Debate: El Gobierno y los prefectos iniciaron ayer el diálogo para resolver los vacíos que tiene la Ley Electoral Transitoria que ponen en riesgo los comicios prefecturales y municipales del 4 de abril.
Diálogo: prefectos de la ex “media luna” y del oficialismo, representantes del Gobierno y alcaldes de los municipios en la reunión de ayer en la Vicepresidencia
La Prensa
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Los prefectos de la ex “media luna” plantearon ayer al Gobierno el uso de sus estatutos autonómicos para llenar los vacíos legales de la Ley Electoral Transitoria que impiden la organización de los comicios prefecturales en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. El Gobierno rechazó la propuesta y sostuvo que el problema debe resolverse con la aprobación en el Congreso de una ley complementaria.
El prefecto tarijeño, Mario Cossío, explicó además que para los departamentos que el pasado 6 de diciembre aprobaron también su ingreso en el sistema autonómico departamental se podría aplicar, para resolver los vacíos legales de la Ley Electoral Transitoria, los artículos 278 y 279 de la nueva Carta Magna.
A pesar de que Cossío consideró que con estas y otras propuestas se estaría “encontrando un punto de conciliación” en el diálogo iniciado este viernes con el Gobierno en La Paz, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, también descartó la aplicación de la propuesta de la ex “media luna” para resolver los vacíos que hay en la Ley Electoral Transitoria en el caso de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, que dijeron No a la autonomía en el referéndum de 2006.
El Ministro insistió, en su contacto con los medios de las 23.40, en que el encuentro con los prefectos (opositores y oficialistas) tiene por objeto encontrar el consenso necesario para redactar un proyecto de modificación que sea remitido al Congreso para su aprobación antes de fin de año.
En una entrevista anterior (20.30), Romero abrió la posibilidad de que, a falta de acuerdo con los prefectos de la oposición, se deje en manos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) la responsabilidad de que “tome la decisión de salvar cualquier duda” en la Ley Electoral Transitoria 4021.
Sin embargo, la vocal del OEP Roxana Ybarnegaray no quiso adelantar ninguna opinión sobre esta sugerencia.
Tampoco se encontró un punto de coincidencia sobre los prefectos que se postularán a los comicios de abril en procura de su reelección. El Gobierno insistió con su propuesta de que deben renunciar y que el Ejecutivo prefectural y el Consejo Departamental deben acordar la designación del secretario general o un consejero como prefecto interino.
Hasta la 01.00, la reunión continuaba entre ambas partes que, según versiones extraoficiales, trataban de encontrar una vía para aproximar sus posiciones divergentes.
De acuerdo con una publicación de La Prensa (15 de diciembre), los vacíos jurídicos en la Ley 4021 para administrar los comicios de abril son seis.
En el caso de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, la Ley Electoral Transitoria convoca a elección de prefectos, no de gobernadores.
En Santa Cruz y Tarija optaron por tener representantes territoriales (provinciales), indígenas y por población. No existe un procedimiento que diga cómo se distribuirán esos asambleístas. La Ley 4021 no determina si los candidatos a asambleístas departamentales irán en la misma nómina de los postulantes a gobernadores o separados. No se sabe si los consejeros departamentales y prefectos deben renunciar para candidatear. La misma ley dice que debe haber segunda vuelta, mas no especifica cómo ni cuándo.
Ambos sectores continuaban reunidos a las 01.30 de hoy.
El diálogo sobre la Ley 4021 se traba por los estatutos
Los prefectos exigen que los estatutos sean base de las reformas a la norma. El Gobierno no los reconoce. La sucesión prefectural tampoco encuentra consenso político.
La Razón
El diálogo político sobre las modificaciones a la Ley Electoral Transitoria 4021 se encontraba esta madrugada empantanado, debido al debate sobre el reconocimiento o no de los estatutos aprobados en los departamentos autonomistas como documentos de referencia para realizar los ajustes a la norma electoral.
