Denuncia. Rocabado cambió de árbitro, ahora es de la ONU. Ella se defiende. Habría pactado otro arbitraje con ETI.
Rocabado no se arrepiente de haber acordado con Euro Telecom los dos documentos ad hoc.
Explicación: La ex ministra Rocabado enseña documentos sobre el caso ETI
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Prensa
Gobierno acusa a ex Ministra de pactar otro arbitraje con ETI
Ratificación: La ex ministra de Defensa Legal del Estado Cecilia Rocabado no se arrepiente de haber acordado con Euro Telecom los dos documentos ad hoc, que ahora son parte de una investigación en su contra.
El Ministerio de Transparencia inició una investigación a la ex Ministra de Defensa Legal del Estado Cecilia Rocabado, por supuesta corrupción y negligencia en la firma de dos acuerdos ad hoc con Euro Telecom Internacional N.V. (ETI) sin consultar al Consejo de Defensa Legal del Estado, hecho que permitió que se entable un proceso arbitral desfavorable para Bolivia.
La ex autoridad justificó que esa instancia no tenía la atribución para vetarla y defendió su decisión porque permite demandar a la ex capitalizadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) por daños económicos ocasionados al Estado.
La denuncia también se extiende al ex viceministro de Defensa Legal del Estado Javier Viscarra Osuna, a quien destituyeron del cargo el 12 de enero.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, recibió la documentación y dijo que se tendrán resultados en una semana, a tiempo de aseverar que “es posible que exista incumplimiento de deberes y la firma de contratos lesivos al Estado”.
Rocabado tomó posesión del cargo como ministra en septiembre ante la renuncia de Héctor Arce, para habilitarlo como candidato a primer diputado por La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el 24 de diciembre, sorpresivamente, en lugar de la ex Ministra asumió Pablo Menacho Diéderich.
El nuevo Ministro explicó ayer en conferencia de prensa que el primer acuerdo ad hoc del 16 de octubre de 2009 establece “reglas de procedimiento que acuerda iniciar un nuevo procedimiento de arbitraje, diferente al que ya era llevado adelante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial”.
El segundo es complementario al anterior, fue rubricado el 20 de octubre, “en el que se definen otros aspectos procesales”, entre éstos “se decide la renuncia por parte del Estado boliviano del derecho a objetar la jurisdicción del nuevo tribunal de arbitraje” y se establecen plazos que no son convenientes para que el Órgano Ejecutivo prepare la defensa, hecho que puede llevar a un laudo arbitral a Bolivia en enero próximo (2011).
Rocabado aseguró que la firma de ambos acuerdos “fue buena para el país”, decisión que tomó “con plenas facultades de acuerdo con la ley LOPE” (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y que entre las atribuciones del Consejo de Defensa Legal “no obliga al Ministerio a pedir autorización previa”.
Menacho dijo que es el presidente Evo Morales quien debió otorgar un poder para que la ex Ministra asuma la defensa en este nuevo proceso, porque sólo tenía aval para hacerlo ante el CIADI.
Rocabado aseguró que recurrir ante un tribunal ad hoc en este caso fue una decisión que siempre reclamó el país porque ya había renunciado al otro organismo arbitral.
En este contexto, el 13 de octubre, el país es informado que ETI acudió a ese jurado, que regirá su accionar bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio de París, pero como las mismas eran “duras” en contra de los Estados, se acuerda que el proceso se desarrolle bajo las normas de Naciones Unidas.
Menacho aseguró que el rechazo del Estado debió informarse al Tribunal; en su lugar, “la ex Ministra recién hizo conocer (la determinación del Consejo 28 días después) de forma muy vaga e imprecisa”.
Rocabado pidió al Consejo reconsiderar su postura, aspecto que no fue discutido porque esa instancia no se reunió. Entonces solicitó al Tribunal que se paralicen las acciones del proceso.
ETI capitalizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) en 1995, pero el actual Gobierno nacionalizó sus acciones el 1 de mayo de 2008.
El 12 de octubre de 2007, ETI presentó una demanda por el resarcimiento de 350 millones de dólares al CIADI, antes de que Bolivia abandone esa jurisdicción arbitral.
Según el portal de internet del Banco Mundial, Bolivia firmó el convenio con esta instancia el 3 de mayo de 1991; pero el 2 de mayo de 2007 solicita su salida, que se efectiviza el 3 de noviembre de ese año con el argumento de que sus fallos sólo favorecían a las transnacionales. El 20 de octubre de 2009, ETI recurre a un Tribunal ad hoc.
La ex ministra Rocabado defiende su decisión por beneficiar al Estado.
Ejecutivo aún negocia con Air-BP
El Órgano Ejecutivo espera llegar a un acuerdo con la empresa nacionalizada Air-BP, aunque no hay un plazo para la conclusión de las negociaciones. La ex distribuidora de carburantes en los aeropuertos aún no presentó una demanda arbitral.
El ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho Diéderich, declaró a La Prensa que “todavía existe la intención de la empresa de seguir negociando con el Estado boliviano, y mientras siga esa actitud de conciliar por ambas partes, tendremos el tiempo para llegar a acuerdos que nos sean beneficiosos”.
El titular no dio más detalles sobre los avances de este acuerdo porque “todos los resultados de la negociación van a ser primero transmitidos a las autoridades a través de los canales diplomáticos”, y cuando se tenga un resultado concreto, será de conocimiento público.
