El asunto le ha caído al Gobierno como anillo al dedo, puesto que ha podido imponer con su medida un aparente criterio de equilibrio y justicia.
Editorial eldia.com.bo
La declaración de libre transmisión televisiva y radial de las manifestaciones artísticas y culturales, incluidas las que derivan del Carnaval, por parte del Ministerio de Culturas a través de un decreto supremo, ha sido una especie de baldazo de agua fría para algunos y una medida acertada y necesaria para otros. Por una parte, el Decreto N° 412 ha puesto fin a una innecesaria y encarnizada disputa por la transmisión exclusiva del Carnaval de Santa Cruz, y que incluso ha enfrentado a comparsas y directivos de mala manera. En este caso, se podía llegar a buenos acuerdos si hubiera mediado amplitud de criterio y espíritu de desprendimiento y no lo contrario.
La dura medida ha llegado también al Carnaval de Oruro que, por efecto de la prohibición ministerial, dejará de percibir ingresos económicos que les caía de perillas especialmente a los pequeños grupos participantes. En Santa Cruz el decreto ha significado que la Asociación de Comparsas Carnavaleras Cruceñas pierda la friolera de 30 mil dólares de un ingreso dirigido a la mejor organización del Corso y otras necesidades varias. Esto quiere decir que los comparseros y los grupos folclóricos tendrán que ingeniárselas para conseguir el dinero que tenían asegurado con el auspicio de las empresas y los medios televisivos de mayor presencia y solvencia en el país.
En el fondo, la medida gubernamental tiene el matiz y la esencia política que era de esperarse. Como pescando en río revuelto, el oficialismo ha intervenido poniendo su sello apenas ha visto la oportunidad. Esta suerte de intervención estatal ha generados opiniones encontradas. Por una parte, la medida ha sido aplaudida en Santa Cruz por aquellos que ven en el Decreto N° 412 un espíritu democratizador. Son varias las voces que creen la prohibición de contratos de exclusividad con medios o empresas pone fin a los abusos de quienes se hicieron dueños del Carnaval sin preguntar a nadie. De manera paralela, hay quienes consideran que ahora el Estado debe apoyar con recursos.
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Resulta obvio que el asunto tiene dos facetas distintas. La primera es el festejo popular del Carnaval como parte de la idiosincrasia cruceña, que por el asunto de relaciones inadecuadas internas obligará a la Asociación de Comparsas a replantear las relaciones entre sus asociados y el municipio, sin perder de vista que nada será igual, de aquí en adelante. Es diferente la faceta orureña, pero también signada por el patrocinio de la exclusividad que aporta recursos nada desdeñables. El hecho que el Carnaval de Oruro sea patrimonio intangible de la Humanidad, obliga a la difusión y transmisión televisiva y radial sin restricciones.
Es probable que el común denominador de los contratos de exclusividad, tanto en Santa Cruz como en Oruro, que favorecían a unos y perjudicaban a otros, haya servido como catapulta para que el Ministerio de Culturas se decida a actuar. El asunto le ha caído como anillo al dedo al Gobierno, puesto que ha podido imponer con su medida un aparente criterio de equilibrio y justicia ante propios y extraños, mientras que su actitud intervencionista sólo ha podido ser percibida por quienes saben que los dislates han sido provocado por propios y no por extraños. Si se mira bien, todo apunta a que hubo una de cal y otra de arena.