Control: Los movimientos sociales, según el proyecto de ley de Control Social, pueden exigir información y denunciar irregularidades en los procesos en los que se vean afectados los intereses o patrimonio del Estado.
Justicia: desarrollo de una audiencia cautelar en un juzgado de La Paz
Boris Miranda Espinoza | La Prensa
El Gobierno, mediante un proyecto de ley que será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, plantea que los juicios especiales a ex autoridades y en los que se vean afectados los intereses del Estado tengan seguimiento y vigilancia del control social.
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El Anteproyecto de Participación y Control Social que será presentado la próxima semana al presidente Evo Morales dispone que la población acompañe todas las etapas de los procesos en los que esté en juego el “patrimonio de la colectividad”.
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, explicó a La Prensa que el objetivo de esta medida será transparentar los procesos a toda la sociedad y agilizar los reclamos ante supuestos fallos irregulares de los jueces.
“Cuando se involucren intereses nacionales, el control social tendrá que ser totalmente amplio porque estará en juego el patrimonio y los intereses del Estado y la sociedad. Los jueces tendrán que rendir cuentas a toda la población por sus actos, deben justificar sus fallos. Eso no significa que se influya en la independencia del Órgano Judicial”.
La autoridad gubernamental no quiso precisar los mecanismos a través de los cuales se regularán las actividades de los “controladores” y adelantó que deberán ser aprobados por el Presidente antes de ser hechos públicos.
Los juicios especiales incluyen los procesos contra funcionarios y ex autoridades públicas. En este grupo también ingresan los procesos coactivos, contenciosos administrativos, procesos ordinarios que demanda el propio Estado y juicios contra la nación.
Los integrantes del mecanismo del Control Social, según explicó Cox, podrán participar en los juicios a través de tres acciones: recibir información de todos los actos que se realicen en los actos judiciales, denunciar ante el Consejo de la Magistratura las supuestas irregularidades descubiertas y exigir a los jueces que justifiquen y expliquen todas las decisiones y fallos dictados.
Todos los reclamos e incluso apelaciones de las sentencias deberán ser presentadas ante el Consejo de la Magistratura, que será la institución del Órgano Judicial que viabilizará las acciones del control social (ver página 5).
En el caso de los juicios especiales que involucren a intereses regionales o en las demandas a ex prefectos, los sectores sociales de las regiones también pueden realizar el control social durante el desarrollo de los procesos.
El coordinador del Ministerio de Transparencia en la redacción del Anteproyecto de Control Social, Tamer Medina, indicó que serán las instituciones del Órgano Judicial las responsables de financiar la instalación y capacitación de los “controladores”.
El presidente Evo Morales anunció en varias conversaciones con medios de comunicación que el objetivo del control social es que todas las entidades públicas transparenten sus acciones que rindan cuentas a la sociedad.
El director del Sistema Nacional de Administración de la Gestión Pública, Raúl Prada, explicó que el control social estará presente en todas las esferas de gestión pública como la “columna vertebral” del Estado.
La nueva Constitución dispone que “la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, expresó su temor por la politización que pueda traer el control social a los procesos judiciales. Afirmó que las autoridades del Órgano Judicial deberán participar en la elaboración del proyecto de Ley para mantener la independencia de los poderes del Estado. “ Lo que preocupa es la potestad que puedan tener en los actos de los jueces y fiscales. El temor es que a través del control social se puedan dar actitudes que influyan en las funciones de jueces y fiscales”.
El único miembro del Consejo de la Judicatura en funciones, Rodolfo Mérida, aprobó la implementación del control social en los procesos especiales para “democratizar la justicia”.
El control social se aplicará en todas las entidades del Estado boliviano.
Puntos de vista
“El Control Social mientras tenga la función de solamente fiscalizar la labor de los procesos judiciales no es malo porque tenemos procesos públicos. Lo que preocupa es la potestad que puedan tener en los actos de los jueces y fiscales. El temor es que a través del control social se puedan dar actitudes que influyan en las funciones de jueces y fiscales. Esto tiene que estar muy bien reglamentado, lo mejor sería que las autoridades del Órgano Judicial deben participar en la elaboración de la norma. Los sectores que participen actualmente tienen potestades para denunciar a los jueces, eso no es una novedad, en la medida que les den muchas atribuciones puede afectar a los derechos de los ciudadanos. Tememos que esto se politice.”.
Edwin Rojas / Presidente del Colegio de Abogados de Bolivia
“La inclusión del control social en la justicia es algo que se veía que iba a llegar. Ya en los procesos penales se incorporó en los tribunales de sentencia a jueces ciudadanos. Desde el Consejo de la Judicatura se propuso la inclusión del control social en la justicia para que a nivel de las organizaciones sociales se vean los mecanismos técnicos para ejercitar ese control y que los servidores públicos judiciales ya no actúen al amparo de lo que prevé la Constitución y las leyes dado que permite una administración sesgada de la justicia. Hay un sentir que la justicia es una serpiente que sólo muerde a los descalzos. No encontramos a los grandes estafadores. El control social será revisado por la Asamblea y esperamos que la Ley sea adecuada.”.
Rodolfo Mérida / Consejero de la Judicatura
Demandas del control social pasarán a la Magistratura
Reforma: Se propone que el Consejo de la Magistratura habilite sistemas para que los ciudadanos presenten denuncias de irregularidades en los procesos.