Al encuentro que se realizó en la Vicepresidencia asistieron ocho de los nueve prefectos (el de Cochabamba envió a un emisario), alcaldes de los 11 municipios que decidieron declararse autonomías indígenas y representantes municipales de la provincia Gran Chaco de Tarija.
A las 23.30, después de cinco horas de diálogo en tres mesas de negociación, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, anunció que la mesa de las autoridades departamentales concluyó su análisis con tres preacuerdos, uno de los cuales establece que los vacíos de la Ley 4021 en lo referido a los procesos electorales departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija deberían ser llenados en base a los estatutos autonómicos de cada región.
“Los estatutos autonómicos no son un invento de alguien, están reconocidos como estatutos en la Constitución que se aprueba en este Gobierno, en la disposición transitoria tercera que establece que los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio del 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución”, justificó Cossío.
Pasada la medianoche, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, entregó una respuesta a los prefectos, en la que señala que los vacíos se deberán llenar con una ley complementaria y no con los estatutos, ya que éstos “no son legales” en tanto no pasen por un control de constitucionalidad.
Los prefectos habían propuesto además que, con base al principio de la igualdad, las autoridades departamentales que decidan postularse a la reelección el 4 de abril del 2010 no estén obligadas a renunciar, “con carácter de excepcionalidad”, al igual que no lo hizo el presidente Evo Morales.
El Gobierno respondió que “se mantiene lo establecido en la Ley Electoral de Transición en lo referido a las renuncias de las autoridades departamentales” y que respecto a las suplencias “se respetarán los acuerdos a los que arriben los prefectos y los respectivos consejos departamentales”.
La tercera demanda de los prefectos fue que los ajustes a la Ley Electoral Transitoria no invadan los contenidos de la Ley Marco de Autonomías que deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa, asunto con el que el Gobierno coincidió plenamente.
Además de responder a estos tres puntos, el Gobierno entregó otras propuestas, como la decisión de mantener lo establecido en la Ley 4021 respecto a segunda vuelta electoral en Santa Cruz, “definiendo no sobrepasar 30 días después de la elección para segundo evento electoral”.
También planteó “elegir asambleístas departamentales uninominales por provincias y asambleístas por población en listas acopladas a la elección del gobernador” y que “las autoridades en las autonomías indígenas deban ser elegidas de acuerdo con sus procedimientos propios”.
De acuerdo con Romero, “no aceptar esta propuesta sería entorpecer el avance de la autonomía”, que el Gobierno garantizó que pondrá en marcha en abril.
Así lo hizo saber al ingresar al encuentro el vicepresidente Álvaro García Linera. “El Gobierno garantiza su posición, su voluntad y su compromiso para que haya elecciones de los nueve gobernadores, de los 331 municipios, de las 11 autonomías indígenas y de la autonomía regional en abril”, aseveró.
Anunció que con este objetivo se trabajará el tiempo que sea necesario con los prefectos y alcaldes de todo el país y no descartó que se apele a un decreto ante la imposibilidad de aprobar una ley, pero “siempre en base al consenso que se llegue en esta reunión”.
Luego recordó que el Congreso tiene apenas tres días la próxima semana y posiblemente cinco después de la Navidad para aprobar las reformas. A las dos de esta mañana la reunión continuaba.
“El Gobierno garantiza su compromiso para que haya elecciones en los nueve departamentos y 331 municipios”
ÁLVARO GARCÍA, vicepresidente.
Temas del diálogo
Entre al menos 19 observaciones a la Ley Electoral hay 4 temas clave.
Sucesión prefectural
Uno de los temas centrales de disenso es el de la sucesión prefectural. Los prefectos consideran que, por un principio de equidad, en caso de que alguno postule a la reelección no esté obligado a renunciar como lo hizo el presidente Evo Morale. El Gobierno considera que deben renunciar y que la designación del sustituto debe ser definida entre el Prefecto y los consejos departamentales.
Autoridades indígenas
Otro de los temas que debe ser resuelto en el diálogo es el de la forma de elección de las autoridades en los 11 municipios que decidieron declararse autonomías indígenas. Según la Federación de Asociaciones Municipales, al menos nueve de ellos decidieron que la forma de elección será mediante asambleas y cabildos. El Gobierno apoya esta determinación.
Leyes electorales
Los prefectos de los departamentos que aprobaron la autonomía el 2006 exigen que se respeten las leyes electorales aprobadas en el marco de sus estatutos autonómicos. El Gobierno sostiene que la única instancia capaz de aprobar leyes es el Congreso, por lo que no acepta que se apliquen las normas departamentales en los cambios a la Ley Electoral 4021.
Distribución de asambleístas
La composición de los órganos deliberativos de los gobiernos departamentales (Asamblea Legislativa en unos casos y Parlamento Departamental, en otros) es otro de los temas centrales del diálogo. La Ley 4021 fija una distribución en base a territorio, pero no especifica cuántos representantes serán elegidos por voto directo. También existen discrepancias sobre el diseño de las papeletas electorales.
Hay un mismo objetivo, pero posiciones distintas
ELECTORAL • Los prefectos de oposición reclaman por sus estatutos en el diálogo electoral.
Aunque las autoridades del Gobierno, los prefectos del oficialismo y la oposición, y los alcaldes de los municipios que aprobaron constituirse en autonomías indígenas coinciden en que debe ajustarse la Ley Electoral de Transición, existen posiciones divididas sobre cómo llegar a concretar ese objetivo político.
Para los prefectos una base para lograr esta meta es aplicar los estatutos autonómicos aprobados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, lo que para el Gobierno no es viable, ya que esos documentos aún no pasaron por un control constitucional, tal como establece la Carta Magna.
“Sobre los estatutos, éstos debían ser adecuados para entrar en vigencia y no lo hicieron durante todo el año y ahora no pueden venir a pedir que se reconozca su vigencia”, señaló, por ejemplo, el viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos. Los prefectos insisten en su uso.
Puntos de vista
“Garantizamos las elecciones”
Álvaro García Linera,
vicepresidente de la República.
“El Gobierno asiste a esta reunión con un ánimo de construir consenso para garantizar y viabilizar y despejar cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de susceptibilidad en torno a las elecciones de abril. El Gobierno garantiza su posición, su voluntad y compromiso para que hayan elecciones de los nueve gobernadores, de los 331 municipios, de las autonomías indígenas y de las autonomías regionales”.
“No encontramos viabilidad”
Saúl Avalos,
viceministro de autonomías.
“Lamentablemente no estamos encontrando viabilidad por parte de algunos prefectos que han asistido, esta vez, a la convocatoria que hizo el compañero Ministro de Autonomías. Hay dos formas de viabilizar un diálogo, no viniendo o viniendo a plantear imposibilidades, lo hemos manifestado de manera clara y contundente, ya que no vamos a concertar ninguna violación a la Constitución Política del Estado (CPE) o a las leyes vigentes”.
“Hemos venido a escuchar”
RUBÉN COSTAS,
prefecto de Santa Cruz.
“En todo caso, las cortes departamentales electorales son las que deben definir que una ley electoral deba ser respetada. Nosotros hemos venido a la reunión con la mejor predisposición, pero también hemos venido a escuchar para que no digan de que fue por consenso. Seguramente una presión puede haber en el encuentro, pero nosotros tenemos una obligatoriedad como servidores públicos de asistir y respetar las leyes”.
“Vamos a ver qué ofrece el Gobierno
Mario Cossío Cortez,
prefecto de Tarija.
“El principio de igualdad, para que algunas de las autoridades puedan permanecer en funciones y al mismo tiempo puedan ser candidatos. Éste es un tema no resuelto que está junto a otros que están en debate. Planteamos subsanar los vacíos electorales aplicando los estatutos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que existen hoy y están reconocidos por el Estado boliviano en esta nueva Constitución Política del Estado”. (La Razón).