Una carrera sinuosa y oscura pasa factura a fiscal Gutiérrez

Trayectoria: Llegó a dirigir el Ministerio Público de La Paz en 2004. Recibió el apoyo de los parlamentarios masistas en esa legislatura. Es sospechoso de haber montado una estructura de corrupción en ese organismo.

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Imputado: el ex representante de la Fiscalía será enviado a la cárcel de San Pedro



La Prensa

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El 14 de enero de 2005, el Congreso designó al abogado Jorge Gutiérrez Roque fiscal de Distrito de La Paz. El apoyo de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue decisivo en el Poder Legislativo.

El proceso de selección previo había tenido dos protagonistas excluyentes, las abogadas Gilka Hinojosa y Audalia Zurita. El puntaje de ambas era mucho más alto que el de Gutiérrez, pero éste fue el elegido.

El ex diputado masista Gustavo Torrico justificó la decisión: “Salió bachiller de un colegio fiscal”.

El 23 de enero de 2010, cinco años y 19 días después de su designación, la juez alteña Jenny Prado dispuso que Gutiérrez Roque sea detenido preventivamente en el penal de San Pedro.

Antes de escuchar la decisión de la juez, Gutiérrez Roque fue aprehendido dos días antes en el hospital Psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud, donde se había internado 14 días antes aquejado por un cuadro de depresión, angustia e insomnio.

Los fiscales Mirna Arancibia y Weymar Guzmán lo imputaron por la presunta comisión de los delitos de concusión, extorsión y uso indebido de influencias, los indicios en su contra fueron abrumadores.

Trayectoria sinuosa

Cuando el futuro fiscal se graduaba del colegio Hugo Dávila, en 1980, corrían los días de la dictadura de Luis García Meza. El Servicio Especial de Seguridad (SES), formado por Luis Arce Gómez, necesitaba jóvenes informantes.

Gutiérrez Roque pasó a ser parte del equipo represivo, extremo que el 1 de julio de 2006 fue confirmado por la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien hizo público un reporte de la Policía Nacional.

El informe daba cuenta de que fue funcionario de la Dirección de Investigación Nacional (DIN), con el ítem 0013 de investigador o auxiliar de oficina “con capacidad de desempeñar lo que ordene la superioridad”.

Infiltrarse en organizaciones populares y denunciar a sus líderes eran las tareas que se le encomendaba.

Años después, se inscribió en la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y el 29 de septiembre de 1992 obtuvo su título de abogado en provisión nacional.

Uno de sus compañeros lo recuerda como un alumno “del montón”, que preparaba meticulosamente sus ayuda memoria para usarlas subrepticiamente en los exámenes.

Fue parte del Centro de Estudiantes, cuyos dirigentes podían acceder a kárdex con la posibilidad de alterar notas. En aquellos años, ese centro era manejado por los dirigentes trotskistas del Partido Obrero Revolucionario (POR).

De informante de una dictadura anticomunista a marxista y de allí, en 2004, pasó a ser aliado del MAS.

Las denuncias en su contra derivaron en su primera suspensión decidida por el fiscal general Pedro Gareca Perales, pero todavía contaba con respaldo político.

Las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, concusión, cohecho y otros fueron archivadas. El 26 de septiembre de 2008 reasumió sus funciones y pudo cobrar los haberes que no había percibido mientras estaba suspendido.

Las denuncias continuaron y el sucesor de Gareca Perales, Mario Uribe Melendres, dispuso el 10 de septiembre la intervención del Ministerio Público. Nombró a Fernando Ganam como interventor.

Los recursos legales, recusaciones, sólo demoraron el avance de las indagaciones que llevaron adelante los fiscales Mirna Arancibia y Weymar Guzmán.

El 7 de enero, acorralado por las 23 denuncias, 16 de ellas elaboradas por sus propios colegas, se refugió en el mencionado centro psiquiátrico. Hasta ese momento, había agotado todas las “chicanas” posibles, incluso la recusación a todos los fiscales del país, bajo el argumento de que sentían “aversión hacia su persona”.

Luego de 14 días de estadía, el jueves 21 de enero, siete efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz allanaron el Hospital Psiquiátrico y aprehendieron a Gutiérrez Roque. Ahora espera ser internado en el penal de San Pedro.

De día Gutiérrez permanecía en sala común y por la noche se aislaba.

Crónica de 2 semanas en un manicomio

Entre el 7 y el 21 de enero (14 días), el ex fiscal Jorge Gutiérrez Roque fue uno de los alojados de la tercera planta del Hospital Psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud, bajo la atención de un grupo de especialistas dirigido por Carlos Jiménez.

Recibió, según el facultativo, “un tratamiento con base en antidepresivos y ansiolíticos porque, por todas las situaciones que son de dominio público, ha resultado afectado. Presentó importantes síntomas de ansiedad, de depresión (que es resultado del) temor y la inquietud que siente porque algo malo pueda sucederle, porque es consciente de todas las dificultades y problemas que está atravesando. Tiene temor de lo que vaya a sucederle más adelante”.

Los síntomas, dijo, nunca derivaron en agresividad. “Descarto total y completamente algunas cosas que se dijeron. Él no está loco ni cosa parecida. Tampoco es agresivo ni violento”. Por solicitud propia, fue llevado al área de cuidados especiales, cuyas habitaciones son acolchadas y con calefacción. “No quería tener contacto con otras personas. Es una persona pública. Él decía que todos le preguntarían cosas y no quiero relacionarme con otros pacientes. Nosotros accedimos”.

De día, Gutiérrez Roque compartía las horas con los otros internados y por las noches, permanecía en el área de cuidados especiales, donde cada habitación tiene las paredes acolchadas y calefacción.

El personal paramédico lo calificó como un buen paciente, que no causó problemas, aunque su presencia atrajo la atención de abogados, periodistas, policías y turbó la normalidad general.

Pero dos semanas después de ser admitido en ese nosocomio fue dado de alta.

Para ser internado, la ex autoridad se sometió a una revisión médica en un consultorio de la Caja Nacional de Salud (CNS), cuyo responsable, al no encontrar una afección física, derivó al paciente al área de Psiquiatría.