La capital cruceña, la que mayor movimiento económico genera en Bolivia, tuvo ayer a la unidad de Bomberos sin energía eléctrica por algunas horas. La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) les cortó el servicio debido a una deuda de Bs 3.875 por tres meses impagos, cuyo plazo para su cancelación venció el 6 de julio.El jefe de la unidad policial, David Flores, confirmó el corte del servicio, que antes del final de la tarde fue restablecido. Estos pagos son cubiertos por la Policía, pero se gestionan a través del Ministerio de Gobierno.La situación sorprendió a los propios uniformados, que lamentaron lo sucedido, un aspecto que se repite en casi todas las unidades policiales, donde las carencias mantienen a la institución con la mano extendida a la ayuda de algunas empresas privadas y de las propias víctimas para mantenerse con capacidad operativa.Un ejemplo de la dejadez con la que luchan a diario los policías es lo que se observó en Bomberos, donde utilizan uniformes sin las condiciones de seguridad mínimas para enfrentar las llamas, calzan botas dañadas, usan guantes quemados y con huecos, y deben contener la respiración para ingresar a las estructuras incendiadas, porque no tienen equipos autónomos de respiración.Así operan los bomberos cruceños, unidad donde sus agentes cuentan con apoyo de empresas privadas o corren con sus propios gastos, ya que cuando un oficial se intoxica por inhalar humo en un incendio, debe ser él quien corra con los gastos para comprarse la leche que le permitirá desintoxicar su organismo.Casos similares

Esta situación es una constante en las restantes unidades operativas, ya que pese a las inversiones que se hacen desde el Gobierno, la Gobernación y la Alcaldía capitalina, todavía los agentes se compran los pitos para dirigir el tránsito vehicular, las linternas especiales para alumbrar en los incendios, los guantes para sujetar objetos ardientes, los alcoholímetros para verificar el estado de embriaguez de un conductor, las balas para sus armas de fuego y hasta el material de escritorio.Hasta el momento ni la Gobernación ni el Gobierno central pudieron instalar un taller de reparación y mantenimiento de los vehículos que cada cierto tiempo las autoridades les entregan, pero que quedan parados por falta de repuestos o arreglos.Actualmente en el departamento hay más de 7.000 agentes, aunque aún sus carencias se mantienen inalterables, ya que se siguen comprando sus uniformes, equipos y hasta armas de fuego.