Jorge Lazarte R.
Los llamados “movimientos sociales” irrumpieron con especial fuerza en los años noventa, y desde entonces son uno de los referentes privilegiados del discurso social y político. Fueron presentados como esencialmente democráticos, y con proyectos políticos también democráticos. La Constitución les reconoce el poder de ser “control social” de todas las instituciones estatales; el gobierno actual se llama a sí mismo de los “movimientos sociales” y estos en buena parte creen que son “gobierno”; y no hay “partido político que no busque aliarse con ellos.El artículo pretende explicitar qué son realmente esos “movimientos sociales” y cuál podría ser su destino en los marcos del “proceso de cambio”.1.- En primer lugar, estos “movimientos sociales” fueron adquiriendo relevancia a medida que el puntal sindical del 52 declinaba históricamente con la pérdida de sus bastiones obreros clásicos. El vacío fue ocupado por otros actores sociales etiquetados de precipitadamente de “nuevos” con lo que se buscaba acreditar la idea de que no tenían mucho que ver con el “viejo” y poderoso sindicalismo.Lo “nuevo” de estos movimientos es lo que se patentizó durante la formidable crisis nacional de los años 2000. Como se recordará, el año 2000 fue el escenario en abril y septiembre, de dos conflictos claves de “acción directa” de gran irradiación nacional. El 2003 movimientos del mismo estilo pusieron fin al gobierno de Sánchez de Lozada, y el 2005 hicieron lo mismo con el gobierno de C. Mesa, y llegaron a la plenitud de su capacidad de movilización en vísperas de la convocatoria y durante la Constituyente (2006-07).Lo que caracterizó a estos movimientos fue, en primer lugar, su condición de ser poco estructurados, múltiples en su composición (vecinos, gremiales, cocaleros, maestros, campesinos, indígenas) y en sus demandas, pero todos parecidos por su alta intensidad y emotividad expresivas de las fracturas históricas del país. Luego y sobre todo fue su estilo de protesta con el más variado repertorio basado en el uso de la fuerza y de la violencia como tomas de edificios, pedreas, dinamitazos, huelgas de hambre, marchas cotidianas, crucifixiones, secuestro de autoridades. De estas modalidades, la más representativa, por su uso cotidiano y banalizado, fue ciertamente el “bloqueo” (de caminos, calles, rutas) que desorganizaba la vida de la población. El “bloqueo” reemplazaba la clásica huelga del sindicalismo.Esta fuerza disruptiva de la “democracia de alta intensidad”, “insurgente” y “plebeya” puso en jaque a la democracia existente abandonada por “pactista” y “neoliberal”. En este modelo de movilización las razones o derechos “democráticos” invocados, se combinaban con medios de acción poco, nada o contra democráticos, que sólo podían ser efectivos convulsionando a la sociedad. En un cierto sentido puede decirse que en esos años se había llegado a una situación en la que la calle lo era todo y el Estado, nada.2.- Estos movimientos fueron ciertamente bien distintos y “nuevos” con respecto al modelo sindical más estructurado y organizado de la COB pero paradójicamente “viejos” por su composición social y lógica de acción, como lo fueron los del siglo XVII que actuaban según el “modelo de protesta social” de la “multitud” premoderna, con “muchedumbres” que privilegiaban los “métodos de acción directa”, y expresivos de “sentimientos profundos” de una “economía moral” de “justicia” que se enarbolaban contra los “ricos” y los “abusos” de “autoridades”. Una característica común a todos ellos fue el “desprecio generalizado por la ley” (Thompson, Rudé).En el caso de Bolivia, esta fuerza de la masa o multitud en acto (como diría Zavaleta) era más afín con las formas pre-republicanas de acción de “muchedumbres” con caudillos convertidos en verdaderos “fetiches” (R. Moreno); o con el “populacho” que secundaba los “motines” que en el siglo XIX y XX constituyeron la “sustancia” del país (C. Montenegro).3.- La república heredó esas pautas de comportamiento social que tuvo su consagración histórica en la insurrección de abril de 1952. El poderío de las organizaciones sindicales fue el vector del movimiento popular hasta que perdieron su centralidad histórica en los años ochenta, pero dejaron como herencia el uso banalizado de la fuerza y la violencia en la acción colectiva, y una cierta idea de la política de “cogobierno” sin mediaciones, donde lo social se entremezcla con lo político.Los actuales “movimientos sociales” incorporaron en sus formatos de movilización esta herencia de “acción directa de masas”, con gran potencial de “ingobernabilidad” social cuando se entrecruzan y se conectan.4.- Con todo, lo verdaderamente “nuevo” de estos movimientos sociales es que ha cambiado de manera sustancial la forma de sus relaciones con el poder, que afecta a la naturaleza misma de un movimiento “social”. En Bolivia estos movimientos pasaron de “reivindicativos” a “contestatarios”; de contestatarios a “insurgentes”, para finalmente presentarse como pretendientes al poder. El vacío institucional de esos años hizo que se pensara que no sólo era cuestión de “participación popular”, tampoco sólo de “participación en el poder” sino que además podían ser poder (“Pacto de Unidad”).El remate constitucional de esta pretensión ha sido convertirse en “parte” de la “estructura” del Estado, y en “control social” de todas las instituciones del Estado. Así se estableció una afinidad estructural entre el “corporatismo” de los “movimientos sociales” y el diseño del Estado “corporativo” y “plurinacional” actual, que los ha cooptado y convertido en instrumentos del poder.5.- Esta subsunción estatal es presentada como gobierno de los “movimientos sociales”, que “acceden” al poder “vía sindicato” (AGL). Como se sabe, esto es un imposible práctico. El gobierno “del” pueblo- y todas sus figuras retoricas equivalentes- es una ficción para legitimar el poder de los que verdaderamente lo tienen. Los gobernados pueden elegir a una élite gobernante, o ser base social de apoyo y de movilización, pero nunca pueden ser gobierno directo, pues un gobierno de “asamblea” es tanto menos posible cuanto más crece la escala. Ser gobierno “del” pueblo a la manera “populista” suele ser más bien un gobierno que se sostiene con apoyo social a cambio de políticas clientelistas y ventajas, cargos, recursos prebendales que benefician a cúpulas sociales cooptadas. Todo ello es distinto de ser gobierno “para” el “pueblo”, es decir, con políticas orientadas en su favor. La distinción entre gobernantes y gobernados es ontológica, sólo que en democracia los que gobiernan no pueden hacer lo que quieran, y tienen frenos que impiden o deben impedir las inclinaciones despóticas de los hombres del poder.6.- Por tanto, creer que pueden ser poder o estar en el poder es arriesgar o simplemente perder su autonomía -atributo inherente de un movimiento “social”-, y adoptar como suya la ideología del poder, silenciando a su disidencia interna, o dividiéndose. Un movimiento “social” es un actor constituido en una sociedad “civil” también autónoma, y su finalidad inherente es expresar y defender intereses o derechos radicados fuera del poder, y casi siempre contra él. Para un movimiento “social” dar el salto al poder no sólo sirve a los que tienen el poder, sino que conduce a su propia anulación, y la de la misma democracia de la que creen ser su suprema realización.7.- Esta honda corriente de “empoderamiento” es una manifestación patológica de una cierta idea de poder y de sociedad, que subsume lo social en lo político y es ajena a una idea de democracia moderna. El problema central de la democracia en Bolivia y de gran parte de la América Latina, es el Estado de derecho, que sólo es posible a partir de una nítida diferenciación entre Estado y sociedad, condición sine qua non de un movimiento social autónomo del y frente al poder. El llamado “proceso de cambio” está a contravía.