Con todo el poder en sus manos, el Gobierno ignora las leyes y se erige como juez y verdugo para perseguir a los líderes de la oposición.
Editorial eldia.com.bo
Hace mucho que el Gobierno del MAS está aplicando el paradigma central de este régimen que el propio presidente Evo Morales expresó ante todo el país. Su mandato no está sujeto a las leyes, sino a las acciones políticas que –merced a la habilidad de sus abogados-, se pueden convertir en normas jurídicas. Durante la campaña electoral le hizo algunas adendas a su doctrina, cuando afirmó que está dispuesto a cambiar las leyes con tal de meter a Manfred Reyes Villa a la cárcel. Lo que dice no es teoría, pues de hecho, hace 15 meses que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está preso por obra y gracia de una decisión política. En ese caso, Evo Morales actuó de juez y el ministro Quintana hizo de fiscal, mientras que las Fuerzas Armadas, de fuerza pública.
Junto con esa doctrina se encuentra una vocación insaciable por la acumulación de poder, expresada también por el primer mandatario, quien desde un principio dijo que su intención era controlar los tres poderes de la República e instalarse para toda la vida en el Palacio Quemado. Con el 64 por ciento obtenido el pasado 6 de diciembre nadie puede dudar que ya tiene todo el poder y seguramente el camino marcado para terminar con la destrucción institucional de Bolivia y erigir un modelo acorde a la hegemonía conquistada.
A su llegada de Copenhague, Evo Morales dejó establecido cuál será el procedimiento que va a utilizar su régimen para aplicar su nuevo modelo de justicia. En una ceremonia de graduación de la Policía, instó a los oficiales a ponerse al servicio del control político del MAS y no dejar escapar a los líderes opositores contra quienes el oficialismo ha desatado una persecución implacable. Al ex candidato Manfred Reyes Villa lo convocó a presentarse ante los tribunales para “demostrar su inocencia”, cuando en realidad, son los operadores de justicia los obligados a considerar la inocencia de un ciudadano, hasta que ellos sean capaces de probar lo contrario. Los abogados del presidente tienen que trabajar mucho para conseguir poner patas para arriba un precepto elemental del derecho.
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“Ajuste de cuentas” es el término que ha usado un connotado diputado del MAS para definir el enfoque central del próximo mandato del presidente Morales, que oficialmente empieza el 21 de enero de 2010. Toda esta cacería humana, el avasallamiento de la propiedad privada y la persecución parajudicial, debe ser entendida entonces como un adelanto de lo que se viene para los próximos cinco años, tal vez una nueva versión del proceso estalinista, destinado a borrar todo indicio de oposición y disidencia en el país.
¿Qué posibilidades pueden tener los perseguidos frente a todo un aparato estatal trabajando incansablemente para destruirlos? La Policía, la Contraloría, el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, la Fiscalía, todas las instituciones que han pasado a ser apéndices del Ministerio de Gobierno tienen una única misión y es mandar a la cárcel a todo aquel que levante cabeza. Insistimos, ya no importan las leyes, los captores tienen todo el poder para hacerlo y, para quienes corren riesgo de caer en las garras del régimen, el truco está en demostrar su inocencia, toda una innovación de la teoría del derecho.