Hay que recordar que, mediante una carta dirigida al presidente Evo Morales, los propietarios de Air-BP hicieron conocer la intención de iniciar un proceso arbitral. El Decreto 111 fijaba un plazo de 120 días de negociación desde el 1 de mayo.
El Estado mantiene dos demandas para iniciar procesos arbitrales, la primera con Química Industrial del Bórax (Quiborax) y la segunda con Euro Telecom.
Para destacar
El 12 de octubre de 2007, Euro Telecom denunció a Bolivia ante el centro de arbitrajes CIADI del Banco Mundial.
El 3 de noviembre de 2007, el país sale del CIADI, después de que el 2 de mayo hiciera su solicitud mediante carta.
El 21 de octubre de 2009, ETI decide dejar la demanda en el CIADI, siete días antes demandó ante otro tribunal.
El 16 y el 20 de octubre de 2009, la ex ministra Rocabado firmó dos acuerdos con ETI en relación con el nuevo proceso.
Acusan a ex ministra Rocabado de corrupción y ella se defiende
El actual Ministro de Defensa Legal del Estado presentó al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción documentación que implica a ex autoridades de esa cartera.
DENUNCIA • Menacho muestra una de las cartas firmadas por Rocabado y que, según el Gobierno, afectan al Estado.
La Razón
El Gobierno sospecha de la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, y del ex viceministro del sector, Javier Viscarra, por supuestos hechos de corrupción y negligencia en el caso del arbitraje iniciado por Euro Telecom International NV (ETI) a consecuencia de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
El actual ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Evo Morales, denunció ayer ante la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, sobre las presuntas irregularidades cometidas por las ex autoridades, destituidas el 24 de diciembre del año pasado.
Menacho explicó que Rocabado firmó dos acuerdos con la italiana ETI (el 16 y el 20 de octubre del año 2009), incumpliendo las normas nacionales y sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa del Estado, mediante los cuales estableció un nuevo tribunal de arbitraje “ad hoc”, distinto al del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en condiciones desfavorables para el Estado boliviano.
“El principal daño que se ha causado es la renuncia de derechos inherentes a la defensa del Estado boliviano (…). En los acuerdos, la ex ministra renunció al derecho de objetar la competencia del Centro (de arbitraje), renunció al derecho a objetar la designación de los árbitros, renunció al derecho de plantear otras objeciones a la jurisdicción del Centro. Se acordaron plazos que también son lesivos, toda vez que nosotros como Estado necesitamos contar con plazos prudenciales para poder hacer todo el análisis, toda la defensa y ahora se tiene que bajo estos acuerdos —por ejemplo—, en el peor de los casos estaríamos con un laudo para fines de enero del próximo año o diciembre de este año”, lamentó el ministro.
El 1 de mayo del 2008, el Gobierno nacionalizó Entel. Antes (octubre del 2007), la accionista mayoritaria ETI había apelado al CIADI, luego de que el Estado recuperó el 49% de las acciones que pertenecían a los bolivianos.
El consorcio pide una indemnización de $us 350 millones. Sin embargo, Bolivia ya se retiró de ese tribunal en mayo del 2007.
El 14 de octubre, Rocabado informó que ETI recurrió a un nuevo arbitraje ante un comité “ad hoc” de Naciones Unidas, y calificó al hecho de favorable para el país, porque se trataba del reconocimiento de la empresa italiana sobre la falta de competencia del CIADI, ya que Bolivia se había retirado de ese tribunal.
El 16 y el 20 de ese mismo mes, la ex ministra firmó los acuerdos para permitir que el arbitraje se vaya a otra instancia. El 3 de noviembre, La Razón informó que el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por la italiana ETI contra el Estado boliviano a solicitud de la firma extranjera.
La orden de tomar nota de la terminación del procedimiento fue emitida por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009, en base a la Regla 44 del Convenio CIADI.
“Si una de las partes solicita que se ponga término al procedimiento, el Tribunal (…) fijará mediante resolución el plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula objeción alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumirá que la otra parte ha consentido la terminación”, establece la mencionada regla.
Gobierno objeta los acuerdos
El ministro de Defensa Legal del Estado, Pablo Menacho, objetó los acuerdos —en supuesto desmedro a los intereses del Estado— firmados por la ex ministra del área Cecilia Rocabado, debido a que ella actuó fuera de sus competencias.
“Nosotros no aceptamos, no han sido autorizados estos acuerdos que han sido suscritos por la ministra Rocabado”, sostuvo la autoridad.
Explicó que la ministra actuó en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las normas vigentes de defensa del Estado, además de pasar por alto la aprobación del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado.
“La ex ministra no contaba con los respectivos plenos poderes para comprometer la fe del Estado en un nuevo arbitraje internacional. El 2 de octubre del año 2009 se le autoriza a la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, asumir defensa (en el caso Entel) exclusivamente dentro del arbitraje iniciado dentro del CIADI, donde no tiene la capacidad de iniciar un nuevo arbitraje fuera de esta esfera”, aclaró Menacho.
Hechos
Revisión • La ministra Nardi Suxo dijo que se procesará la documentación entregada por el ministro Pablo Menacho para tener resultados la próxima semana. Los delitos podrían ser “contratos lesivos al Estado” e “incumplimiento de deberes”.
Solución • Ante el hecho, el Ministro de Defensa Legal del Estado adelantó que se planteó al Consejo de Defensa una estrategia para ver cuáles son las líneas de acción que se seguirán en ese tema. Aclaró que esta información es reservada.