Entre paréntesis….Cayetano Llobet T.
No deja de tener su ironía el hecho de que ahora sea el gobierno quien apresure el nombramiento de “gobernadores” de las autonomías. Aunque nadie podría sostener, razonablemente, que hoy, las regiones son más autónomas. Todo lo contrario.
La institución de las prefecturas, heredada de la concepción francesa de administración territorial tiene una lógica impecable: la representación de los ciudadanos y los territorios emerge de los actos electorales que constituyen los parlamentos, senados y asambleas. En compensación, el gobierno central se hace presente en las regiones a través de sus delegados especiales que son los prefectos. Así ha funcionado y así estaba consagrado en nuestro orden constitucional.
Cuando se desata el proceso de desinstitucionalización del Estado y el consiguiente proceso de desagregación social, son las regiones las que canalizan la necesidad de referencia social a través del reclamo de la autonomía. Reclamo regional mayoritario, aunque en muchos de los casos, incluyendo Santa Cruz, no se tuviera una idea más que vaga sobre lo que representaba la concreción de esa autonomía.
En el camino del debilitamiento estatal, Carlos D. Mesa -uno de los paradigmas de esa debilidad-, ante la lista interminable de demandas que le presentaban los cruceños y poniéndose por montera la Constitución , acordó la elección de los prefectos. Obviamente, sin tener la menor idea de que con ese paso sólo aceleraba la desinstitucionalización de Estado, consolidando la regionalización de la política.
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Y con sus gobernadores convertidos en estrellas, las regiones iniciaron su avance aparentemente imparable a la conquista de su autonomía plena. De hecho, el gobierno de Evo Morales no tuvo otra oposición que la regional que, estructurada en varios departamentos, se convirtió en el enemigo principal de Evo y en el mayor peligro de su estabilidad y continuidad. Pero llegaron los auxilios: primero, el infaltable de Podemos -¡una vez más Tuto!-, regalándole el referéndum revocatorio -comienzo de la contraofensiva gubernamental-, y luego la nunca explicada capitulación de Santa Cruz, firmada por Rubén Costas, en la mañana del 4 de julio de 2008, aceptando ese revocatorio, a pesar de su compromiso solemne de hacía diez días, firmado en Tarija, con otras cinco regiones.
La derrota regional fue un hecho. Su manifestación militar en Pando, su rúbrica violenta. La soledad en la que se dejó a Leopoldo Fernández, la vergüenza de los otros derrotados. Hoy, sólo se viven las consecuencias. La elección del 6 de diciembre es, únicamente, el certificado notarial de esa derrota.
Y estamos en vísperas de la paradoja: el gobierno central -en su versión caudillista y personalizada, y con la coartada del voto- va a ser quien ponga nuevamente a los prefectos, ¡perdón, gobernadores!, en la mayor parte de las regiones. Pando y Beni serán, seguramente, las islas beneficiarias del fracaso del Ministro preferido. Santa Cruz, la mayor víctima de la derrota, precisamente por ser la más fuerte y la más grande, es la que enfrenta la crisis más aguda de dirigencia.
Es obvio que el gobierno va a jugar allí todas sus cartas. Y, la principal, impedir que aparezca el líder unificador de oposición. Mientras eso no ocurra no hay problema: se puede seguir ayudando al que está -Santa Cruz es menos autónomo que nunca- y por si algo fallara, está la segunda vuelta -la única en el país-, que servirá para darle una manito a la continuidad de la derrota.