Los «dueños» del poder están haciendo probar en dosis cada vez mayores una medicina que será cotidiana en los próximos años y que seguramente terminará matando la vida institucional de Bolivia.
Uno de los grupos de perseguidos por el «delito» de ser opositores a Evo: los prefectos Mario Cossío de Tarija, Savina Cuellar de Chuquisaca, Ernesto Suarez del Beni y Rubén Costas de Santa Cruz (de izq a der) asistieron ayer a la reunión convocada por el gobierno (foto Efe)
Se describe como “judicialización de la política” a todas aquellas acciones que el gobierno ha adoptado para acallar a los opositores utilizando como fachada los mecanismos que le puede brindar un sistema judicial que le es cada vez más sumiso.
El caso de Leopoldo Fernández es emblemático. Se lo acusó de ser el promotor de la llamada “masacre de Porvenir” y sin más trámite fue trasladado a La Paz para ser encerrado en el penal de San Pedro. Después de 16 meses continúa recluido sin derecho a un debido proceso y no existen siquiera atisbos de que esta injusta situación vaya a cambiar. De lo que se trata es quitarlo del camino e impedir que vuelva a la política.
Hay otros ejemplos. Los diputados Bernardo Montenegro y Pablo Banegas quisieron escarbar en el oscuro caso de los supuestos terroristas acribillados en el hotel Las Américas de Santa Cruz y de inmediato se iniciaron las acciones en su contra, utilizando esta vez a una policía que participó del sangriento operativo y que ahora los acusa de haber “falsificado” su firma.
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Las acciones contra Manfred Reyes Villa se iniciaron el momento mismo en que anunció su decisión de postularse en las recientes elecciones generales. No se trata aquí de poner las manos al fuego por nadie pero la forma en que se está procediendo en su contra no puede menos que evidenciar de que se trata de otro caso de vendetta política.
Existen elementos más que suficientes para hacerlo. En primer lugar el presidente Evo Morales anunció públicamente su intención de cambiar las leyes para encarcelar a Manfred Reyes Villa. Horas antes del verificativo de los comicios, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada anuncia muy suelto de cuerpo que Reyes Villa había reservado pasajes en una aerolínea para trasladarse a los Estados Unidos al día siguiente de las elecciones.
Vale la pena incidir sobre este punto. Sucede que Reyes Villa sabe que tiene una orden de arraigo en su contra pero sin embargo se le ocurre “reservar” pasajes con tanta antelación que era imposible que alguien no se enterara al punto que de ser evidente esta situación equivaldría a decir: me estoy escapando agárrenme antes de que lo haga, lo cual equivale a un absurdo de proporciones descomunales propias de la febril mentecita de este ministro.
La denuncia de Rada en realidad tenía dos objetivos: uno de índole electoral y el otro destinado a preparar las condiciones y justificar la detención del dirigente opositor.
No se trata de establecer en estas líneas la culpabilidad o inocencia del perseguido por cuanto eso corresponde a los jueces. De lo que se trata es de que se cumpla el debido proceso y se respeten las garantías constitucionales de una persona, independientemente si esa persona es oficialista u opositora, si fue candidato o no.
Los extremos a los que se está llegando resultan decididamente grotescos. Se lanza una acusación, por descabellada que esta sea, y luego se invoca a los acusados a que demuestren su inocencia lo cual va contra todo precepto constitucional. El gobierno esta llevando a los bolivianos a vivir en un mundo al revés; ahora se presume la culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario.
Naturalmente eso rige únicamente para los opositores, pues la ministra Suxo ni siquiera hace el intento de ver las tropelías de los prefectos oficialistas que además de nulos en gestión son muy rápidos para otros menesteres donde hay billetes; es más hasta Juan «sin miedo» tiene decenas de denuncias porque no ha podido explicar el destino de más de 600 millones de bolivianos del municipio de La Paz, pero como es aliado el tema no es prioridad para el gobierno.
Y hay más. Si un masista es acusado de narcotráfico no solo se presume su inocencia sino que es inocente de entrada y quienes se dedicaban a la plantación de marihuana y fueron condenados por esta actividad a diez años de cárcel, no tienen de que preocuparse: hasta pueden ser elegidos diputados. Pregúntenselo al diputado electo por el MAS, Juan Marca Poma.
Pueden dar también fe de ello las hermanas y el cuñado de Margarita Terán, una de las “favoritas” de Evo y que han vuelto a las andadas en el Chapare sin que nadie les pueda decir nada. Para algo están en el gobierno y la justicia solo debe actuar contra los opositores ¿ sino de que serviría el cambio?