Dos visiones sobre la distribución de los recursos.
El ministro de Autonomías participa del “Encuentro Nacional Municipal sobre el Pacto Fiscal”.EL DEBER, Santa CruzEl Gobierno central no tiene prisa y la Gobernación de Santa Cruz cree que no hay tiempo que perder. Desde La Paz el discurso, la orden, es mantener la calma. Desde las oficinas que dan la espalda al Tahuichi Aguilera, la percepción es que la única forma de mantener el nivel de inversión actual es a través de créditos y que -si se pierde más tiempo- puede que el dinero no alcance ni para pagar las contrapartes.Son dos visiones, la calma absoluta y el anuncio de tormenta perfecta. Son Hugo Siles, el ministro de Autonomías que les exige a los autónomos volverse grandes y mantenerse solos; y José Luis Parada, el asesor general de la Gobernación cruceña, que le dice al padre central que deje de gastar en proyectos que tal vez no van a ninguna parte.Hace dos años, el gobernador cruceño Rubén Costas puso sobre el mantel una propuesta difícil de aceptar para el Ejecutivo: ceder el 25% de la coparticipación tributaria para que las gobernaciones dejen de ser simbólicas y acumulen cierto poder desde las regiones, para que tengan la posibilidad de hacer proyectos sin tener que ir a tocar las puertas de Palacio Quemado o de algún ministerio cuando los sueños de desarrollo suman ceros a la derecha de los números enteros.La respuesta del Ejecutivo fue una metodología del pacto fiscal que incluía cinco etapas, y que solo la cuarta y la quinta iban a los bifes, a la plata.Desde la plaza Murillo de La Paz se tiene la impresión de que todos los hijos del Estado Plurinacional se quieren ir a vivir solos, pero ninguno tiene ni siquiera para pagar su renta, menos los estudios, la salud o los gastos de alimentación. Es fácil demostrarlo: de cada Bs 100 que se recaudan en el país, 95 son captados por el Gobierno central, casi cinco llegan a través de los cobros de impuestos y patentes de las 339 alcaldías y casi nada es recogido por las cinco gobernaciones.Eso sí. cuando hay que repartir los 100, 88 se quedan en el bolsillo del presidente y 12 son repartidos entre los 348 hijos. Desde Palacio Quemado se pagan las cuentas grandes -personal de salud, educación, policías y militares- y desde las regiones se tiene que administrar lo urgente.“Mientras hubo plata cada cual se arregló con lo suyo, ¿pero ahora?”, se pregunta Parada. “Hay que generar los propios recursos. Las Asambleas tienen que dejar de dictar leyes declarativas”, responde Siles.Para el ministro no es momento de hablar de porcentajes y no se aceptará que se cambien ni la política económica, el plan nacional de desarrollo o el plan de Gobierno del MAS.“En octubre, el 61% del pueblo votó por este plan”, recuerda. Añade que el objetivo del pacto fiscal es acabar con la pobreza en Bolivia. Parada está de acuerdo, pero suma otra variable más: crear las condiciones necesarias para que el crecimiento económico continúe.“No puede ser que Potosí, tras nueve años de precios altos, siga reclamando lo mismo, con 70% de pobres”, dice Parada, que recuerda que ese 70% significan 500.000 personas, la misma cantidad de pobres que tiene Santa Cruz.Mientras Siles y Parada cavan trincheras, Bolivia recibirá $us 2.500 millones menos de lo que esperaba en 2015. Nadie sabe aún cuánto afectará al bolsillo del pobre, sea que este viva en Potosí o Santa Cruz