El 2010 que ya está a la vuelta de la esquina se inician los años de las vacas flacas. Esto lo sabe muy bien el gobierno y está tomando las previsiones para obtener los recursos que hasta ahora le sobraban debido a un momento excepcional en los precios de las materias primas en el mercado mundial.
Que se tomen previsiones ante la inminencia de momentos difíciles es bueno y recomendable pero lo malo es que el camino que ha elegido es el peor de todos. Echar mano a los ahorros de más de un millón de bolivianos que aspiran a tener una vejez digna y tranquila no es precisamente una medida digna de encomio.
Lo que ocurre es que partir de ahora, Evo Morales, no tendrá los abundantes recursos para seguir con el mismo ritmo de gasto que tuvo hasta ahora. Los ingresos por concepto de venta de gas natural se reducirán en algo más de mil millones de dólares, los precios de los minerales no volverán a los niveles en que estuvieron los últimos cuatro años y los recursos que se prometieron por la explotación de los yacimientos ferrosos de El Mutún, sencillamente fueron a parar al baúl del olvido.
Los recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones( AFP´s) son de alrededor de 30 mil millones de bolivianos, es decir casi 4.300 millones de dólares lo cual supondría una fuerte inyección de recursos para una economía cuya base industrial y agrícola es afectada diariamente por el propio gobierno y que cada vez de manera más notoria se sustenta en la producción cocalera y en la actividad del narcotráfico.
Los peligros que conlleva la posibilidad de que el Estado vuelva a administrar los aportes para la jubilación son evidentes, más si se toma en cuenta que en los 4 años de gobierno del MAS, el Estado se ha constituido en el principal deudor de las AFP´s, aspecto que no es mencionado en los balances económicos oficiales.
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De concretarse la medida se trataría de la segunda confiscación que se hace a los bolivianos. La primera fue la de las acciones que fueron transferidas a YPFB con los resultados que son ampliamente conocidos. Se nos arrebató las acciones con la promesa de una ficción o dicho de otra forma, de una realidad cuyo resultado es hoy la suma de groseros actos de corrupción.
No se trata de entrar aquí a la discusión si el Estado es o no, intrínsecamente y por definición, un mal administrador. Se debe partir del hecho de que el Estado como estructura tiene administradores y estos o son buenos o son malos. Se trata también de si el andamiaje institucional es lo suficientemente fuerte de manera de impedir o desalentar cualquier atisbo de corrupción.
Sin embargo, vivimos en Bolivia una situación paradójica. A despecho de todo cuanto diga el gobierno, en realidad el Estado se ha debilitado en los cuatro años debido a la sistemática labor de socavamiento al que ha sido sometido. Lo que se ha fortalecido en realidad es el poder ejecutivo y lo hará más aun en el futuro inmediato en desmedro del legislativo y el judicial, lo cual significa un profundo debilitamiento del Estado y sus estructuras esenciales. Un Estado débil institucionalmente y un gobierno fuerte que se aproveche de estas debilidades son las premisas sobre las que actúa el MAS y el seguro pasaporte al descalabro y la corrupción.
En consecuencia los aportes para la jubilación en manos del gobierno no están seguros. El MAS tiene objetivos políticos que como está demostrado no conllevan necesariamente una estabilidad que garantice una administración adecuada de los recursos de miles de bolivianos.
En una situación con estas características es cuando campea la corrupción, un área en el que se ha constatado que el MAS tiene grandes valores y grandes promesas que claramente han visto las oportunidades que les ofrecen los recursos ahora administrados por las AFP´s.