Las denuncias y observaciones del mecanismo de control social contra fiscales y jueces y las observaciones e impugnaciones a los fallos judiciales serán presentadas ante el Consejo de la Magistratura.
Esta entidad judicial habilitará sistemas para que los ciudadanos puedan presentar sus demandas en caso de detectar irregularidades en los procesos penales, civiles o administrativos por lo que las decisiones de los jueces pueden ser impugnadas.
El Consejo de la Magistratura, según prevé el Gobierno, será constituido hasta fin de año porque se aprobará la llamada “Ley Corta” para llenar las acefalías en el Poder Judicial.
El viceministro de Justicia Nelson Cox explicó a La Prensa que los procesos judiciales ordinarios también tendrán un control social por parte de las personas interesadas e involucradas en los casos.
“Los ‘controladores’ que vayan a a ser parte del proceso podrán ejercer sus reclamos a través de los mecanismos que habilite el Consejo de la Magistratura. Esto no quiere decir que el Consejo va a tener autoridades del control social en su interior sino que se abrirá una forma de control con un manejo mucho más transparente y mucho más dinámico, el control social va a ser a través de los litigantes y los terceros beneficiados o afectados en cualquier proceso o litigio”.
En los juicios comunes, podrán hacer ejercicio de ese derecho constitucional los familiares y en caso de juicios a empresas, las corporaciones involucradas y afectadas.
Los nuevos mecanismos permitirán la admisión directa de los reclamos de los afectados. Actualmente hay que iniciar un nuevo proceso sumario para protestar por las decisiones de un juez o un fiscal.
Según el viceministro Cox, la diferencia sustancial entre el vigente Consejo de la Judicatura y el futuro Consejo de la Magistratura residirá en la incorporación del control social.
El único consejero que sigue en funciones, Rodolfo Mérida, indicó a este matutino que acompaña la redacción del Anteproyecto de Ley de Participación y Control Social y que cuando la institución supere la transición estará en condiciones de atender las demandas que puedan surgir de la población en todo el país.
“En su momento propusimos la incorporación del control social al Poder Judicial y como Consejo de la Judicatura hicimos un seguimiento de los avances en este proceso. Cuando llegue el cambio institucional va a quedar una infraestructura a nivel nacional para poner en marcha este mecanismo de vigilancia”.
La nueva Constitución establece que la entidad responsable de llevar adelante el control social en el Órgano Judicial es el Consejo de la Magistratura por el “principio de participación ciudadana” (art. 193).
La entidad en vigencia se responsabilizaba del control de los actos del Poder Judicial, pero sin la participación directa de la sociedad.
El proyectista del Anteproyecto de Control Social, Tamer Medina, explicó que cuando se apruebe la norma las auditorías jurídicas tendrán participación social, al igual que los procesos administrativos, disciplinarios y judiciales donde lo amerite.
Amabol revisa leyes del MAS
Comisiones de trabajo conformadas por Magistrados, Vocales de Cortes Superiores y representantes de otros órganos del Poder Judicial y de la Asociación de Jueces (AMABOL) evalúan en la ciudad de Cochabamba los anteproyectos de ley de la Judicatura que permitirán la adecuación de los mismos a la Constitución Política del Estado.
Según la decana en ejercicio de la Presidencia, Beatriz Sandoval de Capobianco, el trabajo de las comisiones es la continuación del que iniciaron en Sucre y Santa Cruz de la Sierra en diciembre pasado. Las comisiones de trabajo del Poder Judicial esperan contar hasta el fin de semana con los resultados del análisis efectuado de los anteproyectos de la nueva Ley Orgánica, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agrario, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
De acuerdo con el ministro de la Corte Suprema, José Luis Baptista, que integra una de las Comisiones evaluadoras, en el Poder Judicial existe la voluntad y el interés por enriquecer, en el marco de la coordinación de Poderes, los anteproyectos elaborados por el Poder Ejecutivo y que serán enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Presentarán cinco leyes esta semana
El Ministerio de Justicia presentará esta semana los cinco proyectos del Poder Judicial al presidente Evo Morales. Se trata de los borradores de la Ley del Órgano Judicial, de Deslinde Jurisdiccional (justicia comunitaria), del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, afirmó que los borradores están en una última etapa de revisión y que serán presentados al Jefe de Estado para luego ser enviados a la AsambleaLegislativa Plurinacional. El objetivo es que las normas sean aprobadas en el primer semestre de iniciadas las sesiones.
Los equipos jurídicos del Ministerio de Justicia, de Transparencia y lucha contra la Corrupción y de Hacienda coordinaron el paquete de normas durante los últimos tres meses.
Cuando todas las leyes del Órgano Judicial entren en vigencia, y la del Órgano Electoral también, Bolivia será el primer país del mundo en elegir a sus autoridades judiciales más importantes a través de las urnas.
Las auditorías a los fallos tendrán participación de sectores sociales.
Para destacar
El control social es un mecanismo de vigilancia autorizado por la Constitución Política del Estado (CPE).
Según el proyecto de Ley de Control Social, esta instancia también se aplicará en el Órgano Judicial.
Los representantes del control social pueden exigir informes a los jueces y reclamar por irregularidas en los fallos.
Las denuncias contra jueces serán presentados por el Control Social de forma directa al Consejo de la Magistratura.