Bolivia. La nueva normativa se sujeta a la Ley de Hidrocarburos del año 2005. El decreto no alcanza a los santuarios y monumentos naturales. Dirigente indígena pide consulta a los pueblos
EL DEBER, Santa Cruz
Bolivia encara exploraciones en varias regiones del país. Lliquimuni (f) está en La Paz. Archivo El Deber
Para aprovechar los recursos hidrocarburíferos y para reducir la extrema pobreza en las comunidades que habitan las áreas protegidas, el Gobierno permitirá el desarrollo de estas actividades de exploración energética (gas y petróleo) en las áreas protegidas del país.
La autorización se establece en el Decreto Supremo (DS) 2366 aprobado el miércoles por el gabinete ministerial.
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“Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas”, señala la norma.
Establece las mismas condiciones del artículo 32 de la ley 3058 (Ley de Hidrocarburos) que permite actividades, “en sus diferentes fases, en áreas protegidas, reservas forestales, tierras de producción forestal permanente, reservas de patrimonio privado”.
Las normas prevén medidas ambientales adecuadas.
El artículo 2 del DS 2366 menciona que en caso de un descubrimiento comercial para la explotación, se podrá solicitar al Sernap evaluar y revisar instrumentos de planificación espacial del área protegida, para adecuar el reglamento.
El decreto prohíbe realizar exploración y explotación en las categorías de Santuario y Monumento Natural.
Bolivia cuenta con 182.716 km² de superficie de áreas protegidas; es el 16% del territorio país, cuenta con 123 áreas protegidas y forman parte del Servicio Nacional del Sistema de Áreas Protegidas (Sernap).
Efectos negativos
Por su parte, el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, recordó que las áreas protegidas son un patrimonio y su regulación es compartida con los pueblos indígenas, según la propia Constitución.
“Además, la ley de medioambiente prohíbe megaproyectos en áreas protegidas que pongan en riesgo la biodiversidad de dicha área. Un decreto no puede ser superior a una ley. Esta norma estaría contraviniendo a la CPE”, indicó.
Señaló que el Gobierno tendrá que consultar con los pueblos originarios para una actividad y señaló que los efectos ambientales en la exploración son reversibles, pero no cuando se utiliza dinamita a profundidad, para verificar la existencia de petróleo.
Nataly Ascarrunz, directora ejecutiva del Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), dijo que el decreto hace referencia a medidas de aislamiento para reducir el impacto de asentamientos.
Pero recordó que ya hay actividades energéticas en el Parque Nacional Aguaragüe (Tarija) y bloques de exploración en las reserva natural de Manuripi en Pando.