escenario, que lo que hay es una especie de mercado negro de siglas vacías que se ofrecen en venta o alquiler, al mejor postor. Y, como contrapartida, abundan los aspirantes a candidatos que al no haber sido capaces de construir por lo menos una agrupación, no tienen mejor idea que adquirir o alquilar, aunque sea sólo por unos meses, una de ellas.
Que eso ocurra en un sistema democrático que por lo menos en teoría tiene a los partidos políticos entre sus instituciones básicas, es algo muy grave. Es que sin partidos políticos serios no puede haber un sistema sólido y saludable.
Tan notable esa carencia en el caso boliviano, que ninguna de las dos principales organizaciones políticas de la oposición que fueron protagonistas de las dos últimas elecciones presidenciales cumplían ninguna de las condiciones que se espera de organizaciones políticas dignas de tal nombre. Podemos nació y murió sin haber obtenido personería legal y las siglas bajo las que se amparó el principal candidato opositor de las recién pasadas (PPB-CN) no son más que eso. Siglas pertenecientes a individuos cuyos únicos miembros reales son los integrantes de su clan familiar. Así, no es sorprendente que el MAS se encamine a consolidarse como el único actor de un régimen unipartidista.
Y como si esa situación no fuera ya el colmo de lo absurdo, se ha anunciado que son más de 40 “agrupaciones ciudadanas” que tramitan su inscripción. Tanta chacota tiene que tener un límite, por lo que está muy bien que la CNE imponga un poco de orden y seriedad.
Es de esperar que de ese modo se sienten las bases para la reconstrucción de un sistema de partidos que en los hechos, y a pesar de la superabundancia de siglas vacías, ha dejado de existir. Tal vez así, ya que no por iniciativa propia, la infinidad de grupículos que amenazan con proliferar como hongos malignos se vean obligados a actuar con un mínimo de sensatez.