Controlados: Los lugartenientes de la banda de monreros y los dos efectivos de la Policía tenían control sobre los delincuentes que operaban en los tres sectores de la ciudad de La Paz y El Alto.
Investigación: los integrantes de la banda de monreros que gozaba de protección policial fue desbaratado y presentado el lunes 21 de diciembre
La Prensa. Una red de falsos policías utilizaba la banda de monreros de Ana Suárez para cometer sus fechorías y evadir el control de seguridad, en complicidad con los dos efectivos del “verde olivo”, Pedro Alvizu Burgoa y Mario Romero Ticona, quienes fueron beneficiados con el arresto domiciliario por la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Margoth Pérez. El informante de la Fiscalía Giovanni Martín Ramos Flores también se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El fiscal Marco Vidal, asignado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), declaró que los dos policías, que tenían bienes inmuebles y cuentas bancarias en distintas entidades financieras, al parecer eran los que reclutaban y proveían de los marbetes, chamarras y credenciales de la unidad de investigación criminal a los delincuentes que se hacían pasar por efectivos de la FELCC.
“Estamos en la etapa de investigación para determinar si están o no implicados en la contratación de los falsos policías que conocían el movimiento que realizaban cada una de las unidades (FELCC, Radiopatrullas, PAC y otros) asentadas en la ciudad de La Paz y El Alto”.
El representante del Ministerio Público recordó que en poder de los dos policías, uno de Inteligencia de la zona Sur y el otro, miembro del Distrito Policial 3 de El Alto, se encontró importante documentación en la que además del nombre de Ana Suárez figuraban otros a quienes también se investiga para ver si tenían relación con la mafia que manejaba la mujer y cuatro de sus lugartenientes.
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Los policías Pedro Alvizu y Mario Romero cumplían aparentemente el papel de “informantes” en la organización criminal y supuestamente proveían de armas a la peligrosa banda. Pese a los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, la juez Pérez determinó el arresto domiciliario porque la vida de los involucrados corría riesgo en la cárcel, por la información y relación que tenían con la mafia de Suárez.
El fiscal Ramiro Blanco afirmó a la red Erbol que Ana Verónica Suárez, la presunta cabecilla de la banda, acusó a algunos jefes policiales, entre ellos a autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de ser sus cómplices y de permitirles cometer varios delitos.
El coronel Alberto Aracena, director departamental de la FELCC, no pudo ser ubicado por este diario para responder por la acusación. Un día antes (jueves), Aracena aseguró a La Prensa que fue la propia Dirección la que descubrió a los dos policías con nexos delincuenciales e informado del hecho al fiscal y al comandante general de Policía, general Víctor Hugo Escóbar, para su investigación.
La cabecilla de la banda dijo que existen jefes policiales involucrados.
La juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Margoth Pérez, resolvió, en dos audiencias cautelares, el arresto domiciliario de seis personas y la detención preventiva de otras siete en el penal de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina (COF).
Entre los beneficiados están los dos policías, uno de ellos de Inteligencia, quienes brindaban protección y era los soplones de la mafia de monreros que lideraba Ana Suárez. Los detenidos son: Gonzalo Sullcata Quispe, Sergio Saúl Choque Flores, Rolando Hugo Miranda Silva, Juan Gerardo Illanes Fernández, Consuelo Choque Sullcata, Rolando Martín Ramos Flores y Ana Verónica Suárez de Osinaga.
Policías y ladrones, vinculados
Un oficial de Policía, quien solicitó guardar su nombre en reserva, reveló a La Prensa que la relación entre policías y ladrones existe desde la antigua Dirección de Investigación Criminal, en la que los delincuentes pagaban altas sumas de dinero para lograr su libertad y continuar operando sin problemas.
El efectivo del “verde olivo” recordó que los malhechores cuentan con apoyo económico y es casi imposible erradicarlos, sobre todo los “peces gordos”. “Los que caen son los ‘obreros’, los jefes siempre salen libres y gozan, ahora, del favor de los fiscales y los propios jueces, que los liberan a los 10 y 15 días de haber sido detenidos y enviados al penal de San Pedro o Chonchocoro con medidas sustitutivas